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Intendente denunció a la vice y a un edil por presuntas anomalías en el manejo de fondos

El jefe comunal pidió que se investigue si durante el período que estuvo separado del cargo se registró algún tipo de irregularidad. Señaló que al reasumir encontró las cuentas vacías. También fue notificado de una demanda por un subsidio nacional que no habría rendido su antecesor.
 

Por El Litoral

Domingo, 29 de septiembre de 2019 a las 01:38

n Que la Justicia investigue si existió alguna irregularidad en la administración de los recursos municipales de Garaví durante el período que estuvo separado del cargo, es el eje de la denuncia que días atrás presentó el intendente de Garaví, Erasmo Chukel. El caso ya está en el Juzgado de Instrucción de Santo Tomé, donde anticipó que el lunes se presentará como querellante. Fundamentó su planteo en una serie de documentos que considera podrían constituir un presunto fraude a la administración pública, incumplimiento de sus deberes de funcionarios y abuso de autoridad por parte de la viceintendenta Claudia Nonino y el edil -y ex jefe comunal- Luis Alvez. 
“Durante el período que él no estuvo en la Municipalidad porque el Concejo lo suspendió, es decir desde el 22 de diciembre del año pasado y hasta el 9 de agosto de este año cuando el Superior Tribunal de Justicia ordenó su restitución, sucedieron una serie de cuestiones en el manejo de los fondos que consideramos son irregulares”, expresó a El Litoral el profesional que patrocina a Chukel. Tras lo cual aclaró que para tratar de clarificar la situación y evitar una nueva judicialización, “el intendente, a través de una exposición, le solicitó a Nonino que presente documentaciones respaldatorias de una serie de cheques emitidos, como así también aquellos que acreditaran la propiedad de un rodado que supuestamente fue adquirido por la Municipalidad”.
Pero ante la falta de respuestas, finalmente “se hizo nomás una denuncia que ya está en el Juzgado de Instrucción y el lunes (mañana) se constituirá como querellante en esa causa”, adelantó el letrado. Tras lo cual fundamentó que “hay cheques firmados por la vice pagados al concejal Alvez y otras personas pero desconocemos en concepto de qué lo hicieron porque no hay documentación respaldatoria. Y por la combi que dice que compraron le dijeron que la agencia aún no les había entregado los papeles correspondientes, pero desde esa empresa dicen todo lo contrario”.
A eso -argumentó- que “fue llamativo que hasta el viernes 9 de agosto había más de $500 mil que estaban en distintas cuentas del Municipio. Pero resulta que el lunes, cuando reasumió Chukel, estaban vacías. Es más, entregaron las chequeras vacías”. Sin embargo, acotó que “al día siguiente -el martes 13- al menos una persona cobró un cheque emitido por la vice que supuestamente desde el viernes 9 ya dejó de estar a cargo porque en esa jornada salió el fallo del STJ”.
“Y otra cuestión que consideramos que no es menor es la carga de combustible que realizó el concejal Alvez a cuenta del Municipio luego de que Chukel ya estaba en funciones. Gastó más de $16 mil y lo puso en la cuenta de la Comuna en una estación de servicio de Santo Tomé”, detalló el asesor legal de Chukel.
Cada una de esas cuestiones -aseveró- serán planteadas y fundamentadas en la causa judicial iniciada por el intendente contra al menos un par de funcionarios.

Justicia Federal
Días atrás, el intendente  de Garaví también fue notificado desde el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 8 de una demanda del Gobierno nacional. Según lo manifestado por el abogado del jefe comunal la causa responde a un subsidio de unos $600 mil que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación habría enviado al entonces intendente Luis Alvez. 
“Como no los rindió, ahora exigen su devolución”, acotó el abogado del actual Ejecutivo municipal. Tras lo cual recordó que “en su momento Chukel ya había planteado el caso en el Juzgado Federal de Libres porque cuando asumió no encontró el mobiliario supuestamente adquirido para el CIC. Así que en breve irá nuevamente a esa  ciudad, pero a constituirse como querellante”, adelantó el letrado a este medio gráfico. Al mismo tiempo subrayó que “hay que tener en cuenta que si no se aclara esta situación, la Nación puede exigir la devolución de los $600 mil más los intereses y ahí la cifra se vuelve millonaria”.

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