La lucha por el salario

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.blogspot.com

Para El Litoral

“Estamos por anunciar el aumento y no será el único antes de fin de año”.

Gustavo Valdés, 

Gobernador, 18 de junio

La inflación causa estragos en todos los bolsillos. Desde el sillón de Ferré, como es casi norma en la Provincia de Corrientes en todo el siglo XXI, el Gobernador dispone los aumentos de la administración pública. Anticipó que próximamente “va a anunciar” un aumento salarial para los empleados públicos, y que este no será el único antes de fin de año.

Como es también costumbre correntina, los trabajadores, los jubilados y los gremios, se quedan esperando con tremenda expectativa, rogando a cuánto santo se les ocurra, que el mandatario sea “sensible” y disponga un buen aumento que vaya a engrosar los flacos bolsillos de los empleados públicos correntinos.

Nadie sabe de antemano de cuánto será, aunque muchos malician que alcanzará un 10%, cosa que no desequilibre la caja estatal que, con precisión de almacenero, maneja con lápiz en la oreja el ministro de Hacienda.

Es que desde los comienzos del ricardismo, no se apartaron un ápice de su método, ese que hasta hoy le permite gobernar durante 17 años seguidos sin sobresaltos, mediante la rigurosidad del pago a término del salario, aunque este sea uno de los más bajos del país para las escalas menores.

¿Para qué cambiar? Entran cuatro, salen cuatro, y con ese pago puntual que deviene del equilibrio de caja, el oficialismo sigue siendo exitoso una y otra vez.

¿Qué los sueldos son más que austeros? No importa, los correntinos son conformistas, aplican la máxima “más vale pájaro en mano que cien volando”. Eso sí, págale en término, porque si no puede suceder lo que pasó en el 99.

El poder es algo afrodisíaco, y también es adictivo. Una de las cosas que permite el poder es que una persona, en este caso el Gobernador, pueda fijar los salarios de miles y miles de personas, sin dar las razones del por qué “otorga” (valga la palabra) tal suma o porcentaje y no otro.

La Legislatura, bien gracias, la oposición, durmiendo hasta los próximos comicios, y así suma y sigue.

Corrientes es una provincia de empleados públicos, y en la relación de empleo público, el poderoso es el Poder Ejecutivo, y consecuentemente por ello es el que fija unilateralmente los aumentos salariales. No hay posibilidad de discusión, ni de debate ni de planteos, con gremios muy debilitados que apenas amagan, en flacas marchas, con gritos apagados a través de los quedos sonidos del megáfono.

Pero ¿es legal que sea el Poder Ejecutivo el que fije los salarios? La Constitución Provincial, en su art. 118, inc. 7 y 9, atribuye al Poder Legislativo la aprobación del presupuesto y el dictado de la ley de sueldos.

Asimismo, se encuentra plenamente vigente una norma sancionada en 2010, la Ley N° 6.033 de negociaciones colectivas, cuyos autores fueron Ricardo Colombi y Jorge Eduardo Simonetti.

Esta ley dispone que los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podrán negociar salarios y condiciones laborales, en el marco del procedimiento que obliga a pactar los mismos, tanto a la parte oficial  como a la sindical,  estableciendo un mecanismo de castigo si ello no fuere cumplimentado.

¿Por qué no se cumple? No lo sé. ¿Lo han peticionado los gremios y en caso de incumplimiento oficial recurrieron al Juez, como establece la ley? Tampoco sé. ¿Ha habido negativa del Poder Ejecutivo a aplicar la ley, ante la intimación legal? Desconozco.

Lo cierto y concreto es que existe una norma de negociaciones paritarias que no se cumple, tampoco cumple el Poder Legislativo en su facultad de dictar la ley de sueldos. De hecho, es el Poder Ejecutivo el que fija los salarios por la vía fáctica del manejo de los instrumentos de poder.

¿Por qué sucede eso en Corrientes cuando de negociar salarios se trata? Por las extremas asimetrías entre un poder sindical débil y un Poder Legislativo casi inexistente, por un lado, y un Poder Ejecutivo casi todopoderoso, por el otro.

Y de eso se trata en el marco de una sociedad como la nuestra, de disputas de poder, donde el más fuerte impone sus visiones sobre el más débil, aun cuando con ello se arrase con el ordenamiento jurídico.

Si hay un poder político que quiere recortar los aumentos para que no dispare la inflación, y un poder empresario que quiere pagar menos para disminuir sus costos, debe haber un contrapeso necesario para que los trabajadores ganen dignamente y no sean variable de ajuste de las necesidades de los poderosos.

Hugo Moyano no es santo de mi devoción, pero es el que mejor ha entendido de lo que se trata. Para negociar buenos salarios para los camioneros, debe acumular poder, que es la única forma de contraponer influencias contra el poder político y el poder económico.

Para eso tuvo un maestro: Jimmy Hoffa. Fue un sindicalista yanqui que construyó un inmenso poder a través del gremio de camioneros de los Estados Unidos, y que se alió con la mafia para imponer sus propias reglas, beneficios para sus afiliados y, obviamente, dinero para su bolsillo.

Hugo Moyano es el “Hoffa” argentino, porque a partir de su figura, el sindicato camionero creció exponencialmente en número de afiliados y sus prácticas patoteriles lo llevaron a imponer sus pretensiones en toda negociación. También, está involucrado en varias causas que tienen que ver con el enriquecimiento personal no lícito.

Aun cuando podamos condenar sus manejos sindicales,  políticos y personales, ¿puede cuestionársele a Moyano que haya jugado fuerte para conseguir un aumento salarial del 25% para camioneros, con cláusula de revisión, cuando la inflación andará por esa cifra? Tiene el poder para hacerlo y lo utiliza contraponiéndolo al poder político de Macri y al económico de los empresarios.

En la Provincia de Corrientes, como en muchas del país que son esencialmente “administrativas” y que tienen una caja altamente dependiente del ingreso por coparticipación, tiene mucha importancia que no haya déficit y que los números cierren. De tal manera, Corrientes pagó siempre en término. Por ello, los incrementos salariales siempre los maneja el Poder Ejecutivo, para que los números cierren.

Pero tampoco se puede cuestionar a los trabajadores públicos que se sienten azotados por la inflación y merecen sueldos dignos, con aumentos que por lo menos neutralicen la devaluación de sus salarios.

¿Los empleados públicos correntinos y jubilados, pueden negociar como Moyano? No, aunque tengan la ley de su lado, porque lo que no tienen es poder para hacerlo. En Corrientes, los incrementos salariales no se pactan, se “otorgan”.