La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) volvió a la carga. Cualquier excusa es buena para paralizar la actividad docente en las aulas, trasladarla a las calles y ganar impacto mediático. En esta oportunidad, una cuestión provincial fue nacionalizada y afectó a 15 millones de alumnos. La organización gremial pide la absolución de condena a Santiago Goodman, sindicalista chubutense que, con una quema de gomas en 2019, desató un incendio frente a la Legislatura provincial en protesta por la muerte de dos docentes en un accidente de tránsito luego de una manifestación. La pena por “incendio gravoso” y daños en un edificio público se fijará la semana próxima con la sentencia, pero pueden corresponderle entre tres y diez años de prisión.
Fue precisamente Chubut donde en 2019 se sucedieron 17 semanas de huelgas docentes. Roberto Baradel, líder de Ctera y quien entre 2015 y 2019 organizó 62 paros en la provincia de Buenos Aires, revalidó su poder con amplio margen en mayo pasado. El socio político del kirchnerismo dirige una entidad de segundo grado que nuclea a sindicatos con 250.000 afiliados sobre un total de 1.200.000 maestros en el país. Desde su tribuna de delantales no titubea en apoyar el delito, la vandalización y la criminalidad para horror de los padres que confían la educación de sus hijos a estos siniestros personajes.
Vivimos en un estado de subversión de principios y valores cuyos mecanismos se replican a distinta escala y con alcances diversos. Uno de los caballitos de batalla de la ideología imperante es la oposición consuetudinaria a las decisiones de la Justicia cuando no resultan favorables a los interesados. Si hasta se ha planteado la reforma del sistema para acomodarla a su necesidad de impunidad.
Así como en las aulas un padre se siente con derecho a recriminar encendidamente al docente por un aplazo a su hijo, o una vicepresidenta a impulsar una recusación ridícula en el afán de obstaculizar un proceso judicial que vislumbra desfavorable, son ahora los docentes quienes en esa hermandad sindical de personajes con ribetes mafiosos convocan a parar “contra la criminalización y judicialización de la protesta social”. Argumentan que se trató de una causa armada con espionaje ilegal. Pretenden, desde el vacío impuesto una vez más a las aulas, activar un mecanismo mágico capaz de retrotraer la situación judicial de quien ya atravesó las instancias del debido proceso con un resultado adverso. Guiones replicados de una película desteñida.
En una sociedad cuyas instituciones se ven violentadas diariamente, se insiste en instaurar la amenaza y la extorsión como moneda de cambio a distintos fines. Si no se les da lo que piden, cortan la calle. O bloquean la fábrica o vacían la escuela. Se trata de perversos comportamientos que se multiplican en diversas direcciones desde hace demasiado tiempo. Precisamente porque nadie les ha puesto coto.
En el combo de reclamos del día, los maestros agremiados sumaron la apertura de las paritarias, el aumento a los jubilados docentes y la discusión de la jornada extendida, además del pedido de resolución de los conflictos que el sector atraviesa en Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes. Se trata de la primera huelga docente en tiempos del actual gobierno.
En junio pasado, Oscar De Isasi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires, había explicado que las marchas y protestas se hacen en días laborables porque muchos de los trabajadores usan los domingos para ver fútbol. Sorprende tamaña sensatez y sabiduría para inculcar a los niños. Por su parte, Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA), se diferenció de Ctera al explicar que ellos paran por salarios y derechos de los trabajadores y no en defensa de cuestiones personales.
Las medidas de fuerza de las corporaciones sindicales integran el triste patrimonio de una sociedad con demasiados actores que se resisten a respetar la ley. Aun bajo muchos de los dramáticos efectos educativos de la pandemia, nuestros niños vuelven a faltar a clase, obligados a convertirse una vez más en rehenes de las disparatadas decisiones de un grupo de inadaptados. Las autoridades debieron declarar la conciliación obligatoria, garantizar el derecho a trabajar de una gran mayoría de abnegados maestros y frenar estos procederes que, desde el hartazgo, una sociedad cuestiona.
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