“La ley del uso medicinal del Cannabis es un logro político, pero un fracaso jurídico”

El proyecto que contempla la investigación científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo del Cannabis (y sus derivados), el miércoles fue convertido en ley en la primera sesión del Senado. Sin embargo, hay debates que continúan abiertos ya que la legalización del autocultivo sigue siendo un tema pendiente. 

En líneas generales el propósito de esta ley, lejos de contemplar la despenalización de la marihuana, establece un marco regulatorio disponiendo al Ministerio de Salud de la Nación la facultad de estudiar el uso del Cannabis medicinal para tratar enfermedades como la epilepsia refractaria, cáncer, parkinson, autismo entre otras.

Además, establece la creación de un registro nacional de los pacientes, que serán los usuarios del aceite cáñamo y otros derivados del Cannabis; siendo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) la encargada de la provisión gratuita a través de la importación o bien desde la confección estatal.

En este contexto, el director nacional del área de políticas de drogas de la Asociación Pensamiento Penal, Mariano Fusero describió a El Litoral la normativa sintetizando que “es un logro político, pero un fracaso jurídico”.

Desglosando esa afirmación, en primer lugar explicó que “sin dudas es un logro en lo político,  porque eventualmente se pudo visibilizar las potencialidades terapéuticas del Cannabis, siendo que durante tantas décadas y casi un siglo de prohibicionismo, fue una sustancia demonizada”. Remarcó que el resultado alcanzado, “se lo debemos a la militancia de los pacientes y al trabajo de las madres de chicos con diferentes patologías que visibilizaron los casos”. 

En segundo lugar, el abogado entiende que el proyecto “es un fracaso en términos jurídicos, es una ley mínima que deja agujeros negros, que nace vieja porque está muy desactualizada con el desarrollo de otros países, que sí habilitan el acceso al autocultivo como es Uruguay o Canadá”. 

Cultivo

El Cannabis tiene cientos de componentes, algunos de los cuales no son provistos por los laboratorios. En este contexto los pacientes que necesitan acceder a este tipo de elementos medicinales específicos son los que necesariamente acceden a la sustancia en estado vegetal. Es ahí donde aparecen las madres que cultivan esta planta para su uso medicinal o bien los denominados “cultivadores solidarios” que brindan de forma gratuita las sustancias medicinales.

Estos últimos puntos no están contemplados en la ley, lo que implica un problema para aquellos pacientes que necesitan acceder al Cannabis ya que deberán esperar que finalicen las investigaciones para no ser penalizados. Al respecto, Fusero expresó: “No tengo números fijos, pero de los pacientes que conozco el 90%  accede a la sustancia mediante el autocultivo por un bienestar en la salud. Pero resulta que estas familias están en riesgo de penalización porque la sustancia está prohibida: la tenencia tiene de un mes a un año de prisión, la tenencia simple hasta seis años de prisión, el auto cultivo tiene penas de un mes a dos años (si es de uso personal), si son cultivadores solidarios (por más que donen la medicina) tienen penas de 4 a 15 años; tiempo casi similar a los de un homicidio”.

Esas penas siguen vigentes, ya que la ley no considera un “mientras tanto, el Estado no puede proveer de la sustancia por lo que las familias quedan en el limbo entre el riesgo de la criminalización”, enunció el abogado mientras criticó la “falta de coraje político para realizar una norma que tenga soluciones prácticas que abarquen a la mayoría de los casos. En esta ley el único avance es la gratuidad que recibirán los pacientes inscriptos en el registro, pero todavía no hay definiciones”.

Salud

Desde el Ministerio de Salud de la Nación todavía no brindaron precisiones de cuándo se creará el registro o quiénes serán los encargados de dar por iniciadas las investigaciones. “Esperamos que estén abocados a eso, porque es una urgencia, esperamos que por lo menos eso poco que se logró con esta norma sea ejecutado de forma rápida por la urgencia de los pacientes”, resumió el director nacional del área de políticas de drogas de la Asociación Pensamiento Penal. 

Para cerrar, si bien el experto en el tema reveló que quedaron algunos puntos por resolver, “esperamos que sean contempladas en las reglamentaciones locales”.