La familia de Alejandro Carranza Medina, un ciudadano colombiano de 42 años, presentó este martes una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC.
Afirmaron que Carranza fue asesinado ilegalmente durante un bombardeo de las fuerzas armadas de Estados Unidos el 15 de septiembre, en aguas del Caribe, frente a la costa de Colombia.
Se trata de la primera denuncia formal contra los bombardeos ordenados por la administración de Donald Trump sobre embarcaciones sospechadas de narcotráfico.
La Casa Blanca justificó estos ataques bajo una interpretación inédita de la ley, que ahora es cuestionada ante organismos internacionales. La ONU ya advirtió que estas acciones podrían tratarse de “ejecuciones extrajudiciales”.
El reclamo de la familia y la denuncia ante la CIDH
La presentación fue realizada por el abogado de derechos humanos Dan Kovalik, radicado en Pittsburgh. En el escrito, Kovalik detalló: “El 15 de septiembre de 2025, el ejército de Estados Unidos bombardeó la lancha de Alejandro Andrés Carranza Medina, que navegaba en el Caribe colombiano. Carranza murió en ese ataque”.
El abogado identificó al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, como responsable de la orden, citando declaraciones públicas del propio funcionario.
“De numerosos reportes periodísticos, sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., fue quien ordenó el bombardeo de lanchas como la de Alejandro Carranza Medina y la muerte de todos los que iban a bordo. El propio Hegseth admitió que dio esas órdenes sin saber la identidad de los objetivos”, sostiene la denuncia.
Además, el escrito remarca que el entonces presidente Donald Trump “ratificó la conducta” de su secretario de Defensa.
Según su familia, Carranza era un simple pescador
Según su familia, Carranza era pescador y solía salir en busca de marlines y atunes
En diálogo con la agencia de noticias AFP, Katerine Hernández, su esposa, era un “muchacho de bien” y una “buena persona” que se dedicaba exclusivamente a la pesca.
“¿Por qué le fueron a arrebatar la vida así como se la arrebataron?“, se preguntó.
Antes de ir a pescar por última vez, Carranza le dijo a su padre, Alejandro Elías Carranza, que se dirigía a una zona donde “había buen pescado”.
Durante días perdió contacto con su hijo, hasta que se enteró del bombardeo por la televisión. “Los días pasaban y pasaban y no llamaba”, recordó su esposa.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, también defendió esa versión y aseguró que Carranza era un pescador cuya embarcación sufrió un problema mecánico durante su recorrido.
“La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”, escribió el mandatario en la red X. “No tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar”, añadió al denunciar una violación de Estados Unidos a la soberanía de aguas colombianas y un “asesinato”.
El ataque y la versión oficial de Estados Unidos
El día del bombardeo, Trump anunció en su red social Truth Social: “Esta mañana, por mis órdenes, las fuerzas militares de EE.UU. realizaron un segundo ataque cinético contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas identificados en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”. El mensaje incluyó un video de una lancha antes de ser destruida.
Aunque Trump afirmó que la tripulación era venezolana, el gobierno colombiano identificó a los fallecidos como ciudadanos de Colombia.
La administración Trump reconoció públicamente 21 bombardeos sobre supuestas “narcolanchas”. Carranza habría muerto en el segundo de estos ataques.
Al ser consultada por The Guardian por la denuncia, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, evitó responder sobre el caso y acusó a la prensa de “proteger a terroristas extranjeros que trafican drogas mortales destinadas a asesinar estadounidenses”.
Qué busca la denuncia y cómo sigue el caso
El abogado Kovalik explicó: “Creemos que este es un camino viable para cuestionar la muerte de Alejandro. Vamos a buscar reparación para la familia y que EE.UU. sea obligado a detener estos ataques a embarcaciones. Es solo un primer paso, pero creemos que es importante”.
La CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene como misión “promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio occidental”. Estados Unidos es miembro y, en marzo, el Departamento de Estado de Trump aseguró que “preservar la autonomía de la CIDH es un pilar de nuestra política de derechos humanos en la región”.
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