En estos días las tareas del ministro Martín Guzmán incluyen el monitoreo del nuevo consenso fiscal que se firmará mañana con los gobernadores, una medida que habilita nuevos impuestos y la suba de alícuotas en Ingresos Brutos.
El ministro de Economía participará del acto encabezado por el presidente a las 17 en Casa de Gobierno.
Guzmán ya había participado en la convocatoria del año pasado, cuando se acordó distribuir $70.000 millones para reactivar las economías locales pasado el peor momento de la pandemia. Y en esta ocasión, su equipo de Hacienda y Finanzas de Guzmán intervino en la parte técnica. Una de las incógnitas es si la medida cuenta con el guiño del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo podría llegar a tolerar una mayor presión impositiva mientras no afecte el recorte previsto del déficit fiscal. Antes del debate del Presupuesto, Guzmán se reunió con los gobernadores y les transfirió al menos $25.000 millones. Su proyecto terminó incluyendo $180.000 millones extra en impuestos coparticipables, pero el rechazo en Diputados lo dejó sin su “hoja de ruta” y la prórroga del actual le dio un mayor protagonismo a De Pedro y Batakis en la discusión con los gobernadores.
“El consenso fiscal no depende del Ministerio de Economía, es del Ministerio del Interior, lo negocia De Pedro y Batakis. No estuvo nunca en Economía ningún consenso, ni en esta gestión ni en la de Macri”, señalaron en un despacho, en donde incluso aseguraron que “tampoco es necesario que esté el ministro de Economía porque es un acuerdo con las provincias”.
El Gobierno retomó la iniciativa para reforzar la caja con los cambios en Bienes Personales. En medio de las críticas de la oposición contra la “voracidad impositiva”, Batakis aseguró en los últimos días que el nuevo proyecto fiscal “no autoriza aumentos de tributos” en las provincias y que “simplemente lo que se hizo fue armonizar los topes máximos”. En rigor, el acuerdo invita a las jurisdicciones a instalar un impuesto a la herencia, un tributo vigente en la provincia de Buenos Aires, y habilita a las provincias a subir la carga impositiva en Ingresos Brutos, ya que se podrán fijar nuevos topes máximos en Comunicaciones, Intermediación financiera, Telefonía, y Electricidad, gas y agua, entre otros rubros.
El alivio fiscal apunta a compensar a los gobernadores tras el fracaso del Presupuesto, en el que se habían previsto $1,2 billones en obras, que ahora deberán renegociar. Por otra parte, según el borrador que circula en el Ejecutivo, podrán endeudarse solo para realizar obras de infraestructura y tomar créditos en dólares con organismos multilaterales.
A cambio, deberán cumplir “los objetivos que se tracen en materia fiscal”, según reza el texto, algo que hasta ahora no se cumplió.
(HM)
