Debido al historial de expropiaciones y deudas impagas de los últimos gobiernos, en cortes internacionales de justicia se mantienen varias causas abiertas contra la Argentina, con reclamos por indemnizaciones que suman al menos US$18.240 millones.
El caso más conocido es el juicio por la estatización de YPF, que esta semana sumó un nuevo capítulo cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el Estado argentino presente la información que pidieron los fondos demandantes, que buscan cobrar la indemnización de US$16.100 millones que surgió del fallo de primera instancia.
A ese proceso, además, se le suman el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y los pedidos de cobro por la deuda en default de 2001 y por el caso de los bonos cupón PBI.
La Procuración del Tesoro, a cargo de diseñar la estrategia legal de defensa del Estado, está presidida por Rodolfo Barra, quien en el primer año de gestión de Javier Milei mantuvo los lineamientos del gobierno anterior, bajo la representación de los estudios jurídicos Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H).
Según afirma Sebastián Maril, director de la firma Research for Traders, “los juicios abiertos contra el Estado argentino: cupón PBI en Gran Bretaña, por €1732 millones; cupón PBI en Estados Unidos, con dos juicios por US$6000 millones; YPF, por US$17.000 millones; Aerolíneas Argentinas, por US$390 millones; Webuild, con dos juicios por US$60 millones; Bainbridge Fund, por US$95 millones, y Attestor Master, por US$450 millones, donde están embargados los bonos Brady (US$310 millones)”.
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