¿Qué quieren que haga el gobernador cuando los recursos, según proyecciones presupuestarias aprobadas por la Legislatura a fines del año pasado, están limitados a un ingreso de coparticipación en caída libre? ¿Debería Juan Pablo Valdés cumplir ciegamente con el incremento salarial autoasignado por el Poder Judicial aunque, con esa decisión, ponga en situación de riesgo las finanzas provinciales?
Las preguntas que abren este análisis constituyen la médula de un conflicto de poderes que por estos días ocupa la atención de los máximos estamentos correntinos, con dos derechos controvertidos. Por un lado, la autarquía judicial con su consiguiente intangibilidad salarial. Por el otro, el deber de cuidado con el que actúa el titular del Ejecutivo en base a criterios de orden público enraizados con el principio de responsabilidad fiscal.
En marzo, los jueces del Superior Tribunal acordaron una mejora de haberes que duplicó el porcentaje concedido por el Gobierno al universo de estatales. En vez del 6 por ciento dado por la administración central, los miembros de la judicatura escalaron al 12 por ciento, lo que encendió una luz roja en los tableros del Ministerio de Hacienda.
Las previsiones que trazó el entonces flamante titular del Palacio San Martín, Héctor Grachot, arrojaron un resultado inquietante: en caso de efectivizarse la suba, el presupuesto judicial 2026 se agotaría en agosto del ejercicio fiscal. En esa hipótesis, el Tesoro provincial se vería obligado a remitir partidas extraordinarias a la Justicia, para lo cual debería redireccionar recursos afectados al funcionamiento de otros servicios esenciales. Es decir, desvestir un santo para vestir otro.
La ley es clara en materia de autarquía judicial. Desde ese punto de vista, es una prerrogativa constitucional del Superior Tribunal definir su política salarial en salvaguarda de la tutela judicial efectiva, independiente y libre de condicionamientos económicos. Sin embargo, dado que ningún derecho es absoluto, el límite a la pretensión de los magistrados aparece cuando el aumento deseado se aleja del aumento posible.
La aspiración de los togados correntinos es legítima, pero choca con una realidad fáctica: no hay plata suficiente para que sea sostenible en el tiempo. La realidad recaudatoria así lo indica, a partir de una pronunciada caída de la actividad, el cierre de empresas, la pérdida de empleos estables y el desplome del consumo, lo que redunda en una permanente tendencia a la baja del goteo coparticipable.
Una pretensión divorciada de la realidad fiscal conspira contra el equilibrio financiero de una provincia acostumbrada a la prolijidad administrativa, con una planificación económica que se erigió -a lo largo de los años- en un bien comunitario a custodiar como lo que es: un esquema de salarios caracterizado por la precisión de un reloj suizo, destacado por la certidumbre y la inalterabilidad de una liquidación en tres tiempos: el sueldo propiamente dicho y dos pluses pergeñados para fortalecer la capacidad de compra, con su consiguiente efecto positivo en el circuito comercial vernáculo.
Si los superiores magistrados que firmaron el aumento se mantuvieran en su posición de manera irreductible, estarían empujando al gobernador a vulnerar la tranquilidad financiera que, a pesar de la drástica disminución de recursos que padece el Estado provincial, se conserva puertas adentro de Corrientes como una garantía de paz social.
El primer mandatario tomó consciencia del terreno resbaloso en el que hubiera ingresado en caso de haber accedido mansamente a la disposición de los cortesanos provinciales. Por eso delegó al ministro Grachot en la búsqueda de una instancia de coincidencia con las cabezas judiciales de manera que la medida controversial quedara en suspenso hasta tanto las previsiones presupuestarias permitieran alinear los anhelos con los hechos.
A favor de la lectura política que llevó a Juan Pablo Valdés a poner el pie derecho en el freno, aparecen principios tan o más gravitantes que el de la autarquía judicial. Por ejemplo, el de la solidaridad entre provincias que prescribe la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 2, especialmente en un párrafo que reza textualmente: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.
Si la Ley Fundamental contempla elasticidades y ecuanimidades en relación con los fondos que se destinan a cada provincia, rediscutir coyunturalmente el ritmo y la oportunidad de incrementos entre Poderes de una misma provincia significaría aplicar la misma lógica del esfuerzo compartido, otro principio jurisprudencial que se contempla tanto en el derecho internacional como en el devenir de las cotidianeidad doméstica, en tiempos de vacas flacas.
Dicho de otro modo: La intangibilidad protege contra la reducción arbitraria de una partida equis de recursos, pero no garantiza una actualización que ignore el contexto de crisis o la falta de recursos cuando la Ley de Presupuesto ya fue aprobada por ambas Cámaras sin que se hayan interpuesto objeciones en aquel momento.
Es por eso que un incremento que duplica al del resto de la administración pública vulnera la naturaleza del principio de equidad y corre el riesgo de ser tachado de privilegio. En especial cuando los beneficiarios de la mejora en cuestión perciben remuneraciones que, históricamente, se han mantenido por encima del promedio.
Con esa posición recibirá mañana el gobernador a los miembros del Superior Tribunal, quienes a su vez se presentarán con todas las cartas credenciales de sus investiduras para justificar un aumento salarial diferenciado del resto. No está mal que así sea en tiempos de solvencia financiera, pues como decía Benjamín Constant: para asegurar la igualdad en interacción con la libertad, es necesario introducir en la sociedad elementos pseudomonárquicos que arbitren en los conflictos.
El problema es que, si el Poder Judicial provoca un déficit consabido en agosto por hacer realidad su exigencia coyuntural, se generaría un daño a las arcas públicas en desmedro de todos y cada uno de los organismos financiados por el Tesoro provincial, incluido el servicio de administración de justicia.
Ese es el punto fuerte del gobernador Juan Pablo Valdés, quien propone parar la pelota, consensuar y caminar con pie de buzo hacia un horizonte impredecible donde las variables macro se articulan desde Nación, sin más injerencia provincial que la constante negociación de su administración con el poder central.
La consigna a defender, según el razonamiento del primer mandatario, es que todo incremento concedido a cualquier repartición adquiera fuerza resolutiva solamente si existe una contrapartida de ingresos genuinos. De lo contrario, no sólo se pondría en riesgo el pago de los salarios. Se pondría en discusión algo más delicado: la sustentabilidad misma del sistema que los hace posibles.
