Apostar a que surtirá un efecto beneficioso en lo inmediato la ley de reforma laboral, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación, se convirtió en un fuego peligroso con el cual jugar, con la futurología como garante y difícil de apagar.
Es así, no solo por lo que pueda ocurrir en el ecosistema de empleadores y trabajadores, sino también en el mundo previsional. Y con las jubilaciones mejor no arriesgar,
Así lo permite ver una reciente devolución del economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses.
Consultado sobre la baja de contribuciones patronales a la Anses como consecuencia de la aplicación de la nueva ley laboral, lo que obligaría a una mayor proporción de aportes del Tesoro a las jubilaciones y otros beneficios, Giordano dijo sencillamente: “Imposible responder”.
Es que el Gobierno pretende que el resultado de la modernización laboral incorpore más trabajadores al sistema, es decir, que se regularicen empleados que hasta la aprobación de la norma permanecen desempéñándose en forma irregular.
En rigor, el discurso del Gobierno apunta al optimismo respecto de que, como efecto de la ley, crecería la ocupación laboral registrada y, en consecuencia, la recaudación por contribuciones.
Giordano, una voz autorizada en la materia, no se juega a decir que eso será así.
“La Argentina tiene un gasto previsional relativamente elevado (más alto que el de países con demografía parecida), se gasta mal (hay muchas inequidades, malos incentivos e ineficiencias) y aumenta la expectativa de vida a la vez que baja la natalidad”, describió, en un análisis que eleva la preocupación dada la incertidumbre.
Todo esto, aun con un horizonte sin mejoras para los jubilados.
Para este año, la ley de gastos del Estado nacional no contempla cambios para el cálculo de las jubilaciones ni para la movilidad mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tampoco se prevé una suba del bono de hasta $70.000 para los ingresos más bajos. Ni se proyectan pagos extraordinarios. Y, si bien el Gobierno pretendió quitarle la movilidad a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al salario familiar del empleo formal, ese punto no se aprobó en el Congreso, por lo cual seguirán los reajustes mensuales por IPC.
Vale decir, el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que será tratado en Diputados busca disponer que, como contrapartida del ingreso de dinero a un fondo para eventuales pagos por desvinculaciones de personal, los empleadores tengan una rebaja en la contribución destinada a financiar las prestaciones de la seguridad social a cargo de la Anses.
De acuerdo con el texto finalmente votado en la Cámara Alta, el pago de los empleadores con destino a un Fondo de Asistencia laboral (FAL) será de 1% de las remuneraciones del personal en el caso de las grandes empresas, y de 2,5% si se trata de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo ingresado se descontaría de las contribuciones para la seguridad social, que así se verían reducidas.
En principio, el mecanismo se pondría en marcha el 1° de junio próximo, aunque el Poder Ejecutivo podría postergar la entrada en vigencia hasta un máximo de seis meses, según el texto votado. Y podría establecer más adelante que las alícuotas suban hasta 1,5% y 3%, según sean grande o micro, pequeñas y medianas empresas.
Ambas decisiones dependerán de la situación fiscal, porque la medida le quita recursos al Estado para el pago de las prestaciones.
No están previstas, de hecho, modificaciones ni al cálculo de los haberes iniciales de quienes se jubilan, ni a la movilidad posterior de esos ingresos. Lo que ocurrirá, entonces, es que los recursos que no le lleguen a la Anses por efecto del recorte de las contribuciones, le deberán llegar desde otras fuentes, que hoy ya son utilizadas para los pagos de la seguridad social.
