Una auditoría interna en Pami, la obra social de los jubilados detectó la existencia de un presunto entramado de maniobras irregulares en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se repite en distintas regiones del país. El esquema incluye sobrefacturación, prácticas inexistentes, derivaciones direccionadas y cobros indebidos a jubilados.
La información surge de un informe reciente del mismo organismo, que se suma a investigaciones anteriores ya judicializadas y con sanciones administrativas en curso.
El PAMI había sido objeto recientemente de reclamos por la falta de pago a los prestadores y un paro de 72 horas de los médicos de cabecera, en rechazo a una resolución que elimina la consulta presencial como fuente de ingreso y los incentivos económicos a la formación profesional. El malestar en el organismo generó cortocircuitos en el gabinete entre el ministro de Economía Luis Caputo y Mario Lugones, de Salud.
El relevamiento -que adelantó Infobae- se basó en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, y permitió establecer que no se trata de episodios aislados.
Los mismos patrones se identificaron entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja, además de ciudades como Concordia. En esos puntos se registraron cientos de casos por prestador y una concentración atípica de recetas en determinados profesionales, muy por encima del promedio nacional.
Desde el organismo aseguran que la atención a los jubilados está garantizada y que el objetivo no es recortar prestaciones, sino desarticular los circuitos de fraude. Con sumarios en curso, causas penales abiertas y nuevas auditorías en marcha, el PAMI avanza sobre uno de los esquemas de irregularidades más extendidos detectados en su historia reciente.
La auditoría describe al menos cinco modalidades de desvío. La más extendida es la sobrefacturación de anteojos: se recetaban lentes de baja graduación, correspondientes a módulos de menor valor, pero se facturaban módulos de alta graduación, que pueden costar hasta cinco veces más. Mientras el afiliado recibía un producto básico, PAMI pagaba como si fuera uno premium. En números, un módulo real ronda los $4.941, pero se registraron facturaciones por hasta $27.204.
Otra práctica detectada fue la de las prestaciones fantasma: consultas, estudios de fondo de ojo o topografías que nunca se realizaron.
