Con un registro que fue de menor a mayor, en el periodo de los últimos cinco años del sistema que funcionó hasta este mes en la Justicia Federal se resolvió la situación procesal de alrededor de 1600 personas vinculadas con diversos tipos de delitos, de las cuales más de 1500 fueron condenadas. La mayoría estaba relacionado a las drogas. Ahora trabaja un nuevo código de procedimientos y la expectativa está en mejorar la tarea apuntando a las tramas más complejas.
En los últimos cinco años en la provincia de Corrientes hubo 1602 personas comprometidas con delitos federales y alrededor del 90 por ciento tenía que ver con estupefacientes. De ese total, 1540 fueron condenadas y 62 absueltas, algunas de las cuales todavía se definen en instancia de casación.
Así lo registró en un reporte de fin de año la Fiscalía Federal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, equipo a cargo de Carlos Schaefer, desde donde se destacó que para llegar a los resultados obtenidos se trabajó en articulación con las diversas procuradurías especializadas con que cuenta el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
De menor a mayor
El periodo de 2020 a 2025 comenzó con la resolución de un total de 106 situaciones procesales: hubo 76 juicios abreviados (en los que los sospechosos admiten haber cometido el delito investigado con acuerdo de pena), con 101 condenas y 5 absoluciones.
En 2021 fueron 244 los imputados que llegaron hasta la instancia de juicio y 240 fueron condenados; los demás, absueltos.
En 2022 se resolvió la situación de 285 personas comprometidas con causas federales en Corrientes: 276 fueron condenadas y 9 absueltas. En 2023 la cifra de imputados escaló a 301 y de ellos, 277 obtuvieron sentencias condenatorias y 24 absueltos.
El pico se registró en 2024. Se resolvió la situación procesal de 370 personas, de las cuales 359 resultaron condenadas y 11 absueltas.
Mientras que 2025 termina con 296 personas imputadas en delitos de la órbita federal, con 287 condenas y nueve absoluciones.
En todos los casos la mayor parte se zanjó en acuerdos de juicio abreviado y como se mencionó, por delitos vinculados al tráfico de drogas en diversas escalas.
Pero se destacan entre los expedientes trabajados las causas complejas, como las de intermediación financiera clandestina, coimas narco en el Juzgado Federal 1, trata y explotación sexual de víctimas con protección del fiscal federal Benito Pont, la mafia de aduaneros y blanqueadores de dinero del tráfico de divisas y contrabando en Paso de los Libres y hasta el crimen del soldado Matías Chirino en el predio del Ejército de esa ciudad.
Articulaciones
Según destacan en la Fiscalía ante el Tribunal, el resultado es producto de una serie de articulaciones que hacen andar los mecanismos de persecución al crimen en Corrientes.
Es que además de las fiscalías de primera instancia que se encuentran en la provincia, a cargo de Flavio Ferrini (Capital), Mariano de Guzmán (Goya) y Fabián Martínez (Paso de los Libres), la complejidad de diversos casos generó complementos procuradurías especializadas como Procunar, con Diego Iglesias, Martín Uriona y Nicolás Marquevich; Procelac, con Diego Velasco y Juan Argibay; Protex, con Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.
Además, la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), de Diego Solerno; la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), de Sergio L. Rodríguez y la Dirección Nacional de Recupero de Activos, de María del Carmen Chena.
Se trata de un trabajo coordinado entre las fiscalías de primera instancia, y las que se encuentran ante la Cámara y el Tribunal, que se complementó con las procuradurías de la órbita nacional.
En ese sentido, adquieren protagonismo también los fiscales auxiliares Miriam Benítez en Paso de los Libres, Melina Perborell y Juan Martín García en Capital, Juan Martín Mariño Fages, Tamara Pourcel, entre otros.
"Hubo una intervención fuerte por parte de la Procuración General y eso resultó en un gran trabajo", explicó el fiscal Schaefer.
Qué se espera ahora
Con el nuevo sistema, denominado acusatorio, habrá una modificación del escenario.
No solo porque se modifica el planeamiento del trabajo, sino porque además nace la competencia de narcomenudeo en la justicia ordinaria al calor de una ley provincial, cuando hasta la actualidad el microtráfico de droga es un delito que se juzga en los tribunales federales.
En conclusión, se espera que se registren menos causas, pero más importantes. Es decir, habrá un reflejo directo de lo que se obtiene por el trabajo contra las mafias de esta zona.
