Con la finalidad de lograr una reparación a las víctimas de la represión del 17 de diciembre de 1999 en el Puente General Blegrano, se presentó un proyecto de ley que tiene como finalidad que se contemple beneficios económicos a familiares de los dos muertos y de los heridos de aquel violento episodio.
El autor del proyecto de ley es el diputado nacional Hugo Rubén Perié, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.
En el marco de una reunión que se efectuó en el Colegio de Abogados en la mañana de ayer se anunció el propósito y los alcances de la iniciativa. En la oportunidad acompañaron a Perié el presidente del Colegio de Abogados, doctor Augusto Costaguta y Alberto Pischeda, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la institución que reune a los profesionales de Derecho. Al encuentro también asistieron las propias víctimas y miembros de la Comisión Provincial de Derechos Humanos.
Como parte del acto, se recordó como se vivió la jornada de diciembre de hace 4 años atrás, hecho que cobro la vida de Mauro Ojeda y Francisco Escobar como consecuencia de la represión de la fuerzas de la Gendarmería. Así también se registraron 30 personas heridas con balas de diferentes tipos. Luego se continuó exponiendo las características del pretencioso proyecto que será impulsado por el diputado nacional y que busca la reparación económica de los afectados en virtud del reconocimiento que el Estado nacional hace con respecto a los Derechos Humano.
“El proyecto de ley que se presentará prevé la indemnización de las víctimas de la brutal represión del 17 de diciembre de 1999, que se diera sobre los ciudadanos correntinos autoconvocados que manifestaban pacíficamente en reclamo de sus legítimos derechos y que arrojó el trágico saldo”, se expresó en la reunión.
Este plan reproduce los criterios normativos adoptados por otras leyes reparatorias, como principio de la amplitud de la prueba, el beneficio de la duda a favor de la víctima, el otorgamiento del mismo en caso de muerte y el procedimiento de comprobación.
Se especificó además que serán indemnizados los casos de muerte, lesiones leves, graves y gravísimas, de acuerdo a las definiciones de artículos del Código Penal. En el caso de Ojeda y Escobar el aporte será recibido por familiares directos (ascendientes y descendientes).
De esta forma se difundió que la solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a lo que aclararon que “ninguna ley podrá reparar la pérdida de vidas, ni paliar el profundo dolor; no obstante, es deber del Estado considerar al menos la reparación pecunaria pertinente”.
Luego de explicar los alcances del proyecto de ley, se destacó que se trata de una presentación superficial ya que la finalidad es que se continúen reuniones con los propios perjudicados y organismos involucrados y de esa forma elaborar el documento en conjunto.
Por su parte Perié manifestó que “solo se trata de un pequeño aporte que hago en reivindicación de los damnificados de la represión”, agregando que la elaboración será resultado del trabajo de los protagonistas y distintas comisiones, por lo que su accionar se enmarcará en la transmisión.
En tanto la Comisión Provincial de Derechos Humanos pidió que la presentación no solo se diseñe en palabras y falsas expectativas para los afectados, fundamentando como antecedente la aprobación que hizo la Legislatura provincial en el 2002 al subsidio que nunca fue una realidad. Así también se solicitó que se impulsen acciones que además logren encausar la causa criminal de aquel episodio.