Tras conocerse el ingreso a planta permanente en el Pami de 206 trabajadores, muchos de ellos sin el secundario concluido, la titular del organismo, Luana Volnovich, fue denunciada penalmente por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación judicial la realizó la diputada opositora Marcela Campagnoli y quedó radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.
Según indica la resolución 2022-263 del Pami, que se firmó el jueves pasado, dispone el pase a planta permanente de 206 trabajadores que ya se encontraban bajo contratos temporales, y se hará efectiva a partir del 1 de abril.
Desde el Pami explicaron que el pase a planta de las 206 personas, “es la regularización del personal contratado del instituto de 2006 en adelante”.
En la justificación de la medida, Volnovich dijo que es “necesario dotar a este Instituto de los recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico-asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe prestar cobertura”.
La discusión que devino en la denuncia penal, surgió en relación a los diez párrafos de la resolución que explican la situación de quienes no cumplen con una de las exigencias detalladas en las Políticas de Ingreso al Estado: haber terminado la escuela secundaria. Al respecto, la directora del Pami explicó que estudios tanto nacionales como internacionales “han dado cuenta que la retención y terminalidad de estudios continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas educativos de América Latina” y que las causas que generan el abandono escolar “son múltiples, complejas y variadas”.
Dijo que, pese a ello, “la necesidad y el derecho al trabajo en los y las jóvenes es el factor de preponderancia”. Para la titular del Pami, la presentación del título secundario “deviene en una barrera formal que atenta contra el derecho de acceso a condiciones dignas y equitativas de trabajo”.
La situación causada por el covid-19 tampoco quedó afuera de los argumentos para justificar la incorporación de agentes que no terminaron la escuela. Volnovich señaló que la pandemia “agravó las dificultades para la terminalidad educativa, en adolescentes y jóvenes”, siendo “los sectores más desfavorecidos los que sufrieron mayores dificultades para la continuidad de sus trayectorias escolares”. Recordemos: fue el Gobierno nacional quien defendió la no presencialidad en las escuelas durante más de un año. Antes de explicar cómo se subsanará el faltante del título secundario entre los contratados que pasarán a la planta permanente del Pami, la titular del organismo habló de “la matriz elitista del sistema educativo, en particular en su nivel secundario”, que “refuerza la exclusión de vastos sectores de la población de dicho nivel educativo”.
Por ese motivo, decidió que a aquellos que no cuentan aún con su título secundario “les será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos desde el día de inicio del ciclo lectivo del año siguiente al de su designación”. Tienen hasta entonces para regularizar la situación, es decir para terminar la escuela. O conseguir algún título.
Hasta que eso suceda, “la persona trabajadora continuará prestando tareas bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, hasta tanto se den por cumplidas las exigencias para obtener ese título secundario”.
(JML)
