Por Eduardo Ledesma Pregunta
Versión gráfica: Belén Da Costa
En el episodio 26 de Eduardo Ledesma Pregunta, hablé con Patricio Sabadini. Abogado con sólida formación en Derecho Penal y estudios de posgrado en España, Alemania y Brasil, es actualmente Fiscal Federal en Resistencia. Su perfil combina experiencia práctica en la función pública con una destacada trayectoria académica e investigadora en criminalidad económica, corrupción, derechos humanos, terrorismo y justicia penal internacional.
En este episodio habla del rol de un fiscal federal, del reclamo social por más justicia, los juicios por la verdad en derechos humanos, de la criminalidad económica, del impacto de la inteligencia artificial en el derecho y de política. Una conversación profunda sobre justicia, memoria y futuro.
Más allá del currículum, ¿quién es Patricio Sabadini?
Soy hijo de una madre muy laburante, que se recibió de abogada de grande y me dio como herencia la posibilidad de estudiar en la Universidad de la Cuenca del Plata, donde hoy también soy docente. Siempre intenté proponerme metas; algunas se cumplieron, otras no, pero eso no conspiró contra el avance. Quizás lo pendiente es disfrutar más el paisaje, y eso ya es objeto de terapia.
Para entrar en la coyuntura, ¿cuál es el trabajo de un fiscal federal?
El fiscal representa los intereses de la generalidad en un proceso penal. En el fuero federal la competencia es más acotada que en el provincial: delitos complejos, criminalidad organizada, narcotráfico, lavado de dinero, secuestros extorsivos, cuestiones tributarias. Es un fuero de excepción.
¿Cómo percibe la sociedad al sistema judicial y cómo impacta en su trabajo?
La percepción es muy negativa. Es un desafío para nosotros porque formamos parte del sistema. En un sistema donde representamos a la generalidad, estamos a contramano de lo que la sociedad espera de nosotros. Si la ciudadanía pudiera elegir cada tanto a fiscales o jueces, probablemente habría otra mirada. Lo cierto es que hay frustración porque no damos respuestas. Eso no significa que la elección directa sea la solución, pero el desafío está ahí.
¿Y dentro del mundo del derecho se discute esto?
Sí, ancestralmente. Lo ideal sería una relación más íntima entre la academia y la función judicial. Una buena formación académica reduce el margen de arbitrariedad en las decisiones. En definitiva, gestionamos el dolor social: decisiones que involucran la libertad de las personas.
En la calle se percibe frustración frente a lo que se llama “puerta giratoria”. ¿Qué responde a ese reclamo?
Después del ataque a las Torres Gemelas, Occidente adoptó un derecho penal simbólico: aumento desproporcionado de penas. Pero la realidad a través de los índices demostró que no es la solución. El derecho penal siempre llega tarde: cuando la copa se rompió, no la restaura. No previene el delito y las penas no asustan a nadie. El delincuente no consulta el código antes de cometerlo. Es necesario un abordaje mucho más integral.
Participaste en juicios vinculados a los derechos humanos, como el de la masacre de Napalpí. ¿Qué significó ese juicio por la verdad?
Lo central fue poner claro sobre oscuro lo que ocurrió. Son juicios por la verdad que buscan reparación histórica, en este caso a comunidades originarias. Sin memoria, no hay futuro. Es una brújula para saber hacia dónde queremos ir.
¿Por qué es relevante seguir con juicios por la verdad en contextos de negacionismo?
Esa es una pregunta más política que jurídica. Los juicios por la verdad por ahí chocan mucho con los desafíos de hoy en un sistema de justicia que está colapsado. Por eso yo creo que es doble mérito: llegar a la verdad y al mismo tiempo intentar responder a los desafíos actuales con recursos limitados. Porque sin replantearse el pasado el camino es al abismo.
¿Y qué pasa con la criminalidad en el ámbito empresarial y la cuestión jurídica? Me da la sensación de que muchas veces no son considerados delincuentes como sí sucede más fácilmente con sectores populares, por ejemplo, con los motochorros.
