Una iniciativa impulsada por la bancada de la oposición en el Senado para mocionar el desplazamiento del secretario privado de la Gobernación Diego Eduardo Mosquera, cuestionado por su presunto crecimiento patrimonial, fue el tema central de la sesión de tablas de la sesión de ayer en la Cámara alta y generó un revuelo de proporciones que se inscribe en la puja política con tinte electoralista.
El asunto, plasmado en un proyecto de Resolución, ni siquiera fue aprobado, pero logró el efecto deseado por la oposición: instaló un escándalo que salpica al Ejecutivo por una denuncia cuya veracidad todavía no fue acreditada. La investigación está en la esfera judicial, pero sujestivamente se filtró al ámbito legislativo y provocó un alboróto con cuestionamientos cruzados.
Sucede que Diego Mosquera es un hombre del riñón de Arturo Colombi. Es casi como su sombra y la movida motorizada en la Cámara alta, que tuvo al recinto legislativo como caja de resonancia, obliga ahora al Gobierno a librar una ingrata batalla para limpiar la imágen de un funcionario que es el álter ego del mandatario provincial.
Concretamente los datos ventilados por los senadores indican que Diego Mosquera tiene una cuenta bancaria millonaria y que además realizó gastos abultados mediante tarjeta de débito. Portavoces de 25 de Mayo y Salta desacreditaron esa información, dicen que es falsa. La prueba aportada por los legisladores es un informe que la Afip le mandó a la Justicia. En el oficialismo aseguran que esos números fueron adulterados para “inflar” desproporcionadamente las crifas.
El abogado de Mosquera anunció que iniciará querellas contra los senadores, periodistas y también atacarán al Ministerio Público -que debería manejar en reserva esa información- además del organismo tributario con sede regional en Resistencia (Chaco) que emitió el presunto informe.
Ahorros
Lo cierto es que el secretario privado del Gobernador enfrenta una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La causa está radicada en la Fiscalía de Instrucción Nº 1, a cargo del doctor Buenaventura Duarte y se inició por una acción de oficio del Fiscal General del Poder Judicial César Sotelo. Por ahora está en proceso de investigación y en ese marco, la Afip le habría remitido a la Justicia un estado patrimonial de Mosquera.
El documento -que es parte de una causa judicial y por tanto de cáracter reservado- llegó a manos de los senadores y también de un sector de la prensa que opera para el kirchnerismo.
El senador Gustavo Canteros -un kirchnerista aliado a Ricardo “Lalaca” Colombi- elaboró un proyecto de Resolución impulsando un pedido al Ejecutivo para que obligara a renunciar a Mosquera. La causa: su desmesurado enriquecimiento patrimonial.
El proyecto ni siquiera fue tratado, solamente girado a la Comisión “Recepción de Denuncias de Ilicitos”, pero en ese trámite Canteros aprovechó para ventilar los millones que supuestamente tendría Mosquera en su cuenta bancaria.
En la sesión Canteros fundamentó su iniciativa y aceleró un pedido de tratamiento sobre tablas. El nuevista Jorge Simonetti pidió estudiar el proyecto, pues nadie más que Canteros tenía la certeza acerca de la fidelidad de una fotocopia -que ayer se repartió gratuitamente por la Cámara- y que se parecía a un informe de la Afip sobre los movimientos bancarios de Mosquera.
El expediente fue girado a comisión y será tratado la semana próxima con o sin despacho. De ser aprobado, el gobernador recibirá una nota del Senado pidiéndole la renuncia de su Secretario. Pero lo importante no es eso, sino que la oposición logró mediatizar el escándalo.
Llamativamente minutos antes de que comenzara la sesión el informe de la Afip (que fue sacado del expediente judicial que tiene el fiscal Buenaventura Duarte) fue leído en exclusiva por un programa de la radio FM Metropolitana, un medio que por vía de un testaferro gobierna el kirchnerista Fabián Ríos.
Luego de la sesión el oficialismo salió a desacreditar la denuncia. Dicen que se trata de un movida política con el objetivo de ensuciar la imagen de un funcionario cercano al gobernador. A todo esto, Jorge Buompadre, abogado de Mosquera, anunció que iniciará una querella por injurias, daño moral y otras figuras penales contra los responsables de la divulgación de “información falsa sobre su situación patrimonial”.
