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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

24 de febrero - Por Juan Carlos Raffo

Corría el año 1858... y Urquiza anuncia a Alsina que no permitirá por mucho tiempo el estado de secesión. Advierte el presidente de la Confederación al gobernador de Buenos Aires comunicándole que usará la fuerza si es necesario, pero no admitirá que el país continúe dividido. Eran los primeros ruidos políticos que concluyeron con los enfrentamientos militares en Cepeda primero y, finalmente, en Pavón.

El Congreso de la Nación, con sede en Paraná, disponía por entonces, a través de la denominada Ley de Derechos Diferenciales, que todos los productos que se exporten desde la Confederación sean alcanzados por las reglamentaciones de la norma que se había votado a mediados de 1856. En medio del clima de guerra existente, sin duda que esta disposición tiende a exasperar los intereses económicos de Buenos Aires.

   En septiembre renuncia en pleno el gabinete de Urquiza a raíz de desinteligencias entre sus componentes sobre las negociaciones con Brasil e Inglaterra como potenciales aliados para enfrentar a Buenos Aires y en San Juan lo matan en la cárcel de esa capital cuyana al general Nazario Benavides, quien permanecía preso desde hacía un mes por orden del gobernador. Los enviados de Urquiza llegaron tarde y solo pudieron cumplir con la misión de detener a Gómez Rufino y a su ministro Laspiur e intervenir la provincia. 

Instalaron a José Antonio Virasoro al frente del gobierno de San Juan. El correntino y hermano del exgobernador Benjamín Virasoro es puesto en el cargo por el ministro del Interior de la Confederación, Santiago Derqui. Mientras tanto Urquiza estaba en Asunción solucionando satisfactoriamente un conflicto planteado entre los Estados Unidos y Paraguay. Se habló de límites y hasta de una posible alianza de los paraguayos con la Confederación para enfrentar a Buenos Aires. La oficiosa intervención de Urquiza en el entredicho internacional aumentó su prestigio político en momentos fundamentales. 

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