Un camino hacia el diálogo

Hace dos semanas muchos pudieron haberse ilusionado con las palabras de Alberto Fernández en la inauguración del Consejo Económico y Social. En esa oportunidad, el primer mandatario instó a que “de una vez apostemos al diálogo y a construir el futuro entre todos, una vez que dejemos de pelear por la miseria de defender nuestros intereses”.

Lamentablemente, las contradicciones en el discurso presidencial siguen estando a la orden del día, como se vio el lunes pasado, en ocasión de la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso por el presidente de la Nación. El mensaje del jefe del Estado ante la Asamblea Legislativa será recordado no precisamente por las propuestas para superar los problemas del país, sino por su tono confrontativo y por sus duros ataques a jueces, dirigentes opositores, periodistas y empresarios, a los que identificó, empleando el tradicional libreto de Cristina Kirchner, como “poderes económicos concentrados”.

En ese contexto, pocas esperanzas puede despertar la creación del Consejo Económico y Social, independientemente de la buena voluntad del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Beliz, dentro de cuya órbita está el flamante ente.

Sus funciones consisten en la elaboración de un conjunto de programas y políticas que deberán ser consideradas por el Presidente, aunque no serán vinculantes. El decreto que creó al Consejo define varios campos de estudio o “misiones” sin que sean excluyentes. Por lo tanto, el nuevo organismo parecería tener libertad para orientar sus temáticas. Fueron designados sus 25 integrantes, de los cuales 19 representan entidades gremiales o empresarias, y 6 son académicos o personas independientes. Algunas de estas últimas cuentan con prestigio y méritos bien ganados, como la rectora de la Universidad Nacional del Noreste, Delfina Veiravé, y la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo.

Hay que decirlo, no es la primera vez que se materializa un proyecto de este tipo en la Argentina.

Pero la participación corporativa resulta esencial. Logrado este propósito, no se podrá esperar mucho más que actas que dejen constancia de lo dialogado y, eventualmente, algún acuerdo sobre objetivos muy generales y no discutibles. Al nuevo Consejo se le han fijado objetivos propios de un ente de planificación, pero se le ha dado el carácter de un órgano de representaciones corporativas. El objetivo de consensuar recomendaciones sobre políticas públicas se enfrentará seguramente a la oposición de intereses y a una enorme dificultad para acordar propuestas concretas. Esperemos que no termine diluyéndose en documentos de escasa utilidad.

No está previsto en nuestra Constitución nacional ni en la tradición institucional un ente especialmente creado para elaborar políticas o medidas de gobierno, con predominio de representantes corporativos. La reforma constitucional de 1994 estableció taxativamente el sistema de partidos como mecanismo para elegir representantes en el Poder Legislativo, que es donde se delibera.

Una condición para que esta nueva iniciativa sea provechosa es que todos los convocados a integrar el Consejo Económico Social sean personas versadas en sus materias y que no representen a un sector específico.

Esto no debiera impedir filiaciones partidarias ni tampoco orientaciones ideológicas que, excluyendo extremos, debieran ser diversas. En ese caso las propuestas que se elaboren, aunque sin carácter vinculante, contarían con peso para ser convalidadas en la tarea legislativa y ejecutiva.

El 1º de marzo ante los legisladores, Alberto Fernández pronunció un discurso beligerante, en quien parece radicar el poder real. Sus palabras lo mostraron decidido a ampliar la brecha y muy distante del propósito de unión nacional con que se presentó la creación del Consejo Económico y Social.

La salida a los graves problemas del país sólo podrá provenir de un diálogo genuino y constructivo entre las autoridades y las distintas fuerzas políticas, sin mala fe ni dobles intenciones. La preservación de la institucionalidad, tan amenazada en los últimos tiempos, y la necesidad de enfrentar el panorama social y sanitario exigen un sincero tránsito por la senda de los acuerdos.