Docente de Derecho Constitucional en la UBA
y de Derechos Humanos en la UP.
Publicado en Infobae
En este último tiempo, desde distintos sectores reclaman que el Congreso de la Nación tiene que funcionar en plenitud. En la actualidad, el Parlamento está con “trabajo conectado remoto”, además de reuniones bajo la modalidad de videoconferencia. Así, el profesor Andrés Gil Dominguez plantea que “el Reglamento de las Cámaras genera dudas razonables sobre la habilitación de las sesiones digitales, lo cual podría impactar seriamente en la validez formal de las normas sancionadas”, sosteniendo que tal situación conlleva que muchos congresistas no podrán participar en el recinto o en otro lugar, por estar incluidos en los grupos de riesgo y por problemas del transporte de quienes residen en provincias lejanas, cuestión que debe ser tenida en cuenta al momento de resolver el funcionamiento de ambas cámaras.
Todos vamos a estar de acuerdo en que el Congreso de la Nación tiene en estos momentos, tal vez más que nunca, un rol esencial: es el órgano deliberativo por antonomasia, es quien lleva a cabo el control, y principalmente con el debate robustece el sistema democrático, las distintas voces en este ámbito permiten hacer más fuerte y profundizan las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, para construir un lugar donde las políticas de Estado son definidas por todos, y enriquecen a nuestra democracia.
Por lo expuesto, creemos que podemos pensar en distintas alternativas para sortear esta judicialización del Reglamento y buscar soluciones a las sesiones digitales. En esta línea argumental, una de las posibilidades es que los presidentes de ambas Cámaras y la “Comisión de Labor Parlamentaria” resuelvan algunas cuestiones sobre el funcionamiento y modificación del Reglamento. Es interesante lo resuelto por la Legislatura de Córdoba en el Decreto Presidencial 054/20, momento en que la Comisión de Labor de aquella provincia declaró al cuerpo en sesión permanente, “autorizando a citar reuniones y sesiones plenarias...”, donde se dispone que se podrá sesionar válidamente sin presencia física de los legisladores en el recinto, cuestión asimilable a lo expresado en los Reglamentos de Diputados y Senado Nacional (Art. 14 Rcdn y Art. 30 Rcdn).
El artículo 58 del Reglamento de Diputados de la Nación observa que la “Comisión de Labor” está integrada por el presidente de la Cámara, los vicepresidentes y presidentes de los bloques, o quienes los reemplacen, y el artículo 59 del mismo cuerpo legal establece dentro de sus funciones “...Informarse del estado de los asuntos en las comisiones y promover las medidas prácticas para la agilización de los debates en las comisiones y en el recinto” y “determinar las formas de votación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192”; el Reglamento del Senado de la Nación en su artículo 57, en el mismo sentido que Diputados, establece: “Son funciones del plenario (...) promover medidas prácticas para la agilización de los debates y proponer aquellas medidas que conduzcan a un mejor funcionamiento del cuerpo”. Así, un acuerdo político de todos los sectores permitiría encontrar una solución a este entuerto, estableciendo que las decisiones tomadas serán ad referendum del cuerpo, como hizo el Senado de la provincia de Mendoza mediante resolución 93/20.
En definitiva, el Congreso de la Nación actualmente está abierto, existen argumentos suficientes para entender que dentro del Reglamento de ambas cámaras están las respuestas a las dudas planteadas, entendiendo que no existiría duda alguna para llevar a cabo sesiones digitales y no impactaría en la validez de la norma. Por ello, no resulta necesario recurrir a otro poder del Estado para encontrar soluciones.
El Legislativo es el ámbito donde se escuchan todas las voces y, como dijo el diputado Mario Negri, “es importante entender que los márgenes se achican cuando se escucha al otro”.
Esta situación de pandemia obliga a todos los sectores a llegar a acuerdos políticos y, el Congreso de la Nación es el lugar.
