El intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, intimó al concejal Carlos Rubín a que presente pruebas en la Justicia para demostrar el presunto delito que le habría atribuido en una publicación de Facebook. Ante ese requerimiento, que incluía una advertencia de que iniciaría acciones legales, el actual edil redobló la apuesta: también a través de una carta documento ratificó su denuncia sobre la supuesta anomalía en la vacunación contra el covid-19 e incorporó otros planteos.
“Me dirijo a usted a los efectos de intimarle a que en el plazo de 48 horas aporte ante la Justicia Penal las pruebas que apoyen la afirmación por usted formulada en sus redes sociales (Facebook), en el sentido de que ha sostenido que mi persona y en mi carácter de intendente de Curuzú Cuatiá he desarrollado conductas ilegales vinculadas a la distribución y adjudicación de turnos para la aplicación de vacunas en el marco de la campaña de inmunización (covid-19) desplegada por el Ministerio de Salud Pública”, expresó Irigoyen en el primer párrafo de la carta documento que días atrás envió a Rubín.
En el escrito luego argumentó que si bien no sería la primera vez que el edil genera rumores falsos para afectarlo, esta vez decidió judicializar el caso porque “me atribuye una conducta ilegal y absolutamente reñida con los más mínimos estándares de sensibilidad social”.
Por lo que, en el tramo final de la carta documento, el jefe comunal advirtió al edil que en caso de que no presentara pruebas, “promoveré las acciones correspondientes por calumnias, injurias, daños y perjuicios”.
Respuesta
“No es mi intención judicializar el caso. Quiero, al igual que muchos curuzucuateños, que aparezcan los responsables de que vacunaran a personas a las que todavía no les correspondía. Tal como sucedió en enero, semanas atrás —a través de las redes sociales y por WhatsApp— circularon imágenes de pobladores que fueron inmunizados pese a que todavía no era su turno”, expresó a El Litoral Rubín, quien además fue intendente de esa ciudad y diputado, tanto provincial como nacional. En este contexto, añadió que “hasta ahora lo único que hay oficialmente sobre el caso es un video de la directora del hospital que indicó que se investigaría lo sucedido, y otro de él, en el cual manifiesta que no tuvo ninguna responsabilidad”.
Pero eso en la carta documento a través de la cual respondió al intendente, Rubín expresó: “Ratifico que usted es responsable por no impulsar las investigaciones ni formular las denuncias por las ilegales vacunaciones (covid-19) ocurridas en enero y mayo 2021, de las que tomó conocimiento como titular del Comité de Crisis”. En base a eso, el concejal consideró que el jefe comunal incurrió en un presunto encubrimiento.
Pero, además, Rubín ratificó otras denuncias contra Irigoyen y lo intimó a que en un plazo de 48 horas “cumpla con la obligación de publicar sus bienes”.
“En mi caso informé de manera pública mi declaración jurada, tal como establece la Constitución provincial”, concluyó el concejal curuzucuateño.
