El juicio de Núremberg seguido a los jerarcas nazis dejó una valiosa y excepcional herencia con el juzgamiento en ausencia del secretario de la Cancillería y del Partido Nazi, Martin Bormann. Su condena se construyó sobre las órdenes verbales que daba Hitler a su cadena de mando. No fue sencillo, pero alcanzó con tomar la decisión de llevar adelante un proceso en el que prevalecieran la verdad y la justicia, con pruebas contundentes que acreditaron las responsabilidades.
A más de 30 años del atentado terrorista cometido en la sede de la AMIA, con 85 asesinados y más de 200 heridos, con la reciente sanción de la ley 27.784, que activa la implementación del juicio en ausencia, previa acreditación de intentos razonables de poner a derecho a los acusados con resultado infructuoso, la impunidad de los presuntos responsables podrá llegar a su fin.
La mayoría de los funcionarios iraníes involucrados, inmersos en redes de complicidades internacionales, llevan varios años sin acatar las “alertas rojas” de Interpol vigentes en sus derroteros por el mundo. A partir del artículo 431 del Código Procesal Penal de la Nación, pueden ser ahora inmediatamente declarados rebeldes y la causa elevada a juicio oral y público. Ellos son: Ali Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní entre 1989 y 1997; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica entre 1980-1997 y actualmente secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del régimen; Ahmad Vahidi, excomandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds y ministro del Interior hasta agosto de 2024; Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de esa embajada hasta 1994.
Dos casos tienen particular importancia procesal. Uno es el de Ali Akbar Velayati, exministro de Asuntos Exteriores de Irán entre 1981 y 1997, actualmente consejero del líder supremo de Irán en política exterior, quien puede ser tenido por notificado mediante la utilización del artículo ya mencionado, cuando en un reportaje en C5N de mayo de 2015, al preguntársele si aceptaba ser interrogado por el atentado y por el memorándum, respondió: “¿Ustedes estarían de acuerdo con que los funcionarios argentinos que actuaron contra el acuerdo con Irán y dejaron de vender el uranio enriquecido al 20% sean juzgados aquí?”.
El otro es el del exembajador de Irán desde 1991, Hadi Soleimanpour, detenido en Gran Bretaña en 2003 sobre la base del pedido de extradición argentino, y liberado por considerarse que la evidencia en su contra era insuficiente para la Justicia británica. El acusado puede considerarse notificado en varias de las formas que autoriza la ley, sumado a que el atentado fue declarado crimen de lesa humanidad y imprescriptible en 2006.
Los miembros del grupo terrorista Hezbollah sobre quienes pesan alertas rojas son Samuel Raouf Salman, líder de la Organización de Seguridad Exterior (OSE); Abdallah Salman (El Reda), hermano de Raouf; Ali Hussein Abdallah, quien facilitó domicilio en Ciudad del Este a Raouf; Hussein Mounir Mouzannar, que dio a Raouf Salman un certificado de empleo con fecha del 31 de julio de 1993, y Farouk Abdul Hay Omairi, a quien Brasil ofrece juzgar según las normas de cooperación internacional en materia penal.
A instancias de la investigación del fiscal Alberto Nisman, se cree que, en 1993, desde la ciudad iraní de Mashad, autoridades del país persa comenzaron a planificar el atentado contra la AMIA. Rabbani y Asghari, presentes también entonces, habrían seleccionado con inteligencia previa el lugar donde se llevaría a cabo el atentado, utilizando como brazo ejecutor al grupo chiita Hezbollah. Se recabaron numerosas pruebas que serán ventiladas en el juicio oral y público, en un particular año judicial.
Se enciende ahora una luz de esperanza por justicia efectiva en plazos prudentes y memoria sobre la base de hechos ciertos, juzgados con pruebas contundentes para la historia y reconociendo las reparaciones que correspondan.
