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El comienzo del fin de la inquisicion

Por Jorge E. Buompadre
Profesor de Derecho 
Penal, Unne.
Especial para El Litoral

Resonaron enérgicamente en el recinto las palabras del presidente del Senado, Gustavo Canteros. Exactamente a las 14.20 del jueves 7 de noviembre de 2019, dijo, acercándose al micrófono: ¡Es ley!. Fueron palabras esperadas por largos años, anunciando el fin de una etapa y el comienzo de otra. 
En una histórica sesión, el Senado provincial sancionó la Ley Nº 6.518, cuyo texto instituye el nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes, instaurando un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio y adversarial conforme a las exigencias de la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos a ella incorporadas, con la idea de mejorar no sólo la capacidad de respuesta del sistema penal a los conflictos de los ciudadanos, sino también la imagen deteriorada y descreída del Poder Judicial. 
El nuevo modelo procesal implica, ciertamente, un golpe letal al sistema mixto, marcadamente escrito, que regía en la provincia desde hacía casi cincuenta años, y que había convertido a los jueces de Instrucción en prototipos de la inquisición, quienes, en vez de juzgar y controlar la legalidad, eran acusadores por antonomasia, mezclando sus funciones con las propias del fiscal, encerrando a los operadores del sistema y a los protagonistas del proceso -imputados y víctimas- en una pila formidable e inútil de papeles, enviándolos al fondo de un expediente de poco acceso público y escaso movimiento, almacenado en alguno de los escondrijos de un juzgado, generando una morosidad sin límites y costosa para el erario público, cuyo único resultado era la provocación de un gigantesco congestionamiento del sistema difícil de solucionar y en el que muchas causas quedaban sin resolver con pasaje de ida directamente al archivo (o al estante del olvido), con la consabida violación de derechos que ello implicaba.
A este insufrible panorama, teñido por factores de distinto signo, como por ejemplo el abuso de la prisión preventiva, empleada muchas veces arbitrariamente para mantener por largo tiempo en prisión a individuos -en innumerables ocasiones-, por la simple sospecha de haber participado en un ilícito o por meras cuestiones formales, se le sumaba una arbitraria actividad del fiscal de Instrucción quien, primero, acusaba al sospechoso y, luego, se ocupaba de buscar las pruebas para justificar su acusación.   
Estoy hablando en tiempo pasado por una simple razón: porque el nuevo Código Procesal Penal no entrará en vigencia de inmediato, sino en unos tres años en toda la provincia, lo cual significa que por un buen tiempo seguiremos soportando las iniquidades, desigualdades e injusticias de un sistema perverso e inconstitucional, en el cual no se respetan las mínimas garantías y derechos ni de los imputados, ni de las víctimas. 
Todos deben peregrinar cotidianamente en demanda de justicia, mendigando ser tratados como iguales ante los poderosos dioses del Monte Olimpo y soportando meses y meses de frustraciones en sucesivas malogradas instancias, sin que se avizore una solución al conflicto. 
Debo aclarar, estimado lector, que se sabe en los pasillos de tribunales quiénes son los magistrados que se creen dioses, como que también se sabe quiénes son los que se consideran realmente jueces, actúan como tales y respetan la ley, los que, por fortuna, son muchos, aquí en Capital y en el interior de la provincia.
Tenemos un nuevo Código, pero ¡cuidado, colegas! Nosotros debemos ser los primeros en salir al ruedo de los tribunales y cuidarlo, con la Constitución en la mano, evitando que una disparatada interpretación de sus preceptos y una práctica retorcida y enquistada del viejo proceso nos regrese sin darnos cuenta al gran inquisidor, de nuevo a las presentaciones por escrito (¡tenemos que evitar la escritura a todo costo!), a las chicanas de las vistas y cuartos intermedio (no permitir a los jueces estas jugarretas), al renacer del señor expediente, a la permanente violación de la ley por algunos magistrados que se creen hacedores y propietarios del Poder Judicial y, de nuevo, a las mismas injusticias e iniquidades. 
¡Cuidado!, exijamos a nuestros jueces -que habrán de ser únicamente garantes de la legalidad- y Fiscales -que tendrán que actuar objetivamente en el proceso-, el cumplimiento a rajatabla de la ley. 
El nuevo proceso exige un cambio profundo de mentalidad y de lógica. Debemos contribuir a ese cambio. De nosotros depende, en gran medida, el éxito del sistema. 
Y al Colegio de Abogados le debemos exigir que se ponga los pantalones largos (es una manera de decir, claro está, porque también está conformado por mujeres) y luche por nuestros derechos, acompañando esta transición, pero, que también recuerde que, como se dijo por la Federación Argentina de Colegios de Abogados “Es necesario que la ciudadanía sepa que uno los objetivos esenciales de la reforma constitucional de 1994 fueron la defensa de la independencia, la jerarquización y la despolitización de la justicia… Sólo con jueces independientes, que nazcan desde su designación con la credibilidad social de su formación, su ética y su desempeño, se recuperará la confianza en la Justicia” (Villa Mercedes, 29/03/2019).

