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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Cáterin vergonzante

El uso y abuso con fines privados de la flota presidencial y de los aviones y helicópteros por parte de funcionarios y amigos del poder se tornó vergonzante.

Si las sumas involucradas ya preocupaban al ciudadano de a pie, cada vez más alejado de pensar en sacar un pasaje aéreo con fines turísticos, una reciente investigación periodística sumó otro preocupante condimento.

El servicio de catering en los vuelos de la flota presidencial demandó la friolera de 9.375.000 pesos en los últimos seis meses. Más recientemente, por contratación directa, se adjudicó a Líneas Aéreas del Estado (Lade) una partida de 500.000 pesos mensuales para comidas en vuelos de aviones y helicópteros dependientes de la Presidencia de la Nación por este año. Los expedientes al respecto revelan con gran nivel de detalle los convenios y especificaciones de alimentos y bebidas de primera calidad que se ofrecen a los ilustres viajeros. Funciona como una orden de compra abierta y luego se factura lo efectivamente consumido. 

Las opciones a septiembre pasado incluían 161 variedades de menús, productos y cajas, mientras que el nuevo convenio, vigente a partir de marzo, contempla 226, que incluyen algunos alimentos importados, tales como cerezas, arándanos, pistachos, queso brie, salmón ahumado y jamón crudo, aunque se borró de la lista el champagne extra brut, que figuraba hasta entonces.

No es necesario ser muy sagaz para entender que el incremento no sería atribuible a la inflación, sino a la ampliación de las demandas o gustos de los comensales.

Sí resulta llamativo que los valores de los alimentos cotizados observados lejos están de aquellos que el Gobierno pretende imponer para la canasta familiar a través del programa Precios Cuidados: el costo del servicio impacta con diferencias por encima del 150 % para muchos productos, en exceso recargados en la intermediación.

Bastaría también recordar las tendencias mundiales respecto de la provisión de viandas a bordo para bajar los precios de los vuelos, o las promesas de campaña sobre el asado, entre otras muchas consideraciones contrapuestas que podríamos listar.

Que algunos funcionarios vivan como reyes a costa del erario público en un país con no menos de 17 millones de pobres, alrededor de un 51 % de niños con necesidades básicas insatisfechas y un 63 % de jubilados que cobran el haber mínimo —cien veces menos que la suma de las dos jubilaciones de privilegio que percibe la vicepresidenta Cristina Kirchner— resulta obsceno y confirma cuán alejados de la realidad ciudadana se encuentran nuestros gobernantes.

Una inflación anual que, de acuerdo con los datos de marzo, ya se proyecta por encima del 70 %, y que castiga principalmente a los que menos tienen, amenaza con agravar la emergencia alimentaria en la Argentina. Comedores populares abarrotados, bancos de alimentos desbordados de pedidos y escandalosas cifras de malnutrición infantil son ingredientes que nadie puede desconocer en la actualidad. Sin embargo, la clase política defiende sus dietas, engorda privilegios y se mofa de una ciudadanía harta ya de tantos abusos.

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