La Fiscalía de Estado de Corrientes, a cargo de Horacio David Ortega, logró recuperar un inmueble perteneciente a la Provincia que se encontraba ocupado por un particular sobre avenida Pujol al 1600, entre las calles Rolón y Gobernador Pampín.
En el lugar funcionaba una compraventa de automotores, y la restitución se concretó tras un proceso judicial que se extendió por varios años.
Fallo judicial ordenó el desalojo del predio
La recuperación del terreno fue posible luego de que los abogados de la Fiscalía de Estado litigaran en el fuero civil, obteniendo sentencias favorables en todas las instancias.
El caso fue tramitado en el Juzgado Civil y Comercial Nº 12, a cargo del juez Pablo M. Teler Reyes, quien ordenó el desalojo del inmueble tras reconocer la titularidad del Estado provincial.
El litigio se había iniciado en agosto de 2009 por parte del ocupante, quien aseguraba haber ingresado al predio en 2001, aunque no logró acreditar esa situación durante el juicio.
El inmueble pertenece al Estado provincial
El terreno recuperado está ubicado en avenida Pujol 1.657 y cuenta con una superficie de 320,90 metros cuadrados. Se trata de una fracción del lote 1 de la manzana 35, cuyo titular registral es el Estado de la Provincia de Corrientes.
Desde la Fiscalía remarcaron que la causa cuenta con fallos firmes en primera y segunda instancia, además de la ratificación del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.
Defensa del patrimonio provincial
Si bien este es el primer inmueble recuperado durante la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, se suma a otros dos lotes recuperados anteriormente en la misma manzana.
Uno de ellos es el conocido como “El Pelotero”, ubicado en la esquina de Pujol y Rolón, cercano al Parque Mitre, y otro terreno situado en la intersección de Pujol y calle Pampín.
“La línea del gobernador es clara: velar por los bienes e intereses de la provincia. Desde la Fiscalía estamos comprometidos en defender lo que es de los correntinos”, afirmó Ortega, quien estuvo presente en el operativo.
El procedimiento contó con el apoyo de la Policía de Corrientes y autoridades judiciales, consolidando una nueva acción en defensa del patrimonio público provincial.
