Se reanudó ayer el juicio al juez de Mendoza Walter Bento a quien, junto a otros 32 imputados, entre los que están su esposa y sus hijos, un jefe policial, abogados, despachantes de aduanas, narcotraficantes y contrabandistas se los acusa por coimas.
El fiscal Dante Vega, quien realizó la investigación contra el magistrado de enorme poder porque también tenía competencia electoral, dijo que mientras Bento siga en libertad “la banda delictiva está activa”. E insistió en que "existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la prueba".
En paralelo, el Consejo de la Magistratura tiene 180 días hábiles para resolver si destituye a Bento y, si esto ocurre, perdería sus fueros. Por ahora y desde el 31 de mayo pasado, Bento está suspendido y ha dejado de cobrar su salario.
Si Bento es destituido por el jury de enjuiciamiento, irá preso. Por eso el fiscal ha hecho cinco presentaciones argumentando la posibilidad de fuga.
Vega aseguró: "Parece haber algo de ficción, pero nosotros ya venimos planteando desde el comienzo de esta causa, cuando el juez federal de San Rafael lo imputó a Bento por la comisión de estos graves delitos, la posibilidad de que este magistrado se de la fuga porque cuenta con medios económicos para ello, porque la imputación es muy grave y porque en su conducta en el proceso -antes de ser imputado y luego de de serlo- ha sido altamente perturbadora".
La causa sostiene que la mano derecha del juez era el asesinado despachante de aduana Diego Aliaga, "Era el enlace y organizador de los delitos y bajaba línea de cómo hacer frente a diferentes situaciones".
Este jueves se revelaron las pruebas que comprometen a suspendido juez federal con el cobro de coimas. A los 33 procesados, 11 de ellos detenidos, se los acusa de integrar una organización.
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