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“Para cada problema complejo hay una solución simple, clara…y equivocada”
H. L. Mencken
Tercer intento de Milei para sancionar la reforma laboral. El primero, el capítulo IV del DNU 70/23, que fue suspendido por la Cámara del Trabajo y espera sentencia de la Corte.
El segundo, la Ley Bases, que recibió una poda importante de 42 de los 58 artículos dedicados al tema, y que, no obstante haber introducido importantes cambios, nada influyó en la mutación de la relación capital-trabajo en la Argentina. Así lo reconoció la Secretaría de Trabajo.
¿La tercera es la vencida? Puede ser, aunque se pueda modificar parte del proyecto que se tratará el próximo miércoles 11 en el Senado.
El gobierno es siempre propenso a confundir la retórica bíblica con la política pública. Remite proyectos de ley bajo la premisa de que el texto creará la realidad por arte de magia. La evidencia suele desmentir ese optimismo dogmático.
Cada vez que en la Argentina se habla de reforma laboral, el debate adopta un tono casi religioso. De un lado, quienes la presentan como la llave que abrirá las puertas del empleo formal, la inversión y la modernización. Del otro, quienes la denuncian como el certificado de defunción de los derechos conquistados por el movimiento obrero desde principios del siglo XX.
“Llegó el momento y pareciera que los votos están, salvo imponderables de última hora. Igualmente, habrá pulseadas en la votación en particular”
Ambos bandos discuten con la épica de una batalla histórica. Y, sin embargo, el problema es bastante más pedestre.
La Argentina necesita una reforma laboral. Eso es indiscutible. Convive con un 40% de informalidad que convierte al derecho laboral en un privilegio estadístico. La mitad de los trabajadores está afuera del sistema que supuestamente los protege. No tienen indemnización, ni vacaciones, ni ART, ni sindicato, ni nada. La legislación argentina es muy protectora… para los que lograron entrar. Para el resto, es papel mojado.
Y ahí aparece el primer dato incómodo: el régimen actual no logró cumplir el objetivo que dice defender. Porque proteger mucho a pocos no es proteger; es segmentar.
Las Pymes -que son las que efectivamente generan empleo- operan bajo una normativa diseñada para otra escala empresarial, otra economía y otro país que ya no existe.
Para una Pyme, contratar un empleado no es sólo pagar un sueldo: es firmar un contrato con la incertidumbre judicial, económica y sindical del futuro. Es apostar a que nada salga mal en un país donde casi siempre algo sale mal.
La reforma intenta aliviar esa mochila. Banco de horas. Cambios en indemnizaciones. Menor litigiosidad. Revisión de la ultraactividad. Digitalización. Todo eso apunta a un problema real: el costo y, sobre todo, el riesgo percibido de contratar en blanco. Hasta ahí, el diagnóstico oficial es correcto.
El problema empieza cuando se promete que esto va a generar empleo. Porque el empleo no se crea por ley. Se crea cuando las empresas venden. Cuando hay consumo. Cuando hay crédito. Cuando hay estabilidad. Cuando el empresario cree que dentro de seis meses va a seguir abierto. Cuando el trabajador cree que su salario no se va a evaporar antes de fin de mes.
Si esas condiciones no existen, ninguna flexibilización seduce a nadie. Y si esas condiciones existen, muchas veces se contrata aun con leyes rígidas.
“Hay que bajar las expectativas. La reforma laboral no crea empleo. La ley acompaña, la economía determina”
Por eso tanto el entusiasmo de los promotores como el dramatismo de los detractores sobredimensionan el alcance real de lo que está en discusión. No estamos ante una revolución productiva. Pero tampoco ante una anécdota técnica.
La reforma puede mejorar el marco de formalización, sobre todo para Pymes. Puede reducir incentivos a la informalidad. Puede ordenar la catarata de juicios laborales que muchas veces funcionan como industria paralela. Puede modernizar herramientas que estaban pensadas para una economía analógica.
Puede hacer todo eso. Lo que no puede hacer es modificar la arquitectura profunda del trabajo argentino.
Esa arquitectura está construida sobre pilares mucho más pesados que cualquier artículo de ley: una economía crónicamente inestable, una cultura empresarial defensiva, un sindicalismo con poder real, un Estado con escasa capacidad de control y un mercado laboral partido en dos mundos que casi no se tocan: los protegidos y los invisibles.
“Entre un gobierno que ha inflado un globo demasiado grande y un sindicalismo que sigue atado al ancla de hace setenta años, difícilmente una norma cambie de un plumazo la realidad argentina”
Ninguna ley desarma eso.
Por eso el debate tiene algo de teatro repetido. Unos prometen una primavera de empleo. Otros anuncian el regreso al siglo XIX. Y probablemente no ocurra ni una cosa ni la otra.
Lo más probable es algo mucho menos cinematográfico: cambios graduales, efectos concretos pero acotados, alguna mayor formalización, algunos juicios menos, algunas Pymes que se animen a contratar, y muchas otras que seguirán esperando a que mejore la economía antes de hacerlo.
Porque ahí está la clave que suele perderse entre consignas: sin crecimiento, sin estabilidad y sin confianza, no hay reforma laboral que funcione. La ley puede sacar obstáculos. Pero no puede crear las condiciones para que alguien quiera correr.
En definitiva, la reforma laboral puede ser una condición necesaria para mejorar el empleo formal en la Argentina. Pero está muy lejos de ser una condición suficiente. Y eso no la convierte en inútil. La convierte en lo que realmente es: una pieza más -y no la principal- de un rompecabezas económico que sigue sin armarse.
La arquitectura del trabajo argentino no se mueve con una reforma. Se mueve cuando se mueve la economía.
