Populismo sanitario: ¿un Vicentin en la salud?

Muchas obras sociales nacionales, como las de los empleados de comercio o los gastronómicos, se encuentran en crisis por la abrupta caída de sus ingresos. El Estado ha otorgado subsidios para apoyarlas, pero nunca serán suficientes. Al igual que las empresas de medicina prepaga, han debido enfrentarse a esta situación inesperada con una debilidad estructural: los costos insoportables causados por años de populismo sanitario.

Además de la baja de ingresos, el covid-19 ha aumentado los gastos prestacionales, con más internaciones, más traslados, más insumos. La menor cantidad de consultas, estudios y cirugías son postergaciones acumuladas, con graves proyecciones sobre la salud derivadas de accidentes cerebrovasculares, infartos o enfermedades que requieren un tratamiento temprano, que se pudieron haber prevenido en circunstancias normales. Las empresas de salud privada están asumiendo aquellos gastos; no obstante, ser una pandemia que los seguros excluyen, en un acuerdo tácito con las autoridades, aunque con final incierto. Pero están muy debilitadas, como las obras sociales, por la pesada mochila del populismo sanitario.

Como ya hemos señalamos desde estas columnas, tal situación comenzó hace un cuarto de siglo, cuando los políticos encontraron la solución mágica de trasladar a las obras sociales y a las prepagas la cobertura de prestaciones de alto costo cuya atención correspondería al Estado, sin hacerse cargo de su financiación.

En 1996 se creó el Programa Médico Obligatorio (PMO) con el propósito de que tanto las obras sociales como la medicina prepaga incluyesen en todos sus planes determinadas coberturas básicas. 

Si bien el propósito era loable en su origen, el germen del populismo sanitario lo malogró, ya que sin ton ni son se fueron agregando todo tipo de prestaciones muy costosas que lo desnaturalizaron, mediante leyes especiales que en ningún caso previeron de qué manera se financiarían, con el agravante de que para los tribunales lo que se había pensado como un techo se transformó en un rascacielos sin límite de altura.

 Así se incorporaron tratamientos para la atención de casos de sida, de adicciones o de trastornos alimentarios; para pacientes ostomizados o con epilepsia, hipoacusia o enfermedades poco frecuentes, así como el costo de la fertilización asistida y de los anticonceptivos hormonales, entre muchos otros. Todo ello llevó a deteriorar las economías de las obras sociales y al inevitable incremento de cuotas a los afiliados a la medicina prepaga. La ley de discapacidad fue objeto de protección amplísima y de límites difusos entre la atención médica y las prestaciones sociales (escuelas, traslados, geriátricos, acompañantes y cuidadores). Obras sociales y prepagas deben solventar tareas de cuidado que otrora cumplían las familias o el Estado, imposibles de medir y controlar. 

Se han transformado en parte sustancial de la carga de las entidades, aunque la población en general lo ignora.

 Un verdadero “agujero negro” en las finanzas del sector. Esto hace que casi el 50% de las erogaciones del Fondo Solidario de Redistribución, que administra la Superintendencia de Seguros de Salud, se dediquen a discapacidad, de las cuales, a su vez, la mitad se aplican al pago de transporte y escolaridad, que son prestaciones claramente sociales y no de salud.

Esas distorsiones se agravaron 15 años más tarde cuando se reguló la medicina prepaga, convirtiéndola en una suerte de servicio público, desnaturalizando el carácter contractual de la prestación al imponerle la afiliación sin períodos de carencia, con enfermedades preexistentes o con edad superior a 65 años, quitándoles el derecho a fijar el precio de sus planes, tal como se hace con empresas de gas o de luz. 

Esta ley impide también a los ciudadanos contratar más o menos coberturas, tomando planes a su medida, según sus deseos y su bolsillo.

La proliferación de normas y lo difuso de sus prescripciones han incentivado la multiplicación de reclamos judiciales (...)

(...) El sistema privado de salud se encuentra en condiciones de superar los desafíos que la pandemia plantea si el Estado cesa de cargarle costos y detiene la litigiosidad judicial. Como se advierte, es más difícil sobrevivir al coronavirus que a la irresponsabilidad del populismo, en su versión sanitaria.