¿Qué reforma laboral?

Por José Armando Caro Figueroa

Publicado en Clarín

Ciertos sectores políticos y patronales están impulsando reformas al modelo sindical, al régimen de contrato de trabajo y al sistema de obras sociales. Simétricamente, las fuerzas sindicalmente organizadas rechazan la iniciativa y, una vez más, se aprestan a resistirla en todos los frentes.

Los entusiasmados reformistas dan por supuesto que el costo laboral argentino (salarios, más regulaciones, más cargas sociales, más poder sindical) es el responsable único o determinante de la inflación, de la desocupación y del estancamiento.

Se trata, en mi opinión, de un discurso interesado que coloca en un plano subalterno los graves problemas estructurales que padece la Argentina: 

l Predominio de reglas unitarias que desconocen el principio federal.

l Asimetrías regionales. Ausencia de moneda.

l Déficits de infraestructuras, de inversiones y de innovación.

l Baja productividad y cepos.

l Indetenible desigualdad, ejército de marginados.

l Fracaso de la educación y de otros servicios públicos.

Con el 50% de inflación anual, el 50% de trabajo no registrados, el 20% de asalariados pobres, y con la abrumadora mora en la Justicia del Trabajo es una falacia interesada sostener que nuestros problemas de producción y empleo se solucionan rebajando la indemnización por despido arbitrario.

En el contexto actual, la generalización del régimen de despido vigente en la industria de la construcción (o variantes de la “mochila austríaca”) conllevaría, además de una ruptura con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, un enriquecimiento de segmentos del patronato y el simétrico empobrecimiento de los trabajadores.

La notoria injusticia de esta propuesta de reforma puede acarrear efectos electorales adversos a quienes la impulsan (los perjudicados por las amenazas de cambios injustos revisarían su voto) y, ciertamente, la harían inviable política y parlamentariamente.

Es bueno recordar que en 1997 el Gobierno y la CGT habían arribado a un acuerdo (“Acta de Coincidencias”) para reformar el régimen de despido y la negociación colectiva laboral y sanear el sistema de obras sociales. Un acuerdo que no llegó a concretarse por cambios ocurridos en el escenario político y a raíz de que la patronal autárquica pretendía instaurar el despido libre y gratuito.

Dicho Acuerdo de 1997 se insertaba, como es sabido, en un escenario de estabilidad monetaria y de precios, integración (con rasgos de imprudencia) en la economía mundial, consolidación del poder adquisitivo de los salarios, desocupación levemente descendente y dialogo tripartito.

Añado que entre aquella organización de la economía y la actual desorganización media un abismo que añade inviabilidad a una reforma laboral al estilo de la intentada en los años de 1990.

Es relativamente fácil imaginar (en tertulias y reuniones unánimes) nuevos diseños laborales y sindicales. Pero las posibilidades de que estos productos de la imaginación lleguen al boletín oficial de la Argentina democrática son, a mi modo de ver, nulas.

Pero, aun en el caso de que una estricta minoría mayoritaria lograra sancionar las normas que abroguen el modelo sindical peronista, adelgacen la Ley de Contrato de Trabajo, flexibilicen la negociación colectiva y echen por tierra el régimen de salud gestionado por los sindicatos, no hay ninguna garantía de que tal aventurada reforma vaya a contribuir a la paz social, al incremento de la productividad, al aumento del empleo decente, a poner fin al atraso del Norte argentino.

Una reforma laboral legítima, viable y eficaz solo puede ser producto de un acuerdo social tripartito que explicite y equilibre costos y beneficios y que garantice las medidas compensatorias allí donde sean necesarias.

Desde luego que tal acuerdo social tripartito ha de construirse en paralelo con un Acuerdo Político entre las dos grandes coaliciones que se disputan supremacías. Un acuerdo que debería proponerse garantizar las libertades y la independencia judicial, así como para reformar nuestra organización económica, nuestra educación y nuestra formación profesional.

Los cambios que son imprescindibles para salir del atraso han de contemplar también modos y compromisos para que en la Argentina sean plenamente vigentes las reglas de la OIT en materia de libertad y democracia sindical, derecho de huelga y trabajo decente.

No creo que valga la pena someter al país al enorme desgaste de una reforma laboral dictada por los intereses de uno solo de los actores sociales, con la mezquina finalidad de reforzar las ganancias de los ganadores.