ellitoral.com.ar

Jueves 20de Febrero de 2020CORRIENTES23°Pronóstico Extendidoclima_parcial_noche

Dolar Compra:$58,50

Dolar Venta:$63,50

Los derechos humanos no deben politizarse

La reciente reunión de representantes de 13 organizaciones de derechos humanos con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada tuvo dos aspectos por destacar, más allá del gesto del Jefe de Estado de recibir a esas entidades como, en su momento, también lo hizo el entonces presidente Mauricio Macri, en la quinta de Olivos.
El primer aspecto fue el manifiesto disenso de Fernández para con quienes se quejaron por la supuesta existencia en el país de “presos políticos”. El Presidente negó que los hubiera, aunque lo que pudo ser simplemente una definición técnica de un hombre de derecho trocó hacia el final del mensaje en una postura ideológica sin ningún fundamento técnico-jurídico.
Empezó diciendo Fernández: “Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso. En la Argentina, lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero las detienen porque son opositores”.
Diversas razones han esgrimido los jueces para mantener detenidas a las personas por cuya libertad reclaman sectores del oficialismo. Algunas vinculadas con el poder que aún conservan respecto de sectores influyentes a los que podrían acudir para beneficiarse y entorpecer los procesos, y otras ligadas a la posibilidad de que se fuguen. En casos como los del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y del ex ministro de Obras Públicas Julio De Vido, además, se suma la existencia de condenas judiciales.
Sin embargo, no puede desconocerse que en nuestro país existen presos políticos en cuyos procesos se han violado reiteradamente las garantías constitucionales del debido proceso y que se heredan de gobierno a gobierno sin que ningún mandatario ni magistrado obre de acuerdo con los preceptos constitucionales y los tratados de derechos humanos que nuestro país ha ratificado. Nos referimos a los miembros de fuerzas de seguridad, militares y civiles detenidos por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad. Muchos, a la espera de condena, padecen prisiones preventivas eternas, sufren la denegación de la prisión domiciliaria y son víctimas de la instrumentación recurrente de nuevos juicios con acusaciones similares, lo cual los mantiene en prolongado estado de prisión preventiva sin límite temporal, lo que sumado al escarnio público al que se los somete, ahonda aún más su indiscutible condición de presos políticos en gobiernos democráticos.
El segundo aspecto lo constituye la inconcebible frase pronunciada por una de las representantes de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida, participante de aquel encuentro con el presidente. Antes de abandonar la Casa de Gobierno y frente a la requisitoria de la prensa sobre cuál había sido el balance de la reunión, expresó: “Ha sido una charla tan amena que a muchos nos parece mentira, después de cuatro años donde tuvimos la casa tomada; ahora nuevamente se han abierto las puertas”. 
Claramente, sus cuanto menos falsas afirmaciones merecían que el Presidente, al menos, hiciera alguna mención tomando distancia de ellas apenas fueron conocidas en forma pública.
La Casa de Gobierno no ha estado tomada de diciembre de 2015 a igual mes del año último. Muy por el contrario, ha sido sede de un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Desconocer la legitimidad de la gestión de Cambiemos es una afrenta a la democracia en particular y a todos los argentinos en general.
Los gobiernos nos representan a todos por igual, los hayamos votado o no. Pretender que sólo merecen llegar a lo más alto del poder quienes comulgan con una idea política exclusivamente es desconocer el valor de la alternancia en un sistema republicano.
Lamentablemente, abundan sectores en nuestro país empeñados en politizar los derechos humanos con fines no sólo ideológicos. Cuanto más se preocupan esos grupos por forzar una identificación o asociación partidaria, más valor pierden esos derechos en la consideración de quienes están legítimamente preocupados por ellos.
Las puertas de la Casa Rosada permanecieron y habrán de permanecer abiertas para todo ciudadano argentino que, habiendo cumplido los requisitos legales, quiera y pueda llegar a conducir los destinos del país: el país de todos.

¿Te gustó la nota?
Comentarios
Logo

Los derechos humanos no deben politizarse

La reciente reunión de representantes de 13 organizaciones de derechos humanos con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada tuvo dos aspectos por destacar, más allá del gesto del Jefe de Estado de recibir a esas entidades como, en su momento, también lo hizo el entonces presidente Mauricio Macri, en la quinta de Olivos.
El primer aspecto fue el manifiesto disenso de Fernández para con quienes se quejaron por la supuesta existencia en el país de “presos políticos”. El Presidente negó que los hubiera, aunque lo que pudo ser simplemente una definición técnica de un hombre de derecho trocó hacia el final del mensaje en una postura ideológica sin ningún fundamento técnico-jurídico.
Empezó diciendo Fernández: “Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso. En la Argentina, lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero las detienen porque son opositores”.
Diversas razones han esgrimido los jueces para mantener detenidas a las personas por cuya libertad reclaman sectores del oficialismo. Algunas vinculadas con el poder que aún conservan respecto de sectores influyentes a los que podrían acudir para beneficiarse y entorpecer los procesos, y otras ligadas a la posibilidad de que se fuguen. En casos como los del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y del ex ministro de Obras Públicas Julio De Vido, además, se suma la existencia de condenas judiciales.
Sin embargo, no puede desconocerse que en nuestro país existen presos políticos en cuyos procesos se han violado reiteradamente las garantías constitucionales del debido proceso y que se heredan de gobierno a gobierno sin que ningún mandatario ni magistrado obre de acuerdo con los preceptos constitucionales y los tratados de derechos humanos que nuestro país ha ratificado. Nos referimos a los miembros de fuerzas de seguridad, militares y civiles detenidos por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad. Muchos, a la espera de condena, padecen prisiones preventivas eternas, sufren la denegación de la prisión domiciliaria y son víctimas de la instrumentación recurrente de nuevos juicios con acusaciones similares, lo cual los mantiene en prolongado estado de prisión preventiva sin límite temporal, lo que sumado al escarnio público al que se los somete, ahonda aún más su indiscutible condición de presos políticos en gobiernos democráticos.
El segundo aspecto lo constituye la inconcebible frase pronunciada por una de las representantes de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida, participante de aquel encuentro con el presidente. Antes de abandonar la Casa de Gobierno y frente a la requisitoria de la prensa sobre cuál había sido el balance de la reunión, expresó: “Ha sido una charla tan amena que a muchos nos parece mentira, después de cuatro años donde tuvimos la casa tomada; ahora nuevamente se han abierto las puertas”. 
Claramente, sus cuanto menos falsas afirmaciones merecían que el Presidente, al menos, hiciera alguna mención tomando distancia de ellas apenas fueron conocidas en forma pública.
La Casa de Gobierno no ha estado tomada de diciembre de 2015 a igual mes del año último. Muy por el contrario, ha sido sede de un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Desconocer la legitimidad de la gestión de Cambiemos es una afrenta a la democracia en particular y a todos los argentinos en general.
Los gobiernos nos representan a todos por igual, los hayamos votado o no. Pretender que sólo merecen llegar a lo más alto del poder quienes comulgan con una idea política exclusivamente es desconocer el valor de la alternancia en un sistema republicano.
Lamentablemente, abundan sectores en nuestro país empeñados en politizar los derechos humanos con fines no sólo ideológicos. Cuanto más se preocupan esos grupos por forzar una identificación o asociación partidaria, más valor pierden esos derechos en la consideración de quienes están legítimamente preocupados por ellos.
Las puertas de la Casa Rosada permanecieron y habrán de permanecer abiertas para todo ciudadano argentino que, habiendo cumplido los requisitos legales, quiera y pueda llegar a conducir los destinos del país: el país de todos.