Es una muy buena pregunta porque eso tiene que ver más con la dañosidad social del delito. El delito convencional del robo o un homicidio en ocasión de robo, por ejemplo, impacta más en la sociedad porque es mucho más transparente. Sin embargo, aunque no parezca, los delitos de lavado de dinero que no tienen un impacto estrepitoso en la sociedad -salvo algunas excepciones- es más gravoso.
En estos casos, hay mayor dañosidad social que en los delitos convencionales porque estamos hablando del robo de un dinero que no es destinado, por ejemplo, a escuelas, hospitales, patrulleros, etc. Además, es dinero que podría servir para trazar políticas como prevención primaria del delito para esos sectores sociales.
Claro, es dinero que falta para resolver eso otro.
Claro. Sin disminuir el impacto que puede ocurrir en la criminalidad callejera, sobre todo en las víctimas y su círculo cercano. Pero el daño de estos delitos es mucho mayor. Y depende de nosotros demostrar cuánto es el impacto de la criminalidad no convencional.
En la región, ¿qué delitos predominan?
Argentina sigue siendo un país de paso para el narcotráfico, con una lógica económica global. Sin disminuir el perjuicio que las esquirlas pueden dejar en la sociedad o en la criminalidad estos hechos. Casi siempre tiene que ver con los cárteles por una determinada zona no en términos de menudeo, como el caso de Rosario. También, hay investigaciones de lavado vinculadas a delitos funcionales o de corrupción. No siempre son casos espectaculares, pero tienen impacto real.
Uno de los casos más resonantes que te tocó abordar fue el de un pastor que decía convertir pesos en dólares. ¿Este es un caso testigo o hay casos así parecidos y que no tienen por ahí la trascendencia mediática porque en este hubo condimentos como la visita del Presidente y que era un pastor reconocido?
Mucho no puedo decir de este caso pero sí, no es la primera vez que me toca algo con ingredientes mágicos. En principio, la visita del Presidente es indiferente a esto porque acá analizamos otra cuestión. En particular, tengo respeto por las religiones, pero cuando una cuestión de fe se transforma en una justificación de bienes o dinero, ya entra en el ámbito penal. Imagínese si cualquiera pudiera alegar milagros para justificar patrimonio: sería un colapso del sistema. Yo como fiscal tengo que basarme en la ciencia. Y me tocará preguntarle a la persona involucrada: “Acá tiene 100 mil pesos y quiero que me los convierta en dólares”. Si los convierte en dólares yo personalmente voy a pedir perdón a la iglesia por todo el mundo ante esta situación. Si él me demuestra que puede hacerlo por una cuestión de fe, estaré atento a eso, porque imagínese el impacto global que tendría.
La fiscalía de Resistencia lleva adelante causas de alto impacto que involucran a personas con poder político y económico. ¿Cómo convivís con esas reacciones y, en paralelo, con la posibilidad de que tu nombre suene como candidato político en el futuro?
Investigar causas de alto impacto genera reacciones fuertes, sobre todo porque suelen involucrar a personas con visibilidad o poder. En mi caso nunca tuve una custodia permanente; sí atravesé situaciones puntuales en las que se reforzó mi seguridad, pero fueron mínimas. Trato de no vivir con paranoia y de seguir con mi vida normalmente, aunque siempre tomando recaudos.
Lo que me produce ansiedad no es el riesgo en sí, sino la pasión por el trabajo. Me gusta lo que hago en el Ministerio Público Fiscal, y me costaría dejarlo. Pero también me interesa la política, no sólo en términos teóricos sino como práctica de transformación social. Creo que la política atraviesa una etapa inédita, de transición, donde se derrumbaron los manuales tradicionales y se replantea incluso el contrato social.
En ese escenario, si bien no me veo hoy como alguien a quien llamarían de inmediato, no descarto una iniciativa personal en el futuro. Tengo un proyecto de provincia y de sociedad en mente, con agentes nuevos y con la idea de replantear estructuras. No es algo para mañana, pero sí algo que me entusiasma porque amo mi provincia y sé que hay mucho por hacer. Las soluciones, tanto en justicia como en política, siempre son colectivas. Y si la política logra renovarse hacia adentro, tal vez llegue el momento de dar ese paso.