Para eso -dice- se tergiversaron los datos mediante un “deliberado corrimiento de comas y puntos para engordar las cifras”.
Hoy darían a publicidad pruebas que refutan el informe divulgado por los senadores de la oposición.
El asunto, plasmado en un proyecto de Resolución, ni siquiera fue aprobado, pero logró el efecto deseado por la oposición: instaló un escándalo que salpica al Ejecutivo por una denuncia cuya veracidad todavía no fue acreditada. La investigación está en la esfera judicial, pero sujestivamente se filtró al ámbito legislativo y provocó un alboróto con cuestionamientos cruzados.
Sucede que Diego Mosquera es un hombre del riñón de Arturo Colombi. Es casi como su sombra y la movida motorizada en la Cámara alta, que tuvo al recinto legislativo como caja de resonancia, obliga ahora al Gobierno a librar una ingrata batalla para limpiar la imágen de un funcionario que es el álter ego del mandatario provincial.
Concretamente los datos ventilados por los senadores indican que Diego Mosquera tiene una cuenta bancaria millonaria y que además realizó gastos abultados mediante tarjeta de débito. Portavoces de 25 de Mayo y Salta desacreditaron esa información, dicen que es falsa. La prueba aportada por los legisladores es un informe que la Afip le mandó a la Justicia. En el oficialismo aseguran que esos números fueron adulterados para “inflar” desproporcionadamente las crifas.
El abogado de Mosquera anunció que iniciará querellas contra los senadores, periodistas y también atacarán al Ministerio Público -que debería manejar en reserva esa información- además del organismo tributario con sede regional en Resistencia (Chaco) que emitió el presunto informe.
Ahorros
Lo cierto es que el secretario privado del Gobernador enfrenta una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La causa está radicada en la Fiscalía de Instrucción Nº 1, a cargo del doctor Buenaventura Duarte y se inició por una acción de oficio del Fiscal General del Poder Judicial César Sotelo. Por ahora está en proceso de investigación y en ese marco, la Afip le habría remitido a la Justicia un estado patrimonial de Mosquera.
El documento -que es parte de una causa judicial y por tanto de cáracter reservado- llegó a manos de los senadores y también de un sector de la prensa que opera para el kirchnerismo.
El senador Gustavo Canteros -un kirchnerista aliado a Ricardo “Lalaca” Colombi- elaboró un proyecto de Resolución impulsando un pedido al Ejecutivo para que obligara a renunciar a Mosquera. La causa: su desmesurado enriquecimiento patrimonial.
El proyecto ni siquiera fue tratado, solamente girado a la Comisión “Recepción de Denuncias de Ilicitos”, pero en ese trámite Canteros aprovechó para ventilar los millones que supuestamente tendría Mosquera en su cuenta bancaria.
En la sesión Canteros fundamentó su iniciativa y aceleró un pedido de tratamiento sobre tablas. El nuevista Jorge Simonetti pidió estudiar el proyecto, pues nadie más que Canteros tenía la certeza acerca de la fidelidad de una fotocopia -que ayer se repartió gratuitamente por la Cámara- y que se parecía a un informe de la Afip sobre los movimientos bancarios de Mosquera.
El expediente fue girado a comisión y será tratado la semana próxima con o sin despacho. De ser aprobado, el gobernador recibirá una nota del Senado pidiéndole la renuncia de su Secretario. Pero lo importante no es eso, sino que la oposición logró mediatizar el escándalo.
Llamativamente minutos antes de que comenzara la sesión el informe de la Afip (que fue sacado del expediente judicial que tiene el fiscal Buenaventura Duarte) fue leído en exclusiva por un programa de la radio FM Metropolitana, un medio que por vía de un testaferro gobierna el kirchnerista Fabián Ríos.
Luego de la sesión el oficialismo salió a desacreditar la denuncia. Dicen que se trata de un movida política con el objetivo de ensuciar la imagen de un funcionario cercano al gobernador. A todo esto, Jorge Buompadre, abogado de Mosquera, anunció que iniciará una querella por injurias, daño moral y otras figuras penales contra los responsables de la divulgación de “información falsa sobre su situación patrimonial”.
Para eso -dice- se tergiversaron los datos mediante un “deliberado corrimiento de comas y puntos para engordar las cifras”.
Hoy darían a publicidad pruebas que refutan el informe divulgado por los senadores de la oposición.
