A 30 kilómetros de la capital correntina, en un campo de San Luis del Palmar, al igual que en Santa Ana, se refugiaba en el más absoluto hermetismo parte de una célula del Tren de Aragua, una organización dedicada al terrorismo venezolano.
Esas bases fueron descubiertas en 2023, cuando el 2 de octubre cayó en una redada de Interpol Guillermo Rafael Boscán Bracho, uno de los líderes de la cápsula que vino a refugiarse en la Argentina. Lo detuvieron en plena Ruta Provincial 43, la que conecta Corrientes con Santa Ana.
El hecho profundizó la investigación sobre el grupo y permitió descubrir una organización sospechada de lavar activos y financiar actividades del crimen organizado a escala internacional.
Se trata de un total de 13 personas que en las últimas horas quedaron a un paso de ser llevadas a juicio por los cargos que le imputan dentro del Tren de Aragua, en una medida ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes mediante los firmas de los jueces Ramón Luis González y Mirtha Sotelo de Andreau.
Se trata de una causa de alto impacto, por lo que demandó el trabajo de las procuradurías nacionales especializadas en lavado de activos (Procelac), con Alberto Barbuto; narcotráfico (Procunar), con Nicolás Marquevich y la unidad especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), de Santiago Marquevich con intervención de los auxiliares fiscales Ignacio Rueda y Ramiro Garcia Martínez. En articulación a través de un trabajo orientado por el fiscal General Carlos Schaefer.
La Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva por maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dictados contra estas 13 personas, de las cuales 11 son de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino.
Están acusadas de tener vínculos con la organización criminal, razón por la cual fueron procesados el 4 de septiembre pasado por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda.
Fresneda había ordenado el procesamiento con prisión preventiva de estos ocho hombres y cinco mujeres, y trabado embargos por un millón de pesos sobre los bienes de cada uno de ellos, monto que fue confirmado en la resolución de Cámara.
Quiénes son
Con la confirmación de la Cámara de Apelaciones, quienes quedaron procesados por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son nueve: el principal imputado, Boscán Bracho, y otros ocho: Emmanuel David Urdaneta Bracho, Alexander José Bohorquez Parra, Diego Andrés Bohorquez Carroz, Enyerberth Yordanis Camargo Espina, José Antonio Lanz Guevara, María Alexandra Bohorquez Carroz, Adaly María Contrera Domínguez y Mayibell Coromoto Domínguez Contreras.
En tanto, solo por lavado de activos, quedaron procesados dos mujeres identificadas como Marilen del Valle Carroz González y Maikely Teresa Domínguez Contreras y dos hombres, Freider José Domínguez Contreras y Diego Eduardo Abulafia.
Guillermo Rafael Boscán Bracho, detenido en Ezeiza.
Si bien todos también habían sido procesados por la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”, la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad parcial del auto de procesamiento respecto de esa imputación puntual.
Según la investigación, los imputados habrían integrado desde al menos 2019 una estructura criminal organizada en dos células operativas, presuntamente lideradas por Boscán Bracho -incluso desde su lugar de detención- y orientadas a desplegar maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades de la organización en el exterior.
Más de $120 millones
El fallo de la Cámara sostuvo que el grupo habría demostrado una relevante capacidad económica y logística, evidenciada en la adquisición de bienes de alto valor sin ingresos lícitos que los respalden y valoró que la pesquisa permitió identificar múltiples operatorias de blanqueo de capitales, cuyo volumen fue estimado en más de 120 millones de pesos.
Entre ellas se describieron el uso de un sistema informal de transferencias tipo hawala (opera al margen de la banca tradicional, basado en la confianza y en redes personales) operado en el barrio porteño de Colegiales bajo el nombre comercial “Giro Activo”; el ingreso de divisas al país mediante “correos humanos”; el fraccionamiento de remesas; la constitución de sociedades de fachada para la explotación de locales comerciales; y un esquema de transferencias circulares entre los integrantes del grupo destinado a dificultar la trazabilidad de los fondos.
Asimismo, los camaristas consideraron que parte de esos recursos habrían sido destinados a sostener, fuera del país, actividades de la organización Tren de Aragua.
Para arribar a esa conclusión, el tribunal ponderó, entre otros elementos, informes de organismos estadounidenses como el FBI y la Oficina de Investigaciones Criminales, análisis de la PROCELAC, informes de la Policía Federal Argentina, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia sobre presuntas “cuevas” financieras, registros migratorios y la documentación secuestrada en los allanamientos realizados el 28 de mayo de 2025, que incluyeron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación inmobiliaria y un pasaporte apócrifo.
Pero asimismo, se expuso el modo de funcionamiento atribuido a la presunta organización criminal desde al menos 2019, la división interna en dos células operativas, los domicilios base de acción -Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata)-, y la articulación entre ambas a partir de las directivas que, según la investigación, Guillermo Rafael Boscán Bracho habría impartido incluso desde su detención”.
La Banda del Yiyi
Esta causa se originó el 2 de octubre de 2023 con la detención de Boscán Bracho efectuada por parte de personal del Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA), en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes. El venezolano, líder de la denominada “Banda del Yiyi” -vinculada al Tren de Aragua-, tenía pedido de captura internacional.
Había ingresado al país procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención vivía en un barrio privado de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
El presunto líder de la organización ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo pasado en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital correntina
Por qué lo requiere la Justicia de Venezuela
El venezolano tiene un pedido de extradición de la justicia de su país por los delitos de “extorsión y asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios”.
