En septiembre próximo se cumplirán diez años del inicio de la llamada “guerra narco” en Rosario con la aparición en la escena pública del crimen por encargo. La ejecución de Martín Paz por parte de la banda Los Monos en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día, marcó lo que una década más tarde se impuso como un engranaje aceitado del negocio narco: la lucha entre bandas criminales montada sobre una violencia permanente, que provocó 2104 asesinatos en todo ese período, según cifras oficiales. Esa imparable ola de crímenes, sin embargo, no se circunscribe a Rosario. El conurbano bonaerense es una muestra.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, planteó acertadamente que el narcotráfico será el “principal problema de la Justicia” en los próximos años. Y fue contundente al opinar que “la batalla se está perdiendo”.
Desde que comenzó el corriente año 20 personas fueron asesinadas en un contexto de máxima tensión en Rosario. La principal sospecha es que esos crímenes fueron cometidos por sicarios tras fuertes amenazas a raíz de la detención de la viuda y de un hijo adolescente de Claudio Cantero, exlíder de la banda Los Monos. A madre e hijo les secuestraron 23 armas, autos, motos, joyas, droga y 4 millones de pesos.
La inusitada violencia que aterra a los santafesinos adquiere formas cada vez más sofisticadas, transformándola en un poder mafioso que afila sus métodos para generar pánico.
En la ciudad de Buenos Aires resulta preocupante, también, que ante la inercia oficial, mucha gente esté tratando de hacer justicia por mano propia.
El caso de Rosario, sin dudas, es dramático. Las últimas investigaciones sobre juego clandestino que encabezaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pusieron luz sobre la connivencia política de sostén de esa estructura mafiosa, que, en gran parte, se gerencia desde las cárceles.
El Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, que reunió recientemente a expertos en seguridad para analizar el problema del crimen organizado en Rosario, describió una situación más que preocupante.
“El diagnóstico expone una situación crítica y de larga data, donde se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado (...) han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales”, señala un documento firmado, entre otros, por el director del centro de estudios, el abogado Juan Félix Marteau.
Uno de los elementos que esos expertos analizaron fueron precisamente “las debilidades institucionales del Estado en todos sus niveles y poderes, carencias del proceso de democratización e incidencia de una corrupción transversal a la sociedad y los partidos políticos en todos sus estamentos”. También hallaron “pobres niveles de profesionalización de las fuerzas de seguridad”.
En el lapidario documento se llega a la conclusión de que “el encarcelamiento de los jefes de las organizaciones criminales más relevantes, así como la segmentación actual en grupos o bandas narcocriminales más pequeñas y autónomas, no ha conducido a la disminución de los altos índices de violencia en Santa Fe” (...).
Entre las estrategias de lucha contra estos eslabones del crimen organizado se pone bajo la lupa “la investigación financiera y patrimonial (...) teniendo particularmente en cuenta el uso distorsivo de las finanzas digitales y las nuevas tecnologías por parte de estos grupos criminales”.
Se menciona, además, la necesidad de fortalecer y reinstitucionalizar el servicio penitenciario —incluido su sistema de inteligencia al interior de las cárceles— como otra medida de prioridad inmediata.
Si la lucha contra el narcotráfico no se convierte, de una vez por todas, en una política de Estado, la tragedia que desde hace años vive Rosario y que se extiende aceleradamente por el resto del país comprometerá aún más gravemente el futuro. Para ese entonces, ya será demasiado tarde.
Temas del día:
