La fatídica cifra de más de 100.000 muertes por covid, registrada esta semana en la Argentina, invita a la reflexión de toda la ciudadanía y debería golpear las conciencias de funcionarios que no han estado a la altura de las exigencias que imponía la actual pandemia.
Habría que empezar por el propio presidente de la Nación, que el 11 de abril de 2020 señaló que prefería tener un 10 % más de pobres antes que 100.000 muertos por covid-19, al intentar justificar una cuarentena cuya duración constituyó un récord mundial. Finalmente, tuvimos una y otra cosa, puesto que se apostó a ponerle un cepo a la actividad económica, en lugar de aplicar una adecuada estrategia de testeos que evitara la espiralización de los contagios.
A esa manifiesta incapacidad de origen, se sumaron las inmorales actitudes de funcionarios que se atribuyeron prerrogativas que no tenían para favorecer a amigos y familiares del círculo del poder político, que gozaron del privilegio de vacunarse mucho antes que los grupos de riesgo. Se trata de otro claro abuso de poder que un fallo que erró en la interpretación pretendió exonerar y que afortunadamente deberá ser revisado tras el pedido de un fiscal.
La ineptitud oficial y el condenable intento de usar políticamente el plan de vacunación quedaron muy pronto de manifiesto. Los indicadores fueron desde los vacunatorios VIP hasta la instalación de centros de vacunación en sedes partidarias del kirchnerismo en el distrito bonaerense, desconociendo la amplia red sanitaria existente. Y desde las alegres promesas y estimaciones oficiales hasta algunas expresiones más propias del general Galtieri en plena Guerra de las Malvinas que de un “gobierno de científicos”. Entre ellas, la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, en diciembre de 2020, proclamando “el comienzo del fin de la pandemia”.
Es imposible a estas alturas no preguntarse cuántas de las más de 100.000 vidas perdidas podrían haberse salvado si otra hubiera sido la actitud del gobierno nacional a la hora de negociar la llegada de vacunas contra el coronavirus con algunos laboratorios extranjeros. El número sería en cualquier caso impreciso, pero, sin lugar a dudas, muchas familias no tendrían hoy que lamentar muertes si hubieran llegado al país solo algunas de los 13,2 millones de dosis que el Estado argentino pudo haberle adquirido a Pfizer.
La improvisación y la primacía de un criterio faccioso del presidente Alberto Fernández quedaron en evidencia casi desde el principio. Pero se acentuaron y plasmaron hacia fines del año pasado, con sus reiteradas promesas acerca de un inminente arribo de vacunas que, finalmente, se demoró mucho más de lo previsto, lo que permitió la cómoda instalación de la segunda ola de coronavirus.
Por aquel entonces, el jefe del Estado prometía públicamente que para fines de diciembre último íbamos a tener diez millones de vacunados, una cifra que solo se alcanzó cuatro meses después. No solo no se previó que Rusia y China no iban a poder cumplir con sus envíos de dosis en el tiempo estimado ni que las vacunas de AstraZeneca tampoco llegarían a tiempo, sino que, irresponsablemente, el Gobierno desistió de avanzar en una negociación exitosa para la provisión de vacunas de laboratorios norteamericanos. Tuvimos que aproximarnos al desgraciado número de 100.000 muertos para que el Poder Ejecutivo impulsara por decreto una modificación en la ley de vacunas que removiera los obstáculos que impedían la concreción de acuerdos con Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, algo que venía reclamando la oposición desde bastante tiempo atrás, sin ser escuchada por el Gobierno. Como si existiera una decisión tácita de las autoridades nacionales y bonaerenses de no requerir vacunas provenientes de los Estados Unidos, con el mero propósito de privilegiar tratos con Rusia y China o con proveedores que pudiesen contar con un socio local beneficiado, como es el caso de AstraZeneca.
Nos unimos a los cinco días de duelo nacional y pedimos que la actividad de campaña oficial respete debidamente este homenaje a los fallecidos. La salud de los argentinos no puede quedar condicionada por mezquinos intereses partidarios ni por prejuicios ideológicos. La lucha contra el coronavirus en la Argentina, que está lejos de terminar, debe ser una política de Estado regida por la máxima responsabilidad y transparencia, y no una sucesión de medidas erróneas e inconexas al servicio de una fracción política.
