EL DATO
En el marco de la causa que investiga la distribución de publicidad oficial, el juez Cocchia Breard dictó una medida cautelar que prohíbe al Gobierno pagar y pautar avisos con los medios de comunicación.
En doble turno, matutino y vespertino, declaró ayer Carlos Lezcano ex Director de Información Pública y actual subsecretario de Cultura de la Provincia involucrado en una causa judicial por presuntas irregularidades en la distribución de la públicidad oficial. Por este mismo caso se encuentra detenido un ex funcionario del Gobierno, José Luis Zampa.
Hasta donde se sabe, Lezcano, después de Zampa, es el segundo en ser indagado por el juez de Instrucción Nº 3 Luis Osvaldo Cocchia Breard, quien recibió en las últimas horas severos cuestionamientos por parte del abogado Jorge Buompadre que defiende a uno de los imputados. El Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia salió en defensa de Cocchia Breard (pero sin nombrarlo) y resaltó “la integridad moral e intelectual de la magistratura” correntina.
Buompadre anunció que pedirá juicio político contra el Juez, al que acusa de conducirse por fuera de la ley. (Ver aparte) En medio de este contrapunto, que vuelve a poner en el tapete la conducta de los funcionarios judiciales y por transmisión directa de la Justicia como poder del Estado, la causa produjo novedades con la indagatoria a Lezcano, que está salpicado por su paso (hasta 2008) por la estratégica Dirección de Información Pública, el organismo que maneja la comunicación -institucional, periodística y publicitaria- del Gobierno. En ese cargo lo sucedió José Luis Zampa quien se desempeñó hasta mediados de octubre.
En la lista de imputados figuran también otros altos funcionarios de la actual administración, incluido el propio jefe del Ejecutivo Arturo Alejandro Colombi, quien sería citado por la Justicia luego del 10 de diciembre -cuando entregue el poder- según adelantó a una radio local (de corte opositor) el fiscal de Instrucción Gustavo Robineau.
La causa, que venía acumulando pruebas desde hace un año, salió a la luz con el trágico deceso del empresario periodístico Hernán “Nany” González Moreno, que era dueño de Agencia Corrientes y figuraba también como imputado en el expediente.
La investigación judicial intenta determinar si la distribución de la pauta publicitaria oficial se hizo violando la normativa vigente, si hubo pago de sobreprecios y discriminación en el reparto. Según el fiscal general del Poder Judicial César Pedro Sotelo los gastos en propaganda del Gobierno fueron dispendiosos y dieron lugar a un negociado.
Por ahora, sin embargo, sólo hay sospechas que alimentan las denuncias mediáticas de los funcionarios judiciales, puntualmente del Fiscal General que encabezó la cruzada contra los funcionarios de Arturo Colombi. La causa que ya acumula varios cuerpos aún se encuentra en la etapa de instrucción y por lo que sabe no ha producido pruebas contundentes que definan el procedimiento. Resulta aventurado asignar responsabilidades. La imputación de un delito no es sinómino de culpabilidad.
Para el abogado Buompadre, que defiende a Zampa, en el proceso judicial hay un tufillo a “venganza política”. Su cliente se encuentra detenido y le negaron la excarcelación.
Ayer en diálogo con FM Sudamericana, advirtió que “el principio de legalidad no ha sido respetado por Cocchia Breard. Hay mala fe por parte del juez ya que violó la ley. Ha cometido una grave arbitrariedad al mantener la detención de Zampa”. Señaló, en ese sentido, que la medida del magistrado “es incongruente, un absurdo interpretar que alguien que pide la eximición de prisión es para fugarse. Es un disparate procesal el argumento del fiscal y del juez”, remarcó.
Y comparó, “este Juez les ha otorgado la eximición de prisión a otros funcionarios que tienen la misma imputación”.
En el marco de la causa que investiga la distribución de publicidad oficial, el juez Cocchia Breard dictó una medida cautelar que prohíbe al Gobierno pagar y pautar avisos con los medios de comunicación.
En doble turno, matutino y vespertino, declaró ayer Carlos Lezcano ex Director de Información Pública y actual subsecretario de Cultura de la Provincia involucrado en una causa judicial por presuntas irregularidades en la distribución de la públicidad oficial. Por este mismo caso se encuentra detenido un ex funcionario del Gobierno, José Luis Zampa.
Hasta donde se sabe, Lezcano, después de Zampa, es el segundo en ser indagado por el juez de Instrucción Nº 3 Luis Osvaldo Cocchia Breard, quien recibió en las últimas horas severos cuestionamientos por parte del abogado Jorge Buompadre que defiende a uno de los imputados. El Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia salió en defensa de Cocchia Breard (pero sin nombrarlo) y resaltó “la integridad moral e intelectual de la magistratura” correntina.
Buompadre anunció que pedirá juicio político contra el Juez, al que acusa de conducirse por fuera de la ley. (Ver aparte) En medio de este contrapunto, que vuelve a poner en el tapete la conducta de los funcionarios judiciales y por transmisión directa de la Justicia como poder del Estado, la causa produjo novedades con la indagatoria a Lezcano, que está salpicado por su paso (hasta 2008) por la estratégica Dirección de Información Pública, el organismo que maneja la comunicación -institucional, periodística y publicitaria- del Gobierno. En ese cargo lo sucedió José Luis Zampa quien se desempeñó hasta mediados de octubre.
En la lista de imputados figuran también otros altos funcionarios de la actual administración, incluido el propio jefe del Ejecutivo Arturo Alejandro Colombi, quien sería citado por la Justicia luego del 10 de diciembre -cuando entregue el poder- según adelantó a una radio local (de corte opositor) el fiscal de Instrucción Gustavo Robineau.
La causa, que venía acumulando pruebas desde hace un año, salió a la luz con el trágico deceso del empresario periodístico Hernán “Nany” González Moreno, que era dueño de Agencia Corrientes y figuraba también como imputado en el expediente.
La investigación judicial intenta determinar si la distribución de la pauta publicitaria oficial se hizo violando la normativa vigente, si hubo pago de sobreprecios y discriminación en el reparto. Según el fiscal general del Poder Judicial César Pedro Sotelo los gastos en propaganda del Gobierno fueron dispendiosos y dieron lugar a un negociado.
Por ahora, sin embargo, sólo hay sospechas que alimentan las denuncias mediáticas de los funcionarios judiciales, puntualmente del Fiscal General que encabezó la cruzada contra los funcionarios de Arturo Colombi. La causa que ya acumula varios cuerpos aún se encuentra en la etapa de instrucción y por lo que sabe no ha producido pruebas contundentes que definan el procedimiento. Resulta aventurado asignar responsabilidades. La imputación de un delito no es sinómino de culpabilidad.
Para el abogado Buompadre, que defiende a Zampa, en el proceso judicial hay un tufillo a “venganza política”. Su cliente se encuentra detenido y le negaron la excarcelación.
Ayer en diálogo con FM Sudamericana, advirtió que “el principio de legalidad no ha sido respetado por Cocchia Breard. Hay mala fe por parte del juez ya que violó la ley. Ha cometido una grave arbitrariedad al mantener la detención de Zampa”. Señaló, en ese sentido, que la medida del magistrado “es incongruente, un absurdo interpretar que alguien que pide la eximición de prisión es para fugarse. Es un disparate procesal el argumento del fiscal y del juez”, remarcó.
Y comparó, “este Juez les ha otorgado la eximición de prisión a otros funcionarios que tienen la misma imputación”.
