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/Ellitoral.com.ar/ Nacional

La Justicia investiga otra megacausa contra los piqueteros

El expediente también comenzó con llamados a la línea 134. 

La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que tiene en vilo a los principales grupos piqueteros se activó esta semana con una serie de allanamientos, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos. En ese expediente, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, hay más de 1000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134.

La causa que tramita en el juzgado de Lijo -uno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema- incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA). La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.

Según fuentes judiciales consultadas por este medio, las denuncias además apuntan a supuestos delitos provocados con motivo de las marchas del 8 de marzopor el Día de la Mujer, y la movilización del 24 de marzo. “Entre otros cosas se investigan amenazas a los beneficiarios de los planes por no ir a las marchas”, puntualizó uno de los investigadores.

El expediente es voluminoso por el caudal de denuncias. “Tenemos más de mil formularios de denuncias ingresadas a través del 134, estamos analizando cada caso y determinando quiénes eran los que hacían las amenazas”, apuntó la misma fuente. Pese a que la causa recién comienza, el juez Lijo ya ordenó informes de cuentas y varias declaraciones testimoniales.

*Infobae

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