Evalúan la aplicación de un protocolo por el aborto no punible en Corrientes

En la mañana de ayer se conoció el nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) que resaltó la necesidad de garantizarlo, el mismo se adecúa a “normas internacionales”, buscó garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años. Pero, por la tarde se difundió la derogación del protocolo, una orden que dio el presidente Mauricio Macri a la ministra de Acción Social Carolina Stanley. 

Macri pidió que redactara otra resolución derogando la publicación inconsulta del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y esperan la renuncia del médico. 

En este marco, el subsecretario de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia de Corrientes, Carlos Casella, y la abogada feminista Sofía Domínguez, quien participó del debate por la legalización del aborto en el Congreso de la Nación, hablaron con El Litoral sobre la aplicación del protocolo en la provincia. Ambas partes, expresaron el año pasado su posición ante la interrupción del embarazo y mantienen sus conceptos.  

“Es un tema que nos preocupa y que seguirá estando en agenda aunque hayan derogado porque conocemos la postura del próximo presidente y sabemos que hay que tratar este tema, ya lo estamos haciendo. Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en el país y nos ocuparemos”, dijo Casella a este diario. 

El obstetra, quien hoy ocupa un cargo en el Ministerio de Salud, el año pasado fue uno de los impulsores de la marcha provida en la provincia. Así como lo expresó en varias oportunidades, sostiene que “creo que debemos trabajar en otras medidas y dejar como última opción la interrupción del embarazo” y comentó que se debe continuar afianzando la educación sexual en varios ámbitos de la sociedad. 

Autoridades del Ministerio de Salud tendrían hoy una reunión y este sería uno de los temas que analizarían. 

Por su parte, Domínguez explicó a este medio que el nuevo protocolo (que fue derogado) ya existía, lo que sucedió fue elevar el rango a una resolución ministerial para todo el ámbito de la salud pública, es decir, que tomaba más fuerza. En cuanto a la aplicación del mismo en la provincia, recordó que se aplicó el protocolo y el caso fue publicado en la Justicia. 

En este contexto, sostuvo que hay instituciones que se niegan a aplicar el protocolo hoy vigente. La actualización del mismo iba a permitir, al tener un rango superior, poder insistir en hacer cumplir y si no lo hicieran, dirigirse a las autoridades del hospital para que cumplan con la normativa vigente. 

Además, si bien se reconocen algunos casos en que se hizo cumplir el protocolo ILE hay otros que no, como en el caso de la menor en Paso de los Libres. Indicó que sin un apoyo de Salud Pública al cumplimiento del mismo queda librado a que cada profesional tome sus decisiones y remarcó la necesidad de apercibimiento en caso de que se nieguen a cumplir. 

Cabe indicar que, la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” del 2015, aprobada ayer por la Secretaría de Salud, se adecuó a “normativas internacionales”, garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años.