Eduardo Sguiglia es economista y escritor, y en las últimas horas su tinta fue la mejor utilizada para reflexionar con lucidez sobre el momento actual y el devenir argentino: ¿Cómo sostener en el país la conducta fiscal que permitan superávit y poner a raya la inflación?
Lo hizo en un artículo aparecido en Clarín que vale la pena tener a mano.
“La disciplina fiscal es una herramienta clave para contener la inflación argentina. Aunque el verdadero desafío radica en cómo alcanzarla y sostenerla en el tiempo. Esta conclusión puede deducirse de los estudios y conferencias realizados por prestigiosas entidades nacionales e internacionales —como la Universidad de Columbia— sobre los años ‘80 y ‘90 y, especialmente, el comienzo de este siglo, cuando nuestro país registró superávit fiscal y comercial.
Estos trabajos también señalan que, debido a las características de nuestra organización económica, el equilibrio en las cuentas públicas tiene que ir acompañado de cierta previsibilidad en la cotización del dólar, y en la definición de salarios y tarifas.
Asimismo, destacan la necesidad de promover la competencia en los mercados oligopólicos. Un terreno donde la apertura de la economía y las desregulaciones pueden ser útiles. Aunque a veces, como ocurre hoy, no se repara -por desconocimiento o torpeza- en los daños a la industria, o se confunden con la eliminación de institutos públicos esenciales para la ciencia, la infraestructura, la tecnología y la salud.
Y, sobre todo, la mayoría de estos aportes contempla diversas alternativas para lograr el equilibrio presupuestario. Una cuestión que cobra particular importancia en los debates actuales.
Porque las autoridades, en lugar de explorar otros caminos, persisten en rechazar las propuestas parlamentarias y de otros sectores orientadas a mejorar la situación de miles de jubilados, del personal de los hospitales pediátricos de alta complejidad, de las personas con discapacidad y de la comunidad universitaria en general.
Es decir, para alcanzar una meta razonable, que el gasto no supere los ingresos y por tanto sea innecesaria la emisión de dinero que acelere la inflación, prolongan un ajuste que compromete las condiciones de vida de buena parte de la sociedad.
Al mismo tiempo que desatienden la posibilidad de aumentar la recaudación impositiva. Una acción fundamental que permitiría evitar recortes en partidas indispensables y, con ello, sacrificios sociales injustificados e incluso irreparables.
¿Esto implicaría crear nuevos impuestos? No. ¿Subir los actuales? Tampoco. Se trata, más bien, de recaudar de manera más eficiente y equitativa los tributos nacionales. Tal como hicieron numerosos países. Y, en este sentido, con base en los informes de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, conviene hacer algunas observaciones.
Primero, cabe destacar que las principales cargas nacionales son el impuesto al valor agregado (IVA), los aportes a la seguridad social, el impuesto a las ganancias, y el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque). En conjunto, estas fuentes explican el 75% de la recaudación.
El estado nacional comparte de un modo significativo lo que percibe por IVA y Ganancias con las provincias: 55% aproximadamente. Y un porcentaje menor por el impuesto al cheque y a los combustibles. Pero, a la vez, recibe íntegramente los aportes de la seguridad social y los derechos de exportación (retenciones).
Por otra parte, la recaudación de estos gravámenes nacionales representa cerca del 23% del producto bruto interno. Este porcentaje, llamado presión tributaria, es similar al de Brasil y Chile. Y más bajo que el de los países desarrollados, como Alemania y Francia, que cuentan con una estructura impositiva más progresiva gracias al mayor peso del impuesto a las ganancias.
En segundo lugar, debe mencionarse que la evasión histórica en estos cuatro impuestos se estima entre el 30% y el 54% del potencial recaudatorio. Liderada por el IVA, seguida por el impuesto a las ganancias, los aportes a la seguridad social y el impuesto al cheque. En tanto que las infracciones se concentran en las actividades agrícolas, la construcción, el comercio exterior, los servicios profesionales, la venta minorista y la gastronomía.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros organismos, calcula que una reducción del 10% en esta evasión equivaldría al 3% del PBI. Es decir, unos veinte mil millones de dólares de este año. Si la reducción fuese del 20%, la cifra se duplicaría. En síntesis, sumas muy superiores a las demandas sociales que el gobierno desestima por falta de recursos.
Por último, corresponde apuntar que reducir los incumplimientos fiscales no es una tarea sencilla. Aunque en Argentina hubo récords de recaudación con gobiernos de distintas orientaciones: a mediados de los años ‘90 y en el primer quinquenio de este siglo. Que fueron motivados, según los expertos, por un fortalecimiento de la administración fiscal y una mayor equidad tributaria.
(...) Desde luego que para obtener estos resultados es muy importante que el poder político no glorifique ni considere héroes a los evasores, no llame parásitos a los funcionarios públicos y, al unísono, encomie la solidaridad”.
