Un escándalo envolvió este viernes al Concejo Deliberante de la localidad correntina de San Roque, luego de que los ediles debieran constatar con una escribana que no pudieron acceder a los libros de sesión porque el viceintendente no quiso entregar las llaves de su oficina. Todo iba dirigido a cumplir con el desafuero del funcionario, acusado en la Justicia de cobrar doble sueldo del Estado.
Según denunciaron concejales oficialistas de la localidad distante 135 kilómetros de la capital, sus pares de ECO-Cambiemos "impidieron este viernes una sesión en complicidad con el suspendido y procesado viceintendente, el macrista José Altamirano".
A través de un comunicado distribuido esta noche, aseguraron que los concejales de ECO-Cambiemos "bloquearon así la asunción de nuevas autoridades del Concejo local, lo que puede motivar más denuncias por irregularidades".
Concretamente, desaparecieron las llaves de acceso a las oficinas donde se guardan los los libros de actas del Concejo sanroqueño, por lo que a las 20 de este viernes los ediles presentes tuvieron que constatar, ante escribana pública, todas las irregularidades registradas.
La secretaria del cuerpo que debía abrir la oficina donde estaban los libros de actas terminó internada de urgencia en el hospital local por un pico de estrés.
Cuando los concejales del justicialismo y aliados fueron a verla para pedirle las llaves, la mujer manifestó que Altamirano tenía todo en su poder.
"En consecuencia, ante la ausencia de Altamirano y todos los concejales de ECO, los ediles presentes intimaron con la Policía al viceintendente, mediante una exposición, para que devolviera las llaves y los libros, lo que no ocurrió", informaron los ediles.
En la sesión de este viernes la concejal autonomista Laura Salinas, quien es vicepresidenta primera, debía asumir la conducción del Concejo ante el procesamiento judicial confirmado del macrista Altamirano. En segundo lugar, se encuentra el vice segundo, Mohamed Hadad, del PJ.
¿Quiénes son los ediles que no dieron quórum hoy? Nicolás Domínguez (UCR), Lidia Montenegro (PA) y Mariana Pasetto (ELI).
José Altamirano, del Partido Popular, tras asumir en la fórmula con el justicialista Raúl Hadad, en 2017 se pasó a la alianza ECO en San Roque.
El Tribunal Oral Penal de Goya comunicó en los últimos días que fue procesado por “fraude en perjuicio a la administración pública agravado por tratarse el sujeto activo de un funcionario público”.
El delito denunciado es por haber cobrado doble sueldo público al mismo tiempo, lo que es ilegal: uno por su función municipal y otro como empleado del Senado nacional.
Vale señalar, el artículo 400 de la Carta Orgánica del Municipio de San Roque establece, en el segundo párrafo, que todos los funcionarios públicos quedarán suspendidos automáticamente cuando tengan en su contra un procesamiento firme por delitos en relación a la función pública. Por lo que Altamirano "está legalmente separado de su cargo por el imperio de esa ley máxima desde el momento en que fue notificado por la Justicia del procesamiento firme", comunicaron los integrantes del Concejo Deliberante.
