Revelan operaciones de espionaje ilegal contra dos correntinos

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió a comienzos del 2019 un centenar de comunicaciones de abogados que mantenían contacto con sus defendidos, la mayoría, exfuncionarios kirchneristas y empresarios, detenidos en el módulo  del penal de Ezeiza. Entre los espiados hay dos correntinos: los exintendentes,  “Roger” Teran y Juan Manuel Faraone.

Terán fue intendente de Itatí y Faraone de Empedrado, y desde la provincia de Corrientes fueron trasladados a Ezeiza, donde compartieron detención con ex funcionarios nacionales y empresarios que fueron llevados ante la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, a cuya gestión en la AFI se apuntan ahora las operaciones de espionaje ilegal debido a escuchas realizadas en las comunicaciones con sus abogados.

Escuchas

La sospecha estuvo presente desde que se conoció el capítulo del espionaje penitenciario en la causa que se originó en Lomas de Zamora, con los “Super Mario Bros”. Pero ahora se conoce que desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la central de espías que comandaba Juan Sebastián De Stefano, además de recopilar cientos de horas de conversaciones grabadas en cada llamado desde los teléfonos de los módulos donde estaban alojados en prisión preventiva- se desgrabaron las conversaciones que mantenían los presos con sus defensores.

La confirmación provino el 5 de octubre pasado desde de otro expediente: el denominado “Operativo Puf”, donde, a través de la denuncia de una supuesta confabulación para sabotear la causa “cuadernos”, en realidad se buscaba contrarrestar el impacto del caso D’Alessio que había estallado en Dolores respecto del fiscal Carlos Stornelli. Sin embargo, en las múltiples escuchas que fueron filtradas y cuyas transcripciones circularon (aun sin soporte de audio), y que motivaron aquella denuncia, no aparecía que también hubiese registros de conversaciones que los detenidos mantenían con sus abogados, algo que es celosamente resguardado por el privilegio abogado-cliente, en cualquier Estado de Derecho.

De la confirmación judicial no solo se desprende que aquellas escuchas existieron, que la mayor parte fue transcripta de manera íntegra, sino que la AFI solo no desconocía que se trataba de abogados, sino que en las desgrabaciones buscó identificarlos con nombre, apellido o referencias concretas de su rol con el detenido sobre el que informaban. 

Existen 109 conversaciones registradas sobre casi medio centenar de imputados, que en algunos casos alcanzaban a más de un abogado o integrantes de los estudios. Eso explica que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sea querellante y presentaciones efectuadas por la Defensoría General ya que el espionaje alcanzó a defensores oficiales.

Es la primera vez que la prueba está sustentada en la propia actividad documentada de la agencia que comandaba Gustavo Arribas.