Que no la saquen “Baratta”

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.blogspot.com

Para El Litoral

“No es lo mismo robarle al estado que robarse el estado. El que le roba al estado lo daña y lo corrompe. Pero el que se roba el estado, lo destruye”

Arnaldo Pérez Guerra

“El ciudadano”, marzo 2012

Lopecito debe estar viviendo estos últimos sucesos como una revancha. Hasta la propia Cristina lo condenó públicamente hace dos años. Hoy confía que sean varios los bolseros y beneficiarios, ella incluida, los que le hagan compañía en su celda.

Faltaba una pieza en el rompecabezas. Con la investigación del juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli se encontró lo que podríamos denominar “el eslabón perdido”.

Con el título de “Los cascos de la corrupción”, en junio de 2016 escribí en estas mismas páginas lo que sigue:

“El dinero que el Ing. López tenía en su poder, alguien se lo dio. Y no fui yo”, dijo @CFKArgentina.

Bajo una capa de hipocresía tan gruesa como su maquillaje, se oculta una gran verdad en los dichos de Cristina Kirchner del 16 de junio pasado, luego del escándalo producido por los bolsos atiborrados de dólares, euros y relojes, arrojados por los muros de un convento por quién fuera su Secretario de Obras Públicas, José López.

Es cierto, ella no le dio dinero de su peculio privado de abogada exitosa para llenar los bolsos, eso es casi una verdad de Perogrullo. De acuerdo a las investigaciones en trámite, esos montos fabulosos provienen de la comisión de delitos en perjuicio del erario público, del que Cristina, como presidenta, era la máxima responsable.

No es lo único que escribió Cristina en su muro de Facebook ese día: “Que nadie se haga el distraído. Ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra historia y de la universal”. Lo que se dice: una cátedra de hipocresía al más alto nivel.

Pero tenía razón una vez más, nadie debía hacerse el distraído, menos ella y muchos empresarios que desde tiempos inmemoriales cartelizan la obra pública. 

Tras el maquillaje de sus dichos, se esconde la verdadera naturaleza de la estructura relacional de la corrupción, especialmente en el ámbito de la obra pública, cuya investigación está casi exclusivamente centrada en algunos funcionarios públicos y en unos pocos íconos empresariales del “capitalismo de amigos” del kirchnerismo, como son Lázaro Báez y Cristóbal López.

Sin embargo, son muchos los empresarios de la obra pública, amigos o no del gobierno, que saben muy bien de lo que se trata cuando se habla de corrupción en el área en la que son la contraparte del gobierno. La empresa sueca Skanska fue pionera en los primeros tiempos del kirchnerismo.

La “lista de la felicidad” era confeccionada puntualmente todos los meses por Lopecito, con absoluta discrecionalidad y sin actuaciones que acreditaran el avance de las obras. Los “felices” empresarios, cobraban y, obviamente, retornaban.

Héctor Méndez, ex titular de la Unión Industrial Argentina, dijo que los sobornos eran vox populi. Juan Chediack, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, afirmó que Cristina, De Vido y López sabían lo del pago de coimas. Pero el capital es cobarde, cuando fueron interrogados por la Justicia, ambos contestaron que “no me consta”.

Es verdad revelada que importantes empresarios dedicados a la obra pública pagan el “peaje”, o conocen el sistema para acceder a los contratos, que son los más jugosos y muchas veces de mayor rentabilidad. Sucede en la Argentina y en el mundo.

La “cartelización” empresarial es el modo tradicional de distribuirse las obras públicas y compartir ganancias. El acuerdo colusorio, consiste en eliminar la competencia en las licitaciones públicas, de manera tal de socializar los dividendos entre las empresas del sector, distribuirse los contratos, acordar precios y establecer condiciones.

“Hay cierto grado cartelización de la obra pública con los sobrecostos que ello implica”, dijo en noviembre de 2005 el entonces Ministro de Economía Roberto Lavagna, en la Convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, causando un revuelo que le costaría el cargo.

Obviamente, el “cartel” de la obra pública cuenta con la complicidad del funcionario público, que es el beneficiario del soborno que ello supone, y siempre tiene una consecuencia disvaliosa para el erario público: el sobreprecio.

La estructura de la corrupción tiene, por lo común, un mostrador de dos lados: el del empresario que corrompe y el del funcionario que es corrompido.

Sin embargo, sin ser absolutamente pionera, la Argentina del siglo XXI fue pródiga en una metodología diferente, aquella en la que la estructura relacional de la corrupción queda reducida a un solo actor principal, aunque se simule la bilateralidad. Se trata de un mostrador giratorio, ocupado por el mismo comediante, aunque del lado público se exhiba a cara descubierta y del otro con la careta de empresario.

De tal modo, corruptor y corrompido son lo mismo, tienen identidad, no comparten el producto de las fechorías. El funcionario que representa al estado, que contrata y paga con dinero público, es el mismo que, a través de hombres de paja, es propietario de la empresa que recibe el encargo y el pago. Obviamente, con generoso sobreprecio y adelantos millonarios sobre obras no realizadas. Negocio redondo. Y todo sin tener que repartir el botín. Es una coima a uno mismo.

“Austral Construcciones se fundó una semana antes que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación. Fue adjudicatario de casi el 80% de las obras nacionales en Santa Cruz. Las explicaciones sobran. En concreto, coimas a sí mismo”.

Hasta aquí, el artículo que escribiera en 2016 en el diario El Litoral.

Pero ahora, como dije, apareció el eslabón que faltaba: la relación bilateral de la coima directa, de los empresarios a los funcionarios corruptos, y apareció con mucho detalle en ocho cuadernos casi escolares, con precisas anotaciones de un chofer de Roberto Baratta, funcionario del ministerio entonces a cargo de De Vido.

Los dichosos bolsos repletos de dinero, terminaban en la Quinta de Olivos o en Juncal y Uruguay (domicilio de la familia Kirchner). Alcanzarían a 165 millones de dólares de acuerdo a las primeras estimaciones.

Aunque parecía que nada nos podía ya sorprender a los argentinos, con estos nuevos descubrimientos queda plenamente acreditado que la capacidad humana de asombro no tiene límites. ¿Y lo que todavía no se sabe?

Derechos humanos, justicia social, socialismo del siglo XXI, y demás yerbas, todo eso lo metieron en un bolso para convertirlo en la más formidable, gigantesca, totalizadora, desvergonzada, canallesca, ilimitada, corrupción de estado, desde el más alto nivel, que no dejó moneda por llevarse del erario público y no escatimó metodología para hacerlo.

Tiene razón Pérez Guerra. No le robaron al estado, se robaron el estado y lo destruyeron. Y todos los argentinos estamos pagando las consecuencias.