Táctica y estrategia

Por Emilio Zola

Especial para El Litoral

Justo cuando el Fondo Monetario Internacional envió la misión de veeduría a la Argentina para revisar las posibilidades reales de pago de los más de 44.000 millones de dólares facilitados a nuestro país en la gestión macrista, el ministro de Economía del nuevo Gobierno, Martín Guzmán, se atrevió en pleno Congreso Nacional a repartir la responsabilidad del sideral pasivo entre la administración que se fue en diciembre y los dueños del dinero.

“El Fondo Monetario también es responsable de la crisis argentina”, profirió Guzmán en el más correcto de sus tonos académicos, frente a una pléyade legislativa sorprendida ante la demostración de fuerza del menos político de los ministros de Alberto Fernández. Los diputados fueron testigos de la táctica de coyuntura de este especialista en economía convocado por el Presidente para negociar con el FMI las condiciones de una renegociación tan compleja como indispensable, que le permita al Frente de Todos gobernar sin el sofocón de los vencimientos multimillonarios que se avecinan.

La táctica de Guzmán es ejercer presión sobre los enviados del Fondo, pero sin lastimar las relaciones que mantiene con la conducción del organismo multilateral. Su discurso frente al Parlamento nacional, en el que explicó las condiciones en que debe navegar sobre la cresta de un endeudamiento sin precedentes, no apuntó a los ciudadanos que esperan la mentada “tranquilización” económica prometida por el mismo ministro, sino a los acreedores externos que esperan definiciones en torno de una amenaza latente y solapada: la disyuntiva entre reprogramación de las obligaciones con período de gracia o default.

Queda claro entonces que la estrategia de Guzmán, quien goza del aprecio de la flor y nata de los académicos más destacados del mundo al haber sido discípulo del Nobel Joseph Stiglitz, se vale de una táctica de confrontación dialéctica de corto plazo. En la coyuntura agita la bandera de la crisis y deja traslucir tácitamente el fantasma del no pago. No necesita decirlo, pero tiene quién lo diga por él: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encargó de recordar a la opinión pública que el FMI prestó dinero a la Argentina sin calcular los riesgos de tal empréstito y violando una norma sagrada del organismo, según la cual está prohibido prestar plata cuando hay riesgo de fuga de capitales, fenómeno que padeció la Argentina en el último año de la era macrista.

A partir de las expresiones de Cristina, comenzó a cobrar forma la teoría de la ilegalidad del crédito otorgado por el FMI a la Argentina, figura extrema a la que podría apelar la Casa Rosada para desconocer sus compromisos y pasar a la confrontación lisa y llana, en un acto de rebelión fiscal supranacional sin precedentes. Sólo imaginar las consecuencias de un desdén financiero de tal magnitud mete miedo, pero algunos observadores consideraron tal hipótesis como uno de los escenarios posibles para la Argentina que viene.

En los medios donde la ex presidenta todavía sigue catalogada como blanco favorito de los brulotes anti-K, acusaron a la ahora titular del Senado de boicotear los acuerdos que teje el Presidente de la Nación con los enviados del Fondo. Para los analistas más aviesos, la verba inflamada de una Cristina compenetrada con el espíritu castrista bajó de La Habana para aterrorizar a los burócratas del Fondo Monetario. Pero no es tan simple ni tan lineal. Nada es como parece en la superficie interpretada por los exégetas binarios.

Los supuestos desencuentros entre Alberto y Cristina por la deuda externa no son tales. Si hay internas, se circunscriben a la pulseada verbal por la existencia (o no) de los presos políticos. Por lo demás, los criterios en la cúpula del Gobierno son coincidentes, al punto que el jefe de Estado le dio la razón a su compañera de fórmula al señalar que hay responsabilidades compartidas en la operación que dio como resultado el meteórico endeudamiento pactado entre el ex ministro Nicolás Dujovne y la ex presidenta del FMI, Christine Lagarde.

Se comenzó así a vislumbrar la jugada de pizarrón pergeñada por Alberto y su ministro: apretar los dientes y mostrar el abismo del default para convencer a los enviados del FMI de que la Argentina no está en condiciones de pagar ni un dólar mientras no inicie un derrotero de crecimiento. El objetivo es instalar la idea de un país quebrado, sin posibilidades materiales de cumplir hoy, pero con la voluntad de salir a flote mediante un proceso de dinamización de su economía interna que ponga en marcha el círculo virtuoso de consumo-producción-empleo.

Con un claro mandato presidencial de mostrar la peor de las hipótesis, el ministro de Economía esgrimió cartas políticas en una discusión que hasta ahora venía transcurriendo en el plano técnico. Ayudado por las manifestaciones “anti-Fondo” que se aglomeraron en Buenos Aires para reforzar la imagen de un país estragado por la pobreza y el hambre, Guzmán pronunció un discurso de corte social que sorprendió a los teóricos de la ortodoxia económica.

Dijo cosas como “no vamos a permitir que los fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de nuestra política macroeconómica”, “al país lo pisa la carga de la deuda”, “los países con crisis como la nuestra no salen si no dejan de pisarles la posibilidad de crecer”. Música para los oídos de los movimientos sociales que batían el parche en Callao y Rivadavia, pero motivo de inquietud para los veedores del FMI y de los mercados, que reaccionaron con una caída en la cotización de los bonos argentinos y un aumento del riesgo país.

Todo indica que los parámetros negativos de los últimos días eran una consecuencia controlada y esperada por Guzmán, que baraja sus naipes con la mirada puesta en el mediano plazo. Su objetivo es evitar el ajuste fiscal pretendido por los acreedores y aplicar la receta que el propio Stiglitz convalidó en su momento: mal que les pese a los técnicos del Fondo, el Gobierno priorizará el fortalecimiento de los sectores más golpeados por la crisis con aumentos jubilatorios por la vía de sumas fijas, inyección de recursos por medio de la tarjeta Alimentar y toda otra medida de contención social que tenga como norte la potenciación del consumo interno. 

Ergo, no habrá un ajuste fiscal significativo. Una política de contracción del gasto público tendría consecuencias sociales negativas, pero además implicaría un nuevo golpe a la balanza comercial, con lo cual la capacidad recaudadora del Estado volvería a resentirse. Y esa posibilidad no le conviene a nadie, en especial a los acreedores, pues verían alejarse sus chances de cobro.

En este contexto, luego del fracaso del canje de títulos por el llamado “Bono Dual” que Martín Guzmán intentó colocar la semana pasada, quedó al desnudo la situación de caos financiero que atraviesa la Argentina, en la que todavía falta la propuesta del Fondo Monetario.

Por el momento sólo se conoció la oferta de los bonistas privados que a través de los fondos de inversión exigieron un pago en efectivo de 10.000 millones de dólares para empezar a hablar. Pero Alberto Fernández anticipó que esa alternativa es inviable. Las negociaciones continuarán en un cuadrilátero de tensiones, con perspectivas de definición para el mediano plazo, pero sin que la Argentina haya perdido chances de lograr un acuerdo que la libere del lastre de una deuda que tardará años en saldar.