Fiscales locales piden no modificar la elección del procurador

A través de una solicitada, tres fiscales federales de Corrientes se sumaron a la queja de sus pares de todo el país, que alzaron la voz en contra de la intención oficialista de modificar la cantidad de votos necesarios para elegir al procurador general de la Nación.

Los fiscales Carlos Schaefer, Flavio Ferrini, Enrique de Guzmán se sumaron a la queja nacional contra el proyecto que pretende cambiar la Ley de Ministerio Público que rige funciones. Fiscales federales de todo el país cuestionaron el proyecto oficialista de modificación de la necesidad de dos tercios de los votos en el Senado para designar a la cabeza de la Procuración General de la Nación y la intención de modificar el régimen de sanciones y remociones de los fiscales.

La solicitada de fiscales federales de diferentes fueros fue enviada al senador nacional Oscar Parrilli en su carácter de presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, que está reunida con la intención de modificar la Ley de Ministerio Público.

Criticaron la decisión del oficialismo de avanzar en la modificación de la necesidad de dos tercios de los votos en el Senado para designar a la cabeza de la Procuración General de la Nación. Pero también a la intención de modificar el régimen de sanciones y remociones de los fiscales.

Entre los firmantes del planteo se encuentra Carlos Schaefer, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y Fiscal Federal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes.

También Flavio Ferrini, quien se desempeña como fiscal federal N° 1 de Corrientes, fiscal federal N° 2 de Corrientes y fiscal de Derechos Humanos de Corrientes.

Otro de los firmantes es Mariano Enrique de Guzmán, fiscal federal de Goya. En tanto, no firmó la solicitada el restante fiscal federal de la jurisdicción Corrientes, Aníbal Martínez, de Paso de los Libres.

La solicitada

Sobre la posible modificación del modo de elección del procurador la carta de los fiscales a Parrilli señala que:

l La Constitución Nacional reconoce la existencia de un órgano extrapoder, el Ministerio Público Fiscal y le acordó un estatus y una finalidad, respectivamente: la autonomía funcional y la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad.

l La Ley del Ministerio Público, como ley reglamentaria de la Constitución, cuidó de cumplir este mandato y estableció que el procurador general de la Nación debía ser nombrado con acuerdo del Senado, con los dos tercios de los presentes.

La ley quiso que su designación surgiera de una concertación de las fuerzas políticas y de la representación federal de que se encuentra investido ese cuerpo.

l Esa mayoría permite una legitimación adecuada en el diseño constitucional para cumplir con la autonomía reservada al procurador como cabeza del MPF y, con ella, la defensa de la sociedad que conocerá que hay un procurador general y que hay fiscales que actuarán en su defensa sin importar las presiones que se quieran ejercer sobre ellos.

l La mayoría simple significaría refrendar un procurador por un mismo partido o coalición de gobierno a la que pertenece el Poder Ejecutivo que lo propone, significando una involución, un retroceso a la situación anterior a la Constitución del año 1994”.

En cuanto a la probable reforma del modo en que se sancionará y removerá a los fiscales nacionales y federales la misiva señala que:

l La reforma también parece incluir el régimen disciplinario y de remoción de los fiscales, por lo cual debe cuidarse que no se establezcan mayorías que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones del tribunal de enjuiciamiento y en definitiva el debido proceso, en detrimento de la estabilidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones.

Los fiscales que firmaron la carta concluyeron la carta con una solicitud: “Por ello, los fiscales les pedimos a los legisladores que piensen antes en las instituciones que en la coyuntura, que no poder nombrar un procurador, porque no se logra el consenso necesario, no puede justificar desnaturalizar una institución constitucional. 

La autonomía del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de su finalidad de custodio de los intereses de la sociedad y, en consecuencia, de que el delito que los contradice -no importa quién lo cometa- no puede quedar impune, es una garantía a la que no podemos renunciar como sociedad civilizada”.