Como parte de la misma esfera, dos polos comenzaron a atraerse para romper algo dentro del oficialismo nacional: planes o Salario Básico Universal. El primero ligado a las organizaciones sociales y políticas que representan el sostén de Alberto Fernández, el segundo vinculado a su vicepresidenta y principal contendiente, Cristina Fernández de Kirchner.
Acapara el debate esta disyuntiva y envuelve los análisis internos de cómo seguir generando melodías que lleguen a los oídos de la gente antes que cualquier otra discusión.
Pero queda por preguntarse, del trabajo genuino, ¿cuándo se hablará?
Una columna firmada ayer por Ignacio Miri en Clarín, da cuenta en detalle de la situación que atraviesa la vacua discusión que acapara la mayor parte del tiempo en la gestión del Frente de Todos y queda una conclusión: todo lleva estampado el signo peso.
“En diciembre, pocas semanas después de la paliza electoral que le dio la oposición, del agravamiento de la fractura en el oficialismo y de lo que la Casa Rosada entendió como un cambio de ciclo en las políticas sociales, el Gobierno implementó dos medidas que cambiaron el clima de la relación con las organizaciones sociales: cerró el padrón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo —la principal vía de financiamiento de esas organizaciones— y abrió la posibilidad de que las personas inscriptas en ese programa pudieran salir de la estructura que los contenía para recibir ese plan, técnicamente llamadas Unidades Ejecutoras, y migrar hacia otra estructura sin perder ese beneficio”, dice Miri.
Y sigue: “Hasta este mes, un 13 % de los beneficiarios había pedido migrar desde una unidad ejecutora hacia otra y Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, cree que esa cifra podría multiplicarse si el Gobierno arma una campaña publicitaria para difundir la posibilidad de llevarse el plan hacia otro lado. Con 1.271.215 beneficiarios, ese plan social es el territorio de disputa más grande entre las diferentes instancias del Estado y las organizaciones sociales: otros beneficios, como la Asignación Universal por Hijo o la Pensión Única para los Adultos Mayores se distribuyen de manera directa, sin intervención de intermediarios”.
“La idea del Gobierno es que ese programa quede congelado y que incluso vaya perdiendo beneficiarios a través de los cruces con las bases de datos de la Afip, la Anses, los registros automotores y de la propiedad. Cada mes, se dan de baja unas seis mil personas, que dejan de recibir el Potenciar Trabajo porque de algunas de esas bases surge que consiguieron trabajo, que compraron un auto de menos de diez años o que compraron una propiedad, entre otras novedades que los corren del padrón]”.
“El principal contendiente de ese plan eran las organizaciones de la izquierda clasista reunidas en el Bloque de Unidad Piquetera. Eso cambió esta semana, cuando Cristina Kirchner le declaró la guerra a ese mismo programa del Ministerio de Desarrollo Social, pero poniendo como enemigo al Movimiento Evita, el principal apoyo callejero que tiene hoy el presidente Alberto Fernández”.
“Cristina no quiere disciplinar a los piqueteros de izquierda: lo que propone —hasta ahora en privado— es la eliminación de todos los planes sociales y el reemplazo por un Salario Básico Universal (SBU) que elimine cualquier clase de intermediación entre el beneficiario y el Estado. Su plan es partir del padrón de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y alcanzar con el Salario Básico al menos a quienes recibieron la IFE durante la pandemia. Tomando como base una idea de Juan Grabois, Cristina quiere que 7,5 millones de personas reciban cada mes el equivalente a la canasta de indigencia, valuada en casi 14.000 pesos”.
“Cristina, incluso, quiere que la AUH siga existiendo y conviva con el SBU, pero que se elimine toda la familia de planes sociales del Gobierno nacional como el Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y el Argentina Hace. Para decirlo de otra manera: su idea es quitarle sostén a todas las organizaciones sociales, especialmente al Movimiento Evita”.
“En el Gobierno adelantan que el Estado no tiene manera de conseguir financiamiento para un plan de esas características. Martín Guzmán ya le dijo a Zabaleta a finales del año pasado que una idea de ese estilo no tiene financiamiento posible”.
Preguntarse por un impulso genuino al empleo de calidad es inevitable y casi una obligación trasladarlo a quienes toman decisiones.
