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Cómo llegó el Lawfare hasta Cristina

No es una creación argentina, ni brasileña, ni española, ni vaticana, aunque de estos destinos proviene su utilización más reciente. La palabra Lawfare -guerra judicial- fue usada por un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense -Charles Dunlap Jr.- en Washington, en 2001, para hablar del uso de la ley “como sustituto de los medios militares para tomar un objetivo”. Era un documento sobre consecuencias políticas mundiales tras el ataque a las Torres Gemelas, ocurrido dos meses antes.
El término arribó luego a la Universidad de Harvard y saltó a Europa durante el movimiento independentista en Cataluña, ya no como una estrategia alternativa a la militar, sino como una justicia que persigue a inocentes por sus ideas. Recuerda Héctor Gambini en Clarín.
A Brasil llegó en 2016, vía Harvard: hasta allá fue el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, para estudiar el enunciado y abrirlo hacia una acepción más conveniente para el uso político local: una persecución de la justicia a los opositores del gobierno de turno, apoyada por los medios de comunicación. 
De Brasil a la Argentina. El 9 de diciembre de 2017, Dilma Rousseff visitó a Cristina en su departamento de Recoleta y la anfitriona quedó fascinada con la idea.
Inmediatamente tuiteó: “Con Dilma conversamos sobre una realidad que se está imponiendo en nuestros países. Un proceso que se denomina mundialmente Lawfare y consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los líderes opositores...”. Ese año envió seis tuits más hablando del tema, y otros cinco en 2018. El plan victimización estaba en marcha, y volvió con todo en la campaña reciente.
Alberto Fernández usó el término, ya como presidente electo, en una entrevista con Rafael Correa, y una semana después lo pronunció el Papa Francisco.
Alberto defiende ahora a Cristina usando el argumento que ella había imaginado dos años antes, cuando él aún era el jefe de campaña de Randazzo, criticaba la corrupción K y decía: “No sé si Cristina lloró por lo que hizo José López o porque lo descubrieron”. López fue el funcionario de Cristina que revoleó bolsos con 9 millones de dólares sobre el muro de un convento.
La idea del Lawfare ya luce amasada como estrategia general para una amnistía encubierta a los procesados por corrupción y baja en cascada por las huestes del kirchnerismo. El miércoles debutó en un documento oficial. Axel Kicillof la usó para justificar el nombramiento en su gabinete de dos funcionarios procesados. La palabra Lawfare es purgante y lavadora automática. Hace magia: los procesados pasan de sospechosos de la Justicia a perseguidos políticos. Todo se hace más liviano y se invierte la carga de la prueba: nadie robó nada; sólo se persigue a inocentes.
Pero, ¿y las evidencias? ¿Y los bolsos, los cuadernos, los testimonios, las pruebas, la fortuna en la caja de seguridad de Florencia? ¿Quién perseguiría por sus ideas a Gollán y Girard, los flamantes funcionarios procesados de Kicillof? ¿Alguien conoce sus ideas?
Alberto Fernández promete terminar con el “deterioro judicial” pero no menciona a Justicia Legítima. ¿No fue en esa agrupación kirchnerista cuando se les puso a los jueces y fiscales una estruendosa camiseta partidaria?
¿Y qué hacía el contador de los Kirchner arreglando con el juez Oyarbide la declaración jurada de sus empleadores, en una sombría oficina de la Side, para que éste los absolviera por enriquecimiento ilícito?
“Nunca más”, repitió Alberto una y otra vez. El problema del kirchnerismo es que tiene un pasado demasiado reciente.

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Cómo llegó el Lawfare hasta Cristina

No es una creación argentina, ni brasileña, ni española, ni vaticana, aunque de estos destinos proviene su utilización más reciente. La palabra Lawfare -guerra judicial- fue usada por un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense -Charles Dunlap Jr.- en Washington, en 2001, para hablar del uso de la ley “como sustituto de los medios militares para tomar un objetivo”. Era un documento sobre consecuencias políticas mundiales tras el ataque a las Torres Gemelas, ocurrido dos meses antes.
El término arribó luego a la Universidad de Harvard y saltó a Europa durante el movimiento independentista en Cataluña, ya no como una estrategia alternativa a la militar, sino como una justicia que persigue a inocentes por sus ideas. Recuerda Héctor Gambini en Clarín.
A Brasil llegó en 2016, vía Harvard: hasta allá fue el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, para estudiar el enunciado y abrirlo hacia una acepción más conveniente para el uso político local: una persecución de la justicia a los opositores del gobierno de turno, apoyada por los medios de comunicación. 
De Brasil a la Argentina. El 9 de diciembre de 2017, Dilma Rousseff visitó a Cristina en su departamento de Recoleta y la anfitriona quedó fascinada con la idea.
Inmediatamente tuiteó: “Con Dilma conversamos sobre una realidad que se está imponiendo en nuestros países. Un proceso que se denomina mundialmente Lawfare y consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los líderes opositores...”. Ese año envió seis tuits más hablando del tema, y otros cinco en 2018. El plan victimización estaba en marcha, y volvió con todo en la campaña reciente.
Alberto Fernández usó el término, ya como presidente electo, en una entrevista con Rafael Correa, y una semana después lo pronunció el Papa Francisco.
Alberto defiende ahora a Cristina usando el argumento que ella había imaginado dos años antes, cuando él aún era el jefe de campaña de Randazzo, criticaba la corrupción K y decía: “No sé si Cristina lloró por lo que hizo José López o porque lo descubrieron”. López fue el funcionario de Cristina que revoleó bolsos con 9 millones de dólares sobre el muro de un convento.
La idea del Lawfare ya luce amasada como estrategia general para una amnistía encubierta a los procesados por corrupción y baja en cascada por las huestes del kirchnerismo. El miércoles debutó en un documento oficial. Axel Kicillof la usó para justificar el nombramiento en su gabinete de dos funcionarios procesados. La palabra Lawfare es purgante y lavadora automática. Hace magia: los procesados pasan de sospechosos de la Justicia a perseguidos políticos. Todo se hace más liviano y se invierte la carga de la prueba: nadie robó nada; sólo se persigue a inocentes.
Pero, ¿y las evidencias? ¿Y los bolsos, los cuadernos, los testimonios, las pruebas, la fortuna en la caja de seguridad de Florencia? ¿Quién perseguiría por sus ideas a Gollán y Girard, los flamantes funcionarios procesados de Kicillof? ¿Alguien conoce sus ideas?
Alberto Fernández promete terminar con el “deterioro judicial” pero no menciona a Justicia Legítima. ¿No fue en esa agrupación kirchnerista cuando se les puso a los jueces y fiscales una estruendosa camiseta partidaria?
¿Y qué hacía el contador de los Kirchner arreglando con el juez Oyarbide la declaración jurada de sus empleadores, en una sombría oficina de la Side, para que éste los absolviera por enriquecimiento ilícito?
“Nunca más”, repitió Alberto una y otra vez. El problema del kirchnerismo es que tiene un pasado demasiado reciente.