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Con más perjuicios que beneficios sociales

Por Ricardo Esteves * 

Publicado en Clarín.

El nuevo impuesto a la riqueza es confiscatorio y tendrá consecuencias nefastas para el país. La esencia de los sistemas impositivos en el mundo consiste en que afectan a una parte de los ingresos de las empresas o las personas, pero no a todos sus ingresos, menos aún a su base de capital.

Desde la época feudal, el tributo era concebido como una parte de la cosecha (nunca toda la cosecha) para garantizar el equilibrio productivo y la paz social.

El sistema impositivo argentino es demencial, ya que ha ido acumulando solapadamente gravámenes absurdos, como el impuesto al cheque, las retenciones o el impuesto a los bienes personales, que pudo en su momento implantarse como un tributo de excepción, cuando no debería existir estando vigente el impuesto a las ganancias (o se gravan las utilidades o se gravan los patrimonios, nunca ambos).

Bienes personales no se puede entender fuera del contexto en que fue implantado: en 1991, luego del rebote hiperinflacionario del comienzo de la gestión de Menem, aplicado por un gobierno peronista ante una emergencia y con la sociedad sensibilizada por haber vivido la hiperinflación.

Quedó enquistado en la estructura impositiva en base a tasas nominalmente bajas, que mientras se mantuvieron en esos niveles disimularon su perniciosa existencia.

Cuando las tasas se elevaron a finales del año pasado con el nuevo gobierno, la vigencia del impuesto se volvió patética para los contribuyentes y nefasta para el país: amedrentó a la clase empresaria y desató una estampida migratoria de grandes contribuyentes que reducirá la base de aportantes fiscales.

En este contexto y al margen de sus inconsistencias legales, se plantea este nuevo impuesto -que no es más que una superposición a bienes personales- que en caso de tener éxito en su fin recaudatorio no cubriría más que la décima parte del agujero fiscal de este año, pero que tendrá consecuencias muy negativas para el sistema productivo, desalentando la inversión y el empleo.

La tasa de inversión bruta en Argentina está en niveles tan bajos que no alcanza a cubrir el mantenimiento del stock de bienes de la sociedad, es decir, globalmente el país está en un proceso de descapitalización. Para colmo, se pretende aplicar un impuesto que ninguna renta habitual puede cubrir, donde los aportantes deberán realizar parte de su patrimonio para sufragarlo, lo que lo torna confiscatorio.

Tampoco ese impuesto puede menearse en la opinión pública en torno a eslóganes humanistas como “los que más tienen bien pueden aportar para los más pobres”, sin dar primacía a las consecuencias negativas que ese gravamen tendrá sobre la economía y sobre los más pobres.

¿Qué perspectiva pueden hacerse los contribuyentes que serán alcanzados por el impuesto que abrumados por tantas otras cargas tributarias ven que el país, en medio de las penurias fiscales se apresta a rifar más de mil cargos judiciales de alta remuneración, se lanza a otorgar nuevas jubilaciones sin aportes y desparrama asignaciones por doquier? Tampoco se puede apelar a la solidaridad, ya que sin considerar el IVA que paga cualquier argentino en cuanto consumidor, no hay que olvidar de que a quien va dirigido este impuesto ya tributó este año bienes personales a las tasas acrecentadas, ganancias (y retenciones si es productor agropecuario), a los débitos bancarios cada vez que emitió un cheque, ingresos brutos en cada factura, impuesto inmobiliario sobre las propiedades, aportes patronales en cada pago a su personal en dependencia... y un anticipo de las ganancias del 2021 que no tiene idea si las tendrá.

* El autor es empresario y licenciado en Ciencias Políticas.

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