La Corte Suprema de Justicia le pidió opinión a la Procuración General de la Nación que preside Eduardo Casal para que dictamine si el DNU que suspendió por dos semanas las clases presenciales por el aumento de casos de covid-19 es constitucional o no.
El dictamen, que podría ser firmado por la Procuradora adjunta Laura Monti no es vinculante, es decir que no obliga a la Corte a seguir su temperamento, pero dará lugar también a una lectura política.
El Estado Nacional presentó el lunes sus argumentos legales y epidemiológicos al defender una medida sanitaria dictada por el Presidente de la Nación.
La Procuración del Tesoro realizó la presentación ante la Corte Suprema por el DNU de las clases presenciales y reiteró que el máximo tribunal no sería competente por el estatus de la Ciudad de Buenos Aires. Además, presentaron argumentos epidemiológicos sobre los contagios en las clases.
Mientras tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horario Rodríguez Larreta continúa en desobediencia, acumulando denuncias. La Corte, antes de resolver le giró el expediente por 72 horas al Procurador.
