Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas por el presidente del país, Daniel Noboa, para votar en un referéndum cuatro preguntas, dos de ellas de particular trascendencia: instaurar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, con Estados Unidos como principal interesado.
La votación se dará con el país sumido en la peor crisis de violencia de su historia, ubicado a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios, al proyectar que cerrará 2025 con unos 9.000, equivalentes a unos cincuenta homicidios por cada 100.000 habitantes, en medio del conflicto interno armado lanzado por Noboa contra las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. El mandatario, que fue reelegido en abril de este año hasta 2029, optó por jugarse la carta de abrir el proceso para una nueva Constitución al considerar que la actual carta magna no permite enfrentar al crimen organizado de la forma que le gustaría, ni tampoco facilita la llegada de inversiones ni la creación de empleo.
En la práctica, será un plebiscito sobre la continuidad o no de la Constitución establecida en 2008 promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), con la que sentó las bases de su proyecto político, pero criticada por Noboa al encontrar en ella límites a sus reformas. El gobernante lanzó su apuesta al ver que la Corte Constitucional anuló leyes emblema de su nuevo mandato, por contener disposiciones tramitadas de manera rápida y consideradas inconstitucionales por el alto tribunal.
En caso de ganar el “Sí”, los ecuatorianos deberán volver a las urnas dos veces más, para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente y luego para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución.
Bases militares
Por otro lado, el planteamiento para las bases militares extranjeras busca eliminar la prohibición que existe en la actual Constitución a estos emplazamientos y de ganar el “Sí” abriría la puerta a que Estados Unidos vuelva a tener una base en el Pacífico sudamericano.
Los estadounidenses ya operaron una base militar en las Islas Galápagos durante la II Guerra Mundial para controlar el canal de Panamá y entre 1999 y 2009 estuvieron en la base de Manta para operaciones antidrogas, hasta que se vieron obligados a salir por la prohibición aún en vigencia. Las conversaciones entre ambos países van en la línea de establecer dos bases en la costa ecuatoriana: una militar y otra para asuntos de seguridad como narcotráfico y migración.
A esto hay que sumarle que la campaña electoral, que finalizó el jueves, estuvo marcada por la llegada de los primeros presos a la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador con la que Noboa busca replicar en el país el “modelo Bukele”, y por la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para escenificar el interés del presidente Donald Trump en volver a tener en Ecuador una base militar.
Tanto la base de Manta como la de Salinas, también en la costa, fueron inspeccionadas por Noem con el propósito de establecer un destacamento militar y una oficina de seguridad para asuntos como narcotráfico y migración, según lo señalado por el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.
Noboa quiso dar un golpe de efecto al inicio de la semana al trasladar los primeros presos a la prisión emblema de su política de seguridad, una de las promesas electorales del mandatario cuando llegó al poder en 2023. Allí llegaron los principales líderes criminales actualmente encarcelados y que encabezan las mafias y bandas a las que Noboa declaró la guerra desde 2024.
Con uniformes naranjas, fueron rapados y recluidos en celdas de cemento pese a que la cárcel no está todavía terminada. Entre ellos estaba el exvicepresidente correísta Jorge Glas, sobre el que pesan tres condenas por corrupción, y al que se lo detuvo en 2024 en un asalto a la Embajada de México en Quito ordenado por Noboa después de recibiera asilo por parte del Gobierno mexicano. Fue el primero al que Noboa exhibió en fotos dentro de la cárcel, con un aspecto desaliñado y una expresión desconcertada, lo que enseguida despertó la indignación del correísmo, la principal fuerza de oposición contra el mandatario.
El correísmo cerró filas para denunciar la humillación y el uso político de un preso que cuenta con medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para garantizar su salud y su vida.
Asambleístas y financiación pública
Las otras dos preguntas del referéndum plantean las reducción de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos.
No hay predicciones claras del resultado ni la repercusión que pueden tener las recientes protestas lideradas por el movimiento indígena contra Noboa y su decisión de eliminar el subsidio al diésel, que se prolongaron durante un mes y que concluyeron sin que el presidente diera su brazo a torcer y con dos manifestantes fallecidos en enfrentamientos con militares. Tanto el correísmo como el movimiento indígena han llamado a votar por el “No” como una forma de protesta contra Noboa.
El viernes 490 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75 por ciento, incluidas en el programa “Voto en casa”, ya participaron del proceso. El ‘Voto en casa’ es la expresión clara de una democracia que cuida, que acompaña y que no deja a nadie fuera ni atrás", sostuvo la presidenta de (CNE), Diana Atamaint, durante la inauguración de la jornada. El jueves, solo 1.032 presos sin sentencia firme se presentaron a votar de forma anticipada, de un total de más de 8.000 personas privadas de libertad habilitadas.
Página 12
