El sitio especializado Valor Carne explicó que, aunque el anuncio de Estados Unidos de ampliar la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel diferenciado sigue generando expectativas, el incremento del cupo enfrenta un obstáculo central: el Poder Ejecutivo norteamericano carece de atribuciones para implementarlo sin aval del Congreso. Con un clima político adverso, la concreción podría postergarse más de lo previsto. El reciente ejemplo de Gran Bretaña.
La nueva cuota de carne vacuna de la Argentina en el mercado estadounidense -que aumentaría de las 20 mil t concedidas en 1994, al finalizar la Rueda Uruguay del entonces GATT, al nuevo nivel de 80 mil t- será algo importante para el país y, desde ya, para el sector. Visto del otro lado, representará muy poca cosa para el enorme mercado norteamericano, que mueve 12 millones de toneladas al año.
Pero mientras muchos actores dan por descontado que la nueva cuota negociada recientemente entre ambos gobiernos ya está vigente o, al menos, firmada, la realidad dista de eso.
El Poder Ejecutivo de Estados Unidos no tiene atribuciones legales para aumentar tales cuotas; necesita del respaldo de Congreso, vía una ley.
Hace casi seis meses, en el acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y Gran Bretaña -el primero posterior al “Día de la Liberación”, cuando Trump anunció un aumento generalizado de aranceles no visto en casi cien años-, el gobierno norteamericano comunicó la creación de una cuota de 13 mil t para la carne británica que, se explicó, saldrían de la destinada a terceros países, de 65 mil t, que últimamente usufructúan Brasil, primariamente, y Paraguay.
En todo este tiempo, la promesa no se pudo implementar por las trabas legales mencionadas. Y eso que no se trataba de un aumento del total sino de una transferencia de cuotas que, por otra parte, podría ser objetada por los beneficiarios preexistentes ante la OMC.
En este caso, la cuota para terceros países, de la que quedarían 52 mil t por año, ni siquiera alcanzaría para cumplir con la Argentina.
Sancionarla a través de una ley, con todos los reclamos actuales de legisladores, inclusive de partidarios del presidente, contra la ayuda financiera a la Argentina y de dirigentes del sector agropecuario por este tema y por las declaraciones favorables a bajar el muy alto precio interno, parece difícil en la coyuntura.
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