Los números que no ayudan

Bajo el pomposo anuncio de un Plan Integral de Regularización del Empleo Público, el Gobierno presentó la plataforma Concursar 2.0 y dispuso que 29.000 personas contratadas en diversas áreas de la administración pública se incorporen por concurso a la planta permanente. Es este un hecho reiterado en la historia de nuestra burocracia estatal. Cuando se acerca un cambio de gobierno, la intensa presión del personal contratado pugna por lograr esa estabilidad que, por disposición constitucional, beneficia al empleado público. Acceder al pedido no impacta en el bolsillo de quien toma la decisión, pero la gratitud de los favorecidos le suma rédito político.

Cuando ese funcionario asumió su cargo se encontró en su estructura con empleados —algunos seguramente sumados por la gestión precedente— que habían adquirido los vicios propios de quien no teme perder su empleo. Costaba hacerlos trabajar y además no les tenía confianza. La solución fue contratar a miembros de la tropa propia para que trabajen y dejar que los existentes vegeten de ahí en más, sumando “ñoquis”. De esta forma, en cada gestión de gobierno se agrega una capa geológica de empleo público.

 El salto en el gasto, que luego habrá que sostener en el tiempo, se produce en los inicios de la nueva gestión, cuando ingresa su propia camada de contratados. Afirmar que su incorporación a planta permanente no implica un incremento del gasto es un argumento engañoso e irresponsable para defender la medida. 

En realidad, se transforma un gasto reversible, como es el de los contratos, en otro supuestamente fijo. Debe suponerse además, que previamente a esa transferencia de recursos humanos, el Poder Ejecutivo habrá tenido que disponer ampliaciones y cambios en las estructuras para generar las vacantes. En los considerandos de los decretos para justificar esos nuevos puestos se desarrollan los más acabados ejercicios de imaginación, intentando explicar por qué razón hacen falta más empleados en el área.

El aumento de la planta de personal va a contramano de la dirección que debiera seguirse frente al dramático crecimiento del gasto público y del déficit fiscal. El número de empleados de la administración nacional, sin incluir universidades ni empresas estatales, era de 291.287 en 2001 y trepó a 401.262 en 2016. 

En sus cuatro años de gobierno Mauricio Macri redujo esa cifra en 49.800 empleados, principalmente por efecto de jubilaciones, retiros voluntarios y no renovación de contratos. En los primeros dos años de gestión de Alberto Fernández, se aumentó la dotación en 10.380 personas. En ninguna de las dos últimas administraciones hubo un rediseño de la superestructura, ya que si bien la cantidad de ministerios fue más de una vez modificada, siempre numéricamente por encima de toda lógica, no varió prácticamente el número de unidades administrativas, esto es secretarías y subsecretarías.

Puede deducirse así la importancia del impacto de 29.000 nuevos cargos de planta permanente. ¿Qué razonables funciones incorporó el Gobierno para necesitar un 33 % más de empleados administrativos que veinte años atrás? El trabajo de digitalización e informatización desarrollado por el ministro Andrés Ibarra durante el gobierno de Macri pareciera no tener su correlato en una reducción de personal. 

Pretender jerarquizar el rol de los empleados públicos, aumentando desaprensivamente su número, carece de lógica. El engorde de la planta permanente en esta cantidad de cargos es una evidencia de que el actual Gobierno no piensa encarar en lo inmediato la tan necesaria reforma del desmesurado aparato estatal. El amiguismo y la conveniencia política, a costa del bolsillo de todos los argentinos, continúa primando por sobre la impostergable racionalización del gasto.