El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” articulada a través de “un núcleo operativo personal” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”. La investigación indaga sobre la existencia de una supuesta trama de blanqueo de dinero con el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a esta compañía aérea tras la pandemia. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar al exlíder socialista el próximo 2 de junio.
Según confirman fuentes de la investigación a EL PAÍS, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional este martes ha registrado la oficina de Zapatero, la de la empresa de sus hijas, Whathefav S. L., así como otras dos mercantiles (Inteligencia Prospectiva S. L. y Softgestor) que eran clientes de Análisis Relevante S. L., una consultora que centra la investigación. La mercantil —creada por Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero— cobraba de Plus Ultra y, a su vez, pagaba al expresidente. Además, los agentes han realizado requerimientos de documentación a entidades públicas como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al grupo empresarial chino Aldesa. El juez apunta a la creación de una empresa en Dubái por orden del expresidente supuestamente para recibir fondos y evitar su rastreo en España.
Esta es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno está investigado en una causa por corrupción. La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón lleva desde 2024 indagando en el paradero del dinero del rescate otorgado en marzo de 2021, después de que llegaran dos peticiones de información de las autoridades de Suiza y de Francia por supuestas maniobras de blanqueo de capitales en ese territorio. A finales de 2025, el asunto fue judicializado en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que lo envió a la Audiencia Nacional. El 11 de diciembre, la UDEF registró la sede de Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli.
En el auto de imputación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez Calama identifica “una estructura organizada y estable” que estaría destinada “al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”. Sitúa a Zapatero en el “vértice”, como su presunto líder, debido a sus “contactos institucionales y empresariales de alto nivel”. Y el “centro de coordinación de la red”, en su oficina particular de la calle Ferraz de Madrid. Desde allí, detalla el instructor, “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”.
El instructor detalla que esa presunta trama estaría destinada a beneficiar a terceros, “principalmente” a Plus Ultra. No obstante, apunta a otro supuesto foco de influencia ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de los vuelos de Plus Ultra. También afirma “la intervención directa” de Zapatero en “operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke [un subproducto del refinamiento de crudo que tiene valor propio como combustible], oro, compraventa de acciones o divisas".
“Alrededor” de Zapatero actuarían una serie de “colaboradores de confianza”, entre los que destaca Julio Martínez Martínez, al que la trama apoda “el tocayo” y que se encargaría de “la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos”. En un tercer nivel se ubicarían María Getrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero que estaría “encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación”; y Cristóbal Cano, hombre de confianza de Martínez Martínez que sería el “gestor diario” del entramado societario y de la facturación ad hoc.
El instructor explica que “esta red se articula mediante un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos”, cuyos principales destinatarios serían el expresidente y la empresa de sus hijas, Whathefav S.L.
Entre las sociedades instrumentales cita a Caletón Consultores y Summer Wind que, según el magistrado, demuestran la triangulación de pagos y participación de administradores con funciones de testaferros que refuerza la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y el destino del dinero.
Dos vías para el rescate
El juez recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros de la SEPI mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Y que, para ello, pusieron en marcha dos líneas de influencia diferenciadas y que operaron de manera simultánea. Una, a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, y otra con Zapatero como cabeza visible. Fue esta última la que supuestamente terminó teniendo un “papel predominante” y permitió a la aerolínea conseguir su objetivo.
El auto recoge también una carta fechada el 25 de mayo de 2020 que el consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, envió “siguiendo instrucciones” de Zapatero al vicepresidente del Banco Santander para pedir ayuda y obtener un crédito ICO para la mercantil porque no habían tenido “respuesta favorable” de una sucursal del banco. En la misiva, Martínez Sola, que fue detenido el 11 de diciembre, describe que su empresa “está realizando numerosos vuelos a China para el transporte de material sanitario relacionado con el covid-19”. Un día después, el 26 de mayo de 2020, el dueño de la compañía, Rodolfo Reyes, preguntó al director económico de la empresa, Roberto Roselli, cómo iban las gestiones de Zapatero con el Santander y Roselli le contestó que “se están moviendo”. Reyes le recordó entonces que ellos cobraban “si se mueven”. Fuentes financieras señalan que ese crédito nunca se formalizó.
Además, el juez destaca la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada. Fue en febrero de 2011, cuando dos de los investigados intercambiaron mensajes ahora intervenidos por la Policía en los que estos celebran la concesión de la ayuda a Plus Ultra cuando la decisión formal sobre la misma y la aprobación definitiva no tuvo lugar hasta el 9 de marzo, un mes más tarde. En este punto, el magistrado señala que el contacto de la aerolínea con Zapatero no fue casual, sino que se insertaba precisamente en la existencia de esta trama de ejercicio ilícito de influencias que presuntamente lideraba el expresidente.
Dubái, supuesto destino del dinero
Calama explica asimismo que la estructura investigada no se limita a España, sino que se creó “al menos” una sociedad off-shore con un plan de negocios de tres millones de dólares en cinco años. Fue Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, una mercantil de Julio Martínez Martínez. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España llevan al juez a pensar que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro impidiendo su trazabilidad.
En el epicentro de esta trama está la empresa Análisis Relevante, una consultora propiedad de Martínez Martínez que cobró de Plus Ultra y que, a su vez, realizó pagos a Zapatero. Esta consultora pagó, supuestamente, unos 490.780 euros brutos al expresidente por labores de “consultoría global” y otros 39.755 euros a Whathefav (la empresa de las hijas). De modo que el magistrado concluye que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante —procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa—, terminaron en el entorno de Zapatero.
Entre las empresas registradas está, precisamente, Inteligencia Prospectiva, controlada por la familia venezolana Amaro Chacón y que, según fuentes de la investigación, era también cliente de Análisis Relevante. Esta mercantil también se dedica a labores de consultoría y fue creada en 2020. Además, se ha registrado Softgestor, mercantil dedicada a la asesoría jurídica.
Al mismo tiempo, los agentes han realizado requerimientos de información a distintas empresas. Uno de ellos ha sido dirigido a la entidad pública SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que fue la encargada de dar luz verde al rescate de la línea aérea. Otro de los requerimientos, según confirman fuentes de la investigación, ha ido a la constructora Aldesa, que tiene vínculos con China.
Julio Martínez, el amigo de Zapatero
El pasado 11 de diciembre ya fueron registradas las empresas del alicantino Julio Martínez Martínez, desconocido hasta ese momento, a quien la Policía igualmente arrestó. Martínez Martínez no solo era amigo personal de Zapatero, y la persona con la que iba a correr algunas mañanas desde hacía años, sino que, además, ambos compartían negocios.
Martínez Martínez creó en febrero de 2020 una consultora llamada Análisis Relevante S. L. que facturaba a Plus Ultra y, a su vez, pagaba al expresidente del Gobierno Zapatero por labores de “consultoría global”. Como ha venido contando este periódico, en el germen de esta mercantil aparece también Sergio Sánchez, otro socio con el 25%, excargo del CNI y directivo de Movistar+. Sánchez es, a su vez, mano derecha de Javier de Paz, alto cargo de Telefónica y también amigo personal de Zapatero. Algunas fuentes con conocimiento de los inicios de Análisis Relevante explican que en la idea de la constitución estuvieron los cuatro de acuerdo (Martínez, De Paz, Sánchez y Zapatero), pero que finalmente solo figuraron en la estructura Martínez y Sánchez.
Lo cierto es que Análisis Relevante cobró unos 460.000 euros de Plus Ultra en un periodo de cinco años. Fuentes de la compañía explicaron que Julio Martínez Martínez fue contratado como “conseguidor” en Venezuela. Él se dedicaba a lograr combustible, gestionar deudas, permisos de vuelo, entre otros, según dichas fuentes. A su vez, el expresidente Zapatero cobró un dinero muy similar de Análisis Relevante. La versión que ha dado él tanto en el Senado como en alguna entrevista es que realizó trabajos de consultoría con distintas empresas. El que fuera líder del PSOE ha explicado también que él mismo propuso que la empresa de marketing de sus hijas trabajara para la maquetación de esos informes de consultoría. En total, Zapatero ha reconocido que cobró más de 400.000 euros en cinco años.
La existencia de un contrato entre Plus Ultra y el empresario Julio Martínez que otorgaba a este último una comisión de un 1% si el Gobierno entregaba la ayuda de 53 millones de euros complica el horizonte judicial. Fuentes jurídicas aseveran que este contrato existe y que fue firmado y está en los ordenadores que la UDEF se llevó de las oficinas de Martínez. El expresidente siempre ha negado presiones para lograr este rescate.
El caso ha permanecido bajo secreto de sumario durante meses. El juez Calama acaba de acordar que se alce el secreto. De momento, se conoce que permanecen investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roselli, el abogado de la compañía Santiago Fernández Lena, otro abogado madrileño, un banquero peruano llamado Luis Felipe Baca y el propio Zapatero.
(Con información de El País)