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El comienzo del fin de la inquisicion

Por Jorge E. Buompadre
Profesor de Derecho 
Penal, Unne.
Especial para El Litoral

Resonaron enérgicamente en el recinto las palabras del presidente del Senado, Gustavo Canteros. Exactamente a las 14.20 del jueves 7 de noviembre de 2019, dijo, acercándose al micrófono: ¡Es ley!. Fueron palabras esperadas por largos años, anunciando el fin de una etapa y el comienzo de otra. 
En una histórica sesión, el Senado provincial sancionó la Ley Nº 6.518, cuyo texto instituye el nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes, instaurando un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio y adversarial conforme a las exigencias de la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos a ella incorporadas, con la idea de mejorar no sólo la capacidad de respuesta del sistema penal a los conflictos de los ciudadanos, sino también la imagen deteriorada y descreída del Poder Judicial. 
El nuevo modelo procesal implica, ciertamente, un golpe letal al sistema mixto, marcadamente escrito, que regía en la provincia desde hacía casi cincuenta años, y que había convertido a los jueces de Instrucción en prototipos de la inquisición, quienes, en vez de juzgar y controlar la legalidad, eran acusadores por antonomasia, mezclando sus funciones con las propias del fiscal, encerrando a los operadores del sistema y a los protagonistas del proceso -imputados y víctimas- en una pila formidable e inútil de papeles, enviándolos al fondo de un expediente de poco acceso público y escaso movimiento, almacenado en alguno de los escondrijos de un juzgado, generando una morosidad sin límites y costosa para el erario público, cuyo único resultado era la provocación de un gigantesco congestionamiento del sistema difícil de solucionar y en el que muchas causas quedaban sin resolver con pasaje de ida directamente al archivo (o al estante del olvido), con la consabida violación de derechos que ello implicaba.
A este insufrible panorama, teñido por factores de distinto signo, como por ejemplo el abuso de la prisión preventiva, empleada muchas veces arbitrariamente para mantener por largo tiempo en prisión a individuos -en innumerables ocasiones-, por la simple sospecha de haber participado en un ilícito o por meras cuestiones formales, se le sumaba una arbitraria actividad del fiscal de Instrucción quien, primero, acusaba al sospechoso y, luego, se ocupaba de buscar las pruebas para justificar su acusación.   
Estoy hablando en tiempo pasado por una simple razón: porque el nuevo Código Procesal Penal no entrará en vigencia de inmediato, sino en unos tres años en toda la provincia, lo cual significa que por un buen tiempo seguiremos soportando las iniquidades, desigualdades e injusticias de un sistema perverso e inconstitucional, en el cual no se respetan las mínimas garantías y derechos ni de los imputados, ni de las víctimas. 
Todos deben peregrinar cotidianamente en demanda de justicia, mendigando ser tratados como iguales ante los poderosos dioses del Monte Olimpo y soportando meses y meses de frustraciones en sucesivas malogradas instancias, sin que se avizore una solución al conflicto. 
Debo aclarar, estimado lector, que se sabe en los pasillos de tribunales quiénes son los magistrados que se creen dioses, como que también se sabe quiénes son los que se consideran realmente jueces, actúan como tales y respetan la ley, los que, por fortuna, son muchos, aquí en Capital y en el interior de la provincia.
Tenemos un nuevo Código, pero ¡cuidado, colegas! Nosotros debemos ser los primeros en salir al ruedo de los tribunales y cuidarlo, con la Constitución en la mano, evitando que una disparatada interpretación de sus preceptos y una práctica retorcida y enquistada del viejo proceso nos regrese sin darnos cuenta al gran inquisidor, de nuevo a las presentaciones por escrito (¡tenemos que evitar la escritura a todo costo!), a las chicanas de las vistas y cuartos intermedio (no permitir a los jueces estas jugarretas), al renacer del señor expediente, a la permanente violación de la ley por algunos magistrados que se creen hacedores y propietarios del Poder Judicial y, de nuevo, a las mismas injusticias e iniquidades. 
¡Cuidado!, exijamos a nuestros jueces -que habrán de ser únicamente garantes de la legalidad- y Fiscales -que tendrán que actuar objetivamente en el proceso-, el cumplimiento a rajatabla de la ley. 
El nuevo proceso exige un cambio profundo de mentalidad y de lógica. Debemos contribuir a ese cambio. De nosotros depende, en gran medida, el éxito del sistema. 
Y al Colegio de Abogados le debemos exigir que se ponga los pantalones largos (es una manera de decir, claro está, porque también está conformado por mujeres) y luche por nuestros derechos, acompañando esta transición, pero, que también recuerde que, como se dijo por la Federación Argentina de Colegios de Abogados “Es necesario que la ciudadanía sepa que uno los objetivos esenciales de la reforma constitucional de 1994 fueron la defensa de la independencia, la jerarquización y la despolitización de la justicia… Sólo con jueces independientes, que nazcan desde su designación con la credibilidad social de su formación, su ética y su desempeño, se recuperará la confianza en la Justicia” (Villa Mercedes, 29/03/2019).