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El Pami y otro golpe a los jubilados

La conducción del Pami, la obra social a cargo de la camporista Luana Volnovich gastó más de 14 millones de pesos en cotillón para que los jubilados alienten a la selección argentina durante el Mundial de fútbol.

Mientras sobran ejemplos de desatención a la que son sometidos los 4,6 millones de afiliados al Pami, la compra de sombreros arlequín, porras, vuvuzelas y maquillaje blanquiceleste para que alienten al equipo argentino constituye un acto de extrema ruindad, de una mezquindad enorme solo explicable —nunca justificable— por el afán de algunos funcionarios empeñados en seguir haciendo negocios a costillas del Estado.

La tan absurda como millonaria compra del cotillón se hizo mediante una compulsa abreviada, de la que participó un solo oferente: una SRL constituida apenas en abril de este año, cuyos socios presentaron un capital inicial de 100.000 pesos, sin contar con antecedentes en el rubro y habiendo dado como dirección una sede fantasma en Berazategui, el distrito donde Volnovich tiene injerencia y para el que alguna vez analizó presentarse como candidata a intendenta.

Inscribir oficialmente una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), como se constituyó La Comuna Atesh, la empresa beneficiada, lleva el tiempo que la burocracia impone a cualquiera que quiera emprender. Sin embargo, lo hizo en solo cuatro días. La compra directa que se le realizó tiene fecha del pasado 1º de noviembre. El compromiso de entrega del cotillón fue pautado en un 50% para el lunes próximo, es decir, cuando el Mundial de Qatar ya estará bastante avanzado, y el resto les llegaría el 20 del actual, esto es, después de que haya terminado. Por otro lado, a juzgar por la cantidad de lo adquirido, queda claro que iba dirigido a unos pocos centros, ya que difícilmente alcance para “la distracción y el disfrute” de casi cinco millones de jubilados. Como si todo eso fuera poco, una simple comparación del precio que se publica en internet para esos mismos productos arroja como resultado que La Comuna Atesh cobró al Estado casi el doble de su valor. Es tan grosera la maniobra y tan brutal el destrato hacia los jubilados que esperan infructuosamente la entrega de prótesis, pañales o medicamentos oncológicos, por citar unos pocos ejemplos críticos, que la Justicia debería actuar a la brevedad imponiendo toda la fuerza de la ley.

La denuncia penal por la comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, peculado, asociación ilícita y falsedad ideológica contra la directora ejecutiva y varios funcionarios más del Pami fue presentada por la diputada nacional Graciela Ocaña (Pro-Buenos Aires). “Es evidente que el Pami tiene una obsesión con otorgar sumas de dinero a empresas y centros de jubilados que recién inician [sus actividades] y cuyas sedes son fantasma”, sostuvo Ocaña. En agosto de este año la Policía Federal allanó la sede del Pami de Morón en busca de documentación sobre presuntas transferencias de dinero por más de 47 millones de pesos a centros de jubilados de Hurlingham, como parte de una causa en la que también se investigan domicilios fantasmas y el destino de esos fondos a planes sociales: una virtual caja política para financiar a la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner.

Otra muestra más de cómo se protege cierto sector de la política actuando corporativamente para tapar o minimizar sus intolerables desaguisados.

Un grupo de diputados de la oposición presentó un pedido de informes en el Congreso para que los funcionarios cuestionados rindan cuentas. Muy probablemente, el oficialismo se niegue a citarlos o, directamente, como es su costumbre, ni siquiera ponga el tema en agenda. Es que hay un trecho enorme entre lo que se pregona desde los atriles y lo que en definitiva se hace. Basta con echar un vistazo a la cuenta verificada de Twitter de Volnovich, donde se presenta como integrante de La Cámpora, directora ejecutiva del Pami y en la que inmediatamente después deja plasmada una frase que no le hace honor en ningún sentido: “Por un país donde el buen trato hacia las personas mayores sea ley”, sostiene. ¿Y si empieza por cumplirlo?

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