El Gobierno tendrá que pagar $1.000 millones por la expropiación de Ciccone

La Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de recursos presentados por el Estado nacional y la Afip, en el marco de la causa abierta por la quiebra de ex Ciccone Calcográfica. Así las cosas, la Corte sostuvo que el Estado deberá indemnizar a los acreedores de la firma que imprimía billetes por la expropiación que decidió el Estado en 2013 durante la gestión del kirchnerismo. Se estima que serían unos mil millones de pesos.

El nombre Ciccone tiene una significativa importancia para el kirchnerismo. El exvicepresidente Amado Boudou quedó condenado por negociaciones incompatibles con la función pública Estado y cohecho en el marco del capítulo Ciccone, en un fallo confirmado por la Corte Suprema en 2020. En esa causa se estableció que el entonces ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros cómplices, elaboró un plan para quedarse con la ex imprenta Ciccone Calcográfica y así lograr contratos con el Estado para la impresión de billetes y documentación oficial. Allí apareció el nombre de la firma The Old Fund, cuya cara visible fue Alejandro Vandenbroele, devenido más tarde en arrepentido.

Apenas explotó aquel escándalo en 2012, el oficialismo impulsó y convirtió en ley una expropiación de la firma, que ya se llamaba Compañía Sudamericana de Valores. La declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación. Para la oposición, aquella ley se trató de un intento de salvar al compañero de fórmula de Cristina Kirchner cuando las acusaciones comenzaban a crecer en Comodoro Py.

El Congreso decidió por ley la expropiación de la empresa —que ya estaba intervenida— para ser entregada a la Casa de la Moneda. Se habló de “la soberanía monetaria”, ya que es la única imprenta privada en condiciones de hacer billetes. Durante el debate nunca quedó claro a quién pertenecía la firma.

Habitualmente, en casos de expropiación, el Estado le compra el bien al expropiado, pero en este caso se resolvió que ese pago no iba a concretarse en dinero y que esa operación se saldaría descontando las deudas que la firma tenía con la Afip. Según se acordó, a través de un convenio entre la Afip y el Ministerio de Economía, la indemnización por expropiación sería de $275.724.618 y que esa suma se compensaba con la deuda fiscal que registraba la fallida.

Sin embargo, el sindico en el concurso preventivo de Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone Calcográfica SA) llevó el caso a la Justicia. Tanto en primera instancia como en la Cámara Nacional en lo Comercial se declaró la inconstitucionalidad parcial del art. 3º de la ley 26.761, del art. 4º del decreto 252/2013 y de la cláusula 6ª del Convenio de Avenimiento.

                                (JML